martes 23 de julio del 2019

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Santa Cruz observa más trabas que Lanzarote para privatizar el agua

El juzgado de la contencioso administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha emitido un auto por el cual da dos meses de plazo al Ayuntamiento de la capital tinerfeña para convocar un pleno en el que se debata si privatiza la gestión del agua.

El auto, emitido ayer, ha sido dado a conocer hoy por el concejal de Ciudadanos por Santa Cruz, Guillermo Guigou, quien ha expresado su satisfacción por la decisión judicial y ha insistido en que la gestión del agua debe ser pública porque se trata de un patrimonio de la ciudad.

 

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó el 22 de julio de 2005 el cambio en el modelo de gestión, de público a privado, y ese acuerdo fue anulado judicialmente porque no se había cumplido el requisito de exponer al público la memoria que debía tomar en consideración la corporación municipal.

 

El Ayuntamiento expuso la memoria tras la sentencia y consideró que de ese modo se cumplía, pero ahora el juzgado de lo contencioso administrativo señala en un auto que el acuerdo plenario era nulo, por lo que no existió, y da dos meses de plazo a la corporación para que debate en sesión plenaria el modelo de gestión.

 

El asesor jurídico de Ciudadanos por Santa Cruz y exconcejal de esta formación, Ángel Isidro Guimerá, ha dicho que la verdad se abre paso "poco a poco" y ha señalado que el juzgado dice que el Ayuntamiento tiene dos meses de plazo para convocar el pleno.

 

Si el pleno de la corporación municipal decide en esa sesión que la gestión será privada, habrá que convocar un nuevo concurso, ha explicado Ángel Isidro Guimerá.

 

Guillermo Guigou ha pedido a los grupos municipales que reflexionen de manera profunda tras lo sucedido con la gestión privada que ha realizado la empresa Sacyr Vallehermoso, y apuesten por lo público.

 

Recordó que el PSOE, que "dio la batalla" junto a Ciudadanos por Santa Cruz en favor de la gestión pública, ahora está en el grupo de gobierno, y destacó que con la gestión privada el precio del agua ha subido un 16 por ciento, ha empeorado la calidad y no se ha invertido lo comprometido.

 

Guillermo Guigou afirmó que si se decide que la gestión sea pública no habrá que indemnizar a Sacyr Vallehermoso, empresa que, agregó, ha cometido trece irregularidades y ha sido sancionada sólo por una.

 

Ángel Isidro Guimerá espera que los servicios jurídicos municipales en lugar de presentar recursos "absurdos" trabaje en una demanda contra Sacyr Vallehermoso por incumplimiento.

 

 

Agencias

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