martes 20 de octubre del 2020

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Los cabildos ven salvadas sus competencias en la nueva Ley de Actividades Clasificadas

Los cabildos mantendrán sus competencias en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos sin que ello imposibilite que los ayuntamientos puedan llevar a cabo las medidas correctoras necesarias. Es más, en el texto queda claro que las corporaciones insulares ejercen la “alta vigilancia del cumplimiento de esta Ley”.

De esta forma salomónica se ha saldado uno de los más duros debates legislativos del mandato de Paulino Rivero como presidente del Gobierno, pues este texto fue motivo de un amplio rechazo de los cabildos insulares, que pidieron su retirada, cuando se supo que la intención inicial del Ejecutivo era dar a los ayuntamientos la responsabilidad exclusiva para calificar determinados negocios en este ámbito, en detrimento de las corporaciones insulares.

 

Un rechazo que motivó que el pasado mes de julio el Grupo Socialista presentara una enmienda a la totalidad por entender que el proyecto de ley era “centralizador” al “deslegalizar y dejar en manos del Gobierno establecer los regímenes entre administraciones sin tener en cuenta a las que han llevado a cabo las actividades clasificadas", como argumentó el socialista Julio Cruz en aquel debate.

Ocho meses después, el propio Cruz agradeció el “talante”, la “sensatez y la posibilidad de llegar a acuerdos por parte de CC y el PP”, pues ambos grupos admitieron la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por los socialistas en el sentido de salvaguardar las competencias de los cabildos frente a los ayuntamientos.

Con el nuevo texto, los cabildos tienen “la facultad inspectora en relación a las actividades clasificadas y espectáculos públicos de carácter municipal, proponiendo al ayuntamiento respectivo las medidas correctoras que se consideren pertinentes, incoando y resolviendo un procedimiento sancionador en caso de inactividad municipal”.

Por su parte, a los ayuntamientos les compete “la aprobación de ordenanzas y reglamentos sobre actividades y espectáculos públicos”, sin perjuicio de la competencia normativa atribuida al Gobierno de Canarias para el desarrollo de la presente ley, y a los cabildos insulares”.

Además, los municipios pueden llevar a cabo “la tramitación y resolución, en su caso, de los instrumentos de intervención previa previstos” en la ley, así como la emisión del “informe de calificación en los procedimientos de licencias de actividades clasificadas, en aquellos supuestos que le atribuye la presente ley o, en el caso de delegación del cabildo insular correspondiente” y la “comprobación, inspección, sanción, revisión y demás medidas de control que afecten a las actividades y espectáculos públicos.

Precisamente, el presidente del Grupo de CC, José Miguel González, alabó el “gran consenso” logrado a la hora de elaborar una “ley compleja y difícil” que, en palabras del conservador Miguel Jorge, “afecta ala vida cotidiana de los canarios más de lo que parece”.

Además del asunto competencial, la modificación esencial de esta reforma es "cambiar el actual régimen autorizatorio único por un régimen plural "que contempla tres instrumentos de intervención administrativa distintos.

Para ello, se parte de la distinción esencial entre actividades clasificadas y no clasificadas, concibiéndose a las primeras como aquéllas que sean susceptibles de "ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente y producir riesgo para las personas o para las cosas."

Las no clasificadas son todas las demás y, asimismo, la Ley distingue dos instrumentos de intervención:l a comunicación previa y la autorización administrativa, que será adoptadoa de forma "excepcional" por riesgo grave .


Agencias SL-CAN-ACN

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