sábado 20 de abril del 2019

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La oposición opta por nombrar a Pedro San Ginés presidente de la comisión de investigación que trata la adjudicación del contrato a Canal Gestión Lanzarote

Esta mañana en la sede de la primera Corporación se constituyó la ‘Comisión especial de investigación con el objeto de estudiar y dictaminar el proceso administrativo que culminó con la adjudicación del ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote a Canal Isabel II’.

De acuerdo con los informes de los servicios jurídicos, del propio reglamento aprobado por todos los miembros y la Ley, corresponde la presidencia de la comisión de investigación al presidente del Cabildo, presidencia que ostenta en todas las comisiones del Cabildo. Dicha presidencia solo puede ser delegada por votación de la mayoría de los miembros y a propuesta del presidente. Dada la circunstancia de que el presidente fue parte activa del proceso de adjudicación consideró Pedro San Ginés que “lo más razonable es apartarme de dicha presidencia y proponer la delegación en el consejero delegado del Consorcio del Agua de Lanzarote, Echedey Eugenio”. Propuesta que fue rechazada por todos los miembros de la oposición -Somos, Ciudadanos, PSOE, Podemos y el consejero no adscrito, Manuel Cabrera- y el voto favorable de CC, PP, y Nueva Canarias, eligiendo así la oposición mantener a San Ginés en la presidencia de la Comisión.

 

Se fijó el calendario de reuniones: 21 de febrero, 18 de marzo, 4 de abril y 2 de mayo. También se acordó limitar hasta el día 7 de febrero para emplazar las comparecencias de la sesión del día 21 de febrero. Los miembros además del presidente San Ginés son: Echedey Eugenio; Ángel Vázquez; José Juan Cruz Saavedra; Carlos Meca; Tomás López; Benjamín Perdomo; Juan Manuel Sosa; y Manuel Cabrera.

 

El presidente del Cabildo recordó que siguiendo el informe jurídico del Cabildo que trata la organización de esta comisión y según el Reglamento Orgánico del Cabildo de Lanzarote ‘las comisiones de investigación especial, ninguna incidencia puede tener sobre las decisiones del asunto objeto de la misma. De pretender alguna decisión distinta a la de crítica y control, que cristalizara en algún acuerdo de competencia del pleno, se requeriría, el dictamen de la competente comisión informativa’.

 

El informe recoge textualmente que ‘los funcionarios locales, tengan o no habilitación de carácter nacional, no tienen obligación de comparecer cuando sean requerido o citados a las denominadas comisiones municipales de investigación. La inasistencia a dichas citaciones o comparecencia no implica reproche alguna de carácter disciplinario, ni administrativos, ni penal. Las órdenes que pudieran producirse a este respecto por los superiores jerárquicos de estos funcionarios estarían huérfanas de cobertura legal, (…) tal comparecencia tendría carácter voluntario’.

 

Estas comisiones locales, distintas del Senado u otras instituciones estatales, según el informe ‘considera rotundamente, que no existe cobertura legal alguna que ampare la posibilidad de sancionar dicha inasistencia, por lo que habrá de considerarse los requerimientos o citaciones como meras invitaciones a los destinatarios que pueden aceptar o hacer caso omiso de las mismas sin incurrir en responsabilidad alguna’.

 

El informe concluye ‘a efectos sustantivos y no políticos la propuesta de la comisión investigadora carece de relevancia y efecto’.

 

En función de los informes jurídicos el presidente califica esta comisión como “circo político” y vaticina que "la única conclusión a la que puede llegar es que tiene razón el grupo Podemos en su denuncia sobre la oferta de Canal Gestión, pero me estoy refiriendo al grupo político Podemos en la Comunidad Autónoma de Madrid quién ha denunciado públicamente en reiteradas ocasiones que Canal Isabel II realizó una oferta excesivamente generosa dado los requisitos que se exigían para hacerse con la concesión y que por tanto era sin duda, sin discusión, la oferta más generosa tal y como  han puesto de manifiesto y criticado en distintas sesiones de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

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