La Fundación César Manrique (FCM) ha presentado un recurso de súplica contra la providencia de 19 de octubre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por la que la jueza ordenaba al Cabildo de Lanzarote que emitiera nuevos informes de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación (PIOL) respecto del expediente de la empresa Urena Mountain elaborados por otros ténicos.
Esta empresa es titular de una de las licencias anuladas a instancias de la FCM por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para construir un hotel en Playa Blanca, que no se llegó a construir. La FCM solicitó la ejecución de la sentencia, lo que conlleva que la empresa tenga que reiniciar el expediente para intentar lograr de nuevo la licencia. En ese expediente, los técnicos de la Oficina del PIOL, Leopoldo Díaz y Esteban Armas informaron desfavorablemente de la compatibilidad del proyecto con el PIOL.
La empresa solicitó ante la juez que fueran otros los técnicos que informaran de esa compatibilidad por considerar que la relación de estos con la FCM podía influir en el resultado de su informe. Armas es vicepresidente de la FCM y Díaz perteneció a su Patronato hasta el año 2000. Unos días antes de la providencia de la juez, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, decidió aparatar a esos dos técnicos del expediente.
Ahora los servicios jurídicos de la FCM impugnan la providencia “por motivos formales y procesales, además de aducir diversas consideraciones de fondo, como la inexistente vinculación del funcionario adscrito a la Oficina del PIOL Leopoldo Díaz Bethencourt con la FCM desde hace aproximadamente diez años, en tanto que Esteban Armas Matallana, aun siendo patrono y vicepresidente de la misma, no forma parte de sus órganos ejecutivos”.
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Jueves, 04 Noviembre 2010
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