martes 13 de noviembre del 2018

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Lanzarote presenta 662 solicitudes para la ayuda al alquiler del Gobierno de Canarias

Los registros y la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda han recibido 10.649 solicitudes, una vez cerrado el plazo establecido en la convocatoria de ayudas al alquiler en dos modalidades, general y para menores de 35 años.

El ICV espera otras 4.000 o 5.000 más, que se presentaron a través de la diversificación de sedes e instituciones, como Correos, los diferentes registros del Gobierno de Canarias, ayuntamientos, cabildos insulares, las subdelegaciones del Gobierno y las Direcciones Insulares en las islas no capitalinas, que llegarán al Instituto a través del sistema ORVE, “por lo que es más que posible que se alcancen las 15.000 solicitudes” apuntó Francisco Candil.

 

 

Estos datos fueron facilitados por el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de Léon, en una convocatoria de prensa para explicar todo el proceso que se ha llevado a cabo en torno a la convocatoria bianual de ayudas al alquiler del Gobierno de Canarias.

 

 

“Se trata de una convocatoria con un crédito que asciende a 17,5 millones de euros, un presupuesto histórico que ayudará a miles de familias con escasos recursos en un momento en el que el mercado de alquiler está en alza”, explicó Candil.

 

 

Por islas el recuento de solicitudes es el siguiente: en Gran Canaria 2963; Tenerife, 2844; Lanzarote 662; Fuerteventura 575 y La Palma 435, que son las islas en las que el ICV tiene oficina. En cuanto a El Hierro y La Gomera “habrá que esperar a que nos lleguen las solicitudes entregadas en los registros de las distintas administraciones habilitadas para ello”, explicó la directora.

 

 

También están contabilizadas las solicitudes realizadas a través de la sede electrónica que se han incrementado en un 350 %, ascendiendo a 1.585, mientras que la anterior convocatoria fueron tan solo de 450. “La herramienta informática y en la información puesta a disposición de los usuarios ha sido sencilla y eficaz lo que ha facilitado mucho que las personas accedieran de forma fácil a toda la información necesaria y a tramitar las solicitudes”.

 

 

Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda destaca que los requisitos se han simplificado mucho en esta convocatoria ya que “solo era necesario presentar la solicitud, el contrato de arrendamiento y el certificado de convivencia”. “Pero es que además”- continuó de Léon- “en caso de no disponer de los documentos anexos a la solicitud siempre se podía aportarlos con posterioridad”.

 

 

A partir de ahora, comienza el procedimiento de análisis de todas las solicitudes por parte del personal del Instituto Canario de la Vivienda. “Se revisarán todas las solicitudes” -continuó explicando de León- “ y se requerirá a aquellas personas para que puedan subsanar, con un plazo de 10 días hábiles, los documentos que previamente no han aportado o que tienen algún tipo de problema y que el Instituto Canario de la Vivienda no haya podido recabar a través de las plataformas a las que está incorporado, siempre que el usuario firme la autorización para no la normativa en materia de protección de datos. Una vez acabado este proceso se publica la resolución provisional con el listado de beneficiarios, lista de denegados, de desistidos y en su caso una lista de reserva.

 

 

En este momento, según la legislación de procedimiento administrativo, se abrirá un plazo de alegaciones por si hubiese algún error y de aceptación de la subvención para dar paso a la resolución definitiva.

 

 

“El trabajo va a ser muy arduo ya que hay que revisar las previsibles 15.000 solicitudes y la casuística es amplia, por ejemplo, algunas solicitudes vienen a nombre de una persona pero el contrato está a nombre de dos, contratos que no son anuales, analizar las unidades de convivencia que pueden haber sufrido variaciones, certificados de Hacienda, comprobación de datos económicos etc.”, explica de León.

 

 

Es importante señalar, que las ayudas serán para el periodo que abarca desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.

 

 

En relación a que el plazo de solicitudes fuese en agosto, Pino de León fue tajante “el mes de agosto no es un mes inhábil y en el Instituto se trabaja”, además señaló que “las administraciones deben ser rigurosos y cumplir con la legalidad para no poner en peligro los créditos del Plan Estatal de Vivienda y que las personas tengan garantizadas sus ayudas”.

 

 

En este sentido de León recordó que los Presupuestos Generales del Estado se aprobaron el 3 de julio, el convenio bilateral para el Plan de Vivienda se firmó el 31 de julio y “en tan solo seis días ya teníamos publicadas las convocatorias de las ayudas en el BOC por lo que se ha actuado de forma rápida y rigurosa a la vez”.

 

 

Pino de León destaca que desde la Consejería de Empleo “se pusieron todos los medios necesarios para dar a conocer las ayudas y conseguir que los colectivos a los que van destinadas pudiesen acogerse a ellas en el plazo establecido por las diferentes convocatorias, garantizando la información y diversificado los lugares de presentación de la solicitud”. De hecho, mientras en la convocatoria de 2017 se solicitaron 6.988 ayudas , “ahora esperamos 15.000”

 

 

“Los datos de los puntos de información y registro gestionados por el ICV son positivos tanto en lo que se refiere a la afluencia de público, como de atención de la gestión proporcionada y, prueba de ello, es que el número de solicitudes es muy superior a otros años, y por ejemplo, el último día del plazo, las oficinas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, no hubo colas y el registro pudo cerrar a la 13:30 sin que nadie estuviese a la espera”.

 

 

De Léon se detuvo a explicar que “al Instituto se trabaja con rigor y transparencia”. “Debemos cumplir con la legalidad vigente y sus principios rectores, entre los que se encuentra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el principio de anualidad presupuestaria para no poner en riesgo los créditos del Plan Estatal de Vivienda”.

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