viernes 23 de octubre del 2020

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El Juzgado archiva la querella que puso Juan Francisco Rosa contra dos técnicos del Plan Insular

El Juzgado de instrucción número 1 de Arrecife decidió el pasado lunes archivar la querella penal contra dos técnicos del Cabildo de Lanzarote, de la oficina del Plan Insular de Ordenación (PIO), Leopoldo Díaz y Esteban Armas, que había presentado el empresario Juan Francisco Rosa para que no emitieran informes en el proceso de ejecución de sentencia que se sigue contra dos hoteles de su propiedad, Princesa Yaiza y Son Bou, cuya licencia está anulada.

El juez tampoco admite la ampliación de la querella que se efectuó meses después porque no contenía hechos diferentes a los de la querella principal. El magistrado considera que no aparece justificada “la perpetración del hecho supuestamente delictivo” tras haber tomado declaración a los querellados, haber estudiado la documentación aportada y tras la remisión por parte del Cabildo de la actuación de los dos funcionarios en esos expedientes administrativos. El archivo se puede recurrir.

 

Rosa, a través de sus sociedades Salmepa y Hotel Princesa Yaiza, se querelló en noviembre pasado contra los técnicos, que habían emitido informes desfavorables que impedían la posibilidad de obtener de nuevo licencia para esos dos hoteles. Les acusaba de los delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

La querella fue la última decisión, tras intentar apartar a los dos técnicos por otro procedimiento. En agosto de 2010, el empresario pidió al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que apartara a estos dos técnicos de los procedimientos de sus hoteles por “enemistad manifiesta”, alegando que no le habían contestado a su solicitud de construir un campo de golf en Playa Blanca. La petición fue desestimada.

Con la interposición de la querella, Rosa pretendía alejar a Díaz y Armas del procedimiento, ya que según el artículo 28.2.a de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será causa de abstención de los funcionarios “tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado”.

Sin embargo, estos dos técnicos sí fueron apartados de otro procedimiento de ejecución de sentencia por una licencia anulada a la empresa Urena Mountain, representada por el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, que solicitó al Juzgado que los apartara por su pertenencia a la Fundación César Manrique (FCM). El Juzgado admitió la petición. No obstante, en este procedimiento los informes de otros técnicos también fueron desfavorables para la empresa.

El empresario basaba su querella en el hecho de que Armas es vicepresidente de la Fundación César Manrique (FCM) y Díaz fue secretario hasta 2001, y consideraba que ambos debían haberse abstenido de informar en esos procedimientos, ya que la ejecución de sentencia la solicitó la Fundación César Manrique, que se unió al pleito iniciado por el Cabildo de Lanzarote contra la licencia de esos dos hoteles y de una veintena más, ejerciendo la acción pública.

La querella consideraba que los informes de los técnicos son esenciales para las decisiones que debe adoptar el Cabildo de Lanzarote, ya que para poder ser legalizado el hotel debe obtener la autorización turística prevista, que otorga el Cabildo y que no ha concedido a las empresas de Rosa porque los proyectos incumplen la normativa.

Para reforzar la querella, además de una gran cantidad de documentación, Rosa aportaba la sentencia del Juzgado de lo contencioso número 3 de Las Palmas, anulando un concurso del Cabildo para la redacción del Plan Territorial Especial (PTE) porque intervinieron Díaz y Armas, y que se adjudicó a la empresa de Fernando Prats, que a su vez había trabajado con la FCM.

Otro de los intentos por apartar a estos técnicos de los procedimientos fue del Ayuntamiento de Yaiza, representado por el abogado Felipe Fernández Camero, que a su vez representa a muchos de los empresarios con licencias anuladas. Camero pidió en el Juzgado que los informes de compatibilidad de los proyectos hoteleros con el PIO fueran firmados únicamente por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, al considerar que le informe es “la decisión finalizadora de un procedimiento”.

Tanto Camero como Rosa e Ignacio Díaz de Aguilar están imputados en el proceso penal que se sigue en el Juzgado número 2 de Lanzarote por la concesión de licencias ilegales en Yaiza y en el también están imputados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, su mujer, tres de sus hijos, una docena de empresarios y varios técnicos municipales.


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