Ayer martes, se hizo claramente tangible la situación en Canarias debida a la doble gran crisis que está poniendo en riesgo el futuro inmediato de todos los canarios. Una, sanitaria y económica, la registrada por la pandemia del virus COVID-19, y otra, la que se veía venir por la inmigración ilegal desde las costas de África. 

Vaya por delante que me parece indigno e impropio de un Estado que se supone avanzado en derechos sociales y sanitarios, por aquello de usar palabras políticamente correctas, la forma en la que el Gobierno español y canario mantienen a seres humanos hacinados en el muelle de Arguineguín o las naves entre San Bartolomé y Arrecife; pero, dicho esto, igual de impropia me parece la irresponsabilidad de los dirigentes canarios y conejeros que tienen su boca tapada con la rosa en el puño.

Cada año, millones de personas son forzadas a desplazarse de su país de origen o su lugar de residencia habitual. 

Justo cuando Canarias más necesita del auxilio del Estado y cuando más requiere de unos gobiernos autonómico e insular que sean capaces de exigirlo, la sumisión del «Pacto de las Flores» a Sánchez, y de las alianzas PSOE-PP en muchos de los gobiernos insulares —sin más proyecto para Canarias y cada una de sus islas que arrinconar a Coalición Canaria y a sus respectivos liderazgos— resulta que las tres administraciones nos han llevado a unas cotas de ninguneo y desprecio a Canarias y Lanzarote solo equiparable al dispensado hace siglos por la metrópoli a sus colonias.