sábado 02 de julio del 2022

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El Gobierno no descarta prorrogar el estado de alarma

El Gobierno ha afirmado que analizará la posibilidad de prorrogar el estado de alarma, de hecho "a día de hoy no está descartado", en cualquier caso, el Ejecutivo lo planteará en el Consejo de Ministros de este viernes, pero será el Parlamento quien tenga la última palabra. Por contra, el PP ha avisado al Gobierno que no puede declarar el estado de alarma con "carácter preventivo", ya que se trata de una situación que limita derechos, y que por lo tanto su prórroga debe estar "justificada". Por otra parte, el PSOE ve "gravísimo" que el principal partido de la oposición haya acusado al Ministerio de Interior de haber "tapado" con la operación contra el dopaje, la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro de Fomento, José Blanco, ha afirmado que el Gobierno analizará este martes la posibilidad de prorrogar el estado de alarma, que "a día de hoy no está descartada", y que en todo caso, será el presidente de Gobierno, quien lo proponga al Consejo de Ministros, aunque "no es preceptivo", para posteriormente pedir la autorización en las Cortes.  Así, se ha mostrado convencido de que en virtud de los cuatro procesos abiertos para depurar responsabilidades habrá controladores que serán despedidos, por "falta muy grave", al haber abandonado su puesto de trabajo y otros a los que se les retirará la licencia.

 

"Creo que se van a dar todos los supuestos. Habrá responsabilidad civil y penal", ha apuntado para añadir que "los promotores de sabotaje todavía no han alcanzado a ver las consecuencias y daños que por su forma de actuar han causado al país". En concreto, ha explicado que existe un proceso penal, que podría suponer penas de entre tres y ocho años de cárcel, y un proceso civil, que buscará la responsabilidad sobre los daños causados.

Tras insistir en que los controladores "habían sometido al Estado a un estado de excepción permanente", que llevó al Gobierno a adoptar una respuesta "clara y contundente" y tomar "decisiones imprescindibles" ante el plante de los controladores aéreos, "con los instrumentos que permite la ley". "Es verdad que la gran mayoría de los controladores quiere trabajar y cumplir con su deber, pero muchas veces se siente coaccionados y obligados por un grupo que les dirige y coordina", ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser.

A este respecto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no ha desvelado si los populares apoyarían una prórroga del estado de alarma, sin embargo ha recalcado que si el Gobierno pide una prórroga debe "justificar" por qué lo hace, dado que no se puede declarar "con carácter preventivo". En su opinión, no puede ser que las situaciones de "excepción" se conviertan en "estados ordinarios".

Al ser preguntada si el PP no cree necesaria esa prórroga, ha indicado que su formación "no tiene ningún conocimiento" acerca de cuáles han sido "las acciones" del Gobierno desde el día que se decretó la alarma. "Y antes de prorrogarla hay que justificar por qué hay que prorrogarlo y que acciones se han llevado a cabo", ha reiterado para subrayar que el estado de alarma se decreta "ante una situación de emergencia en casos muy concretos y atados constitucionalmente".

Finalmente, ha querido dejar claro que "no puede ser que el estado de alarma pueda ser un instrumento más para negociar un conflicto laboral". Por eso, ha subrayado que el titular de Fomento debe explicar qué ha hecho "desde declaración del estado alarma hasta día de hoy" para dar buscar una solución. Igualmente, ha avanzado que su partido quiere que informe de las medidas que va a adoptar el Gobierno, si ha formado a controladores como anunció hace unos meses y si piensa recurrir a compañías privadas de controladores, entre otros aspectos.

Desde el PSOE, ha hablado su secretario de Organización, Marcelino Iglesias, que considera que se deben utilizar "todos los recursos que la ley pone a su disposición" para "garantizar" que no se repita la situación de caos del transporte aéreo. Preguntado por si el Ejecutivo va a prorrogar el estado de alarma, ha respondido que "lo que va a hacer el Gobierno lo dirá el ministro en su comparecencia, no soy yo el que debe hacerlo".

Según Iglesias, a partir de la explicación de Blanco, comenzarán los contactos con los grupos parlamentarios porque el estado de alarma necesita la autorización del Congreso de los Diputados por mayoría simple del pleno, que puede fijar alcande y condiciones.

Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha insinuado en la posible "casualidad" que ha existido en que se haya desmantelado la 'Operación Galgo', el mismo día en el que el presidente del Gobierno comparecía en el Congreso para explicar los motivos que llevaron al Ejecutivo a decretar el Estado de Alarma tras la huelga de los controladores. A estas palabras ha salido al paso el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha mostrado su preocupación por que un responsable político pueda "decir ese disparate".

"El domingo se produjo una nueva filtración policial sobre el caso Gürtel de un informe pese a que el sumario ya no es secreto y que puede que esté recién llegado a la mesa del juez. ¿No se da cuenta de que siempre que Rubalcaba tiene un problema hay una filtración policial?", se ha preguntado. Además, ha insinuado que cada vez que hay un "mal momento político o un instante de dificultad aparecen detenciones o redadas que casualmente vienen a despejarle mediáticamente el panorama".

Al respecto, De Cospedal ha compartido sus tesis al subrayar que "no deja de ser una casualidad" que se conociera ese mismo día esa operación.

Sobre el estado de alarma, Pons ha argumentado que "nunca se debió llegar a el pero tal y como se pusieron las cosas no hubo más salida que la de la proclamación. Es una situación excepcional y hay que tener mucho cuidado con no aplicarlo de forma preventiva porque en el fondo lo que aquí está haciendo el Gobierno es resolver con este Estado un conflicto laboral. Si quiere alargarlo tiene que justificarlo mucho y explicarlo muy bien".

Rubalcaba ha tildado de "gravísimo" las palabras del vicesecretario de Comunicación popular ya que él mismo ha sido consejero y sabe como funciona el Estado, por eso no puede decir eso "porque sabe perfectamente que las operaciones de la Guardia Civil y la Policía las establecen los jueces y, esta en concreto, mucho antes, en noviembre", como ha explicado el Instituto Armado.

"Si sabe como funciona y a pesar de todo, dice eso, es sencillamente que está mintiendo a sabiendas, lo cual es gravísimo, no por mí, por la Guardia Civil y por el juez, que están trabajando en una operación bien delicada para España y para su imagen", ha concluido.

 

 

Agencias-EP

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