lunes 04 de julio del 2022

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Pamparacuatro aún no ha reanudado la instrucción del caso "Unión"

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió el pasado 9 de febrero conceder una última prórroga por tres meses al juez César Romero Pamparacuatro para que continuara con la instrucción del ‘caso Unión’ en comisión de servicios, tal y como había solicitado tras su traslado a La Laguna.

Casi dos meses después el juez aún no ha reanudado esa instrucción, paralizada desde el 24 de diciembre, porque no se ha resuelto quién debe pagar sus dietas de desplazamiento y alojamiento en Lanzarote.

 

En la resolución del CGPJ, aprobada con un voto en contra, no se especificaba quién debía hacerse cargo de esos gastos. La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias comunicó esta circunstancia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), alegando que no se haría cargo del gasto y el TSJC, a su vez, envió un oficio al CGPJ a mediados de febrero, haciendo constar el error.

Desde entonces el CGPJ no ha hecho nada por modificar esta situación. Fuentes oficiales del Consejo aseguraban esta mañana a ACN Press que no se había recibido ese oficio por parte del CGPJ. Las mismas fuentes afirmaban que en el asunto económico el Poder Judicial no tiene nada que ver, que la redacción de la resolución que tomó la comisión permanente el 9 de febrero es la misma que se hace habitualmente para todos los casos y que se trata de un problema entre la administración autonómica y el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, las mismas fuentes, tan sólo unos minutos después, aseguraban que tras consultarlo con el Ministerio de Justicia, este organismo les señalaba que no se iba a hacer cargo de las dietas y que, por lo tanto, se introducirá una modificación a la resolución en una de las dos próximas comisiones permanentes (dentro de una semana) que especifique que los gastos los debe asumir la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias.

La investigación ya ha sufrido varias vicisitudes. Primero, el magistrado solicitó un juez de apoyo, al que se presentó voluntario un compañero y tras dar el visto bueno el TSJC y el CGPJ, el Ministerio denegó el refuerzo por motivos económicos y porque no estaba justificada la excepcional carga de trabajo.

Después, al juez se le abrió un expediente sancionador por un retraso en firmar una sentencia cuando estaba destinado en La Palma. El expediente parte de una queja en el servicio de atención al ciudadano y lo inicia la comisión disciplinaria del CGPJ en contra del criterio de su servicio de inspección.

Por último, tras conceder al juez la comisión de servicios por tres meses, al finalizar ese plazo, el 24 de diciembre pasado, no se abordó la solicitud de prórroga hasta el 9 de febrero y se concedió haciendo señalar que era improrrogable. En el caso, por otra parte, también se investigan filtraciones ya que algunos de los imputados sabían que iban a ser detenidos.

El caso Unión es uno de los mayores casos de corrupción de Canarias. Tiene cerca de cien imputados policiales y el juez ordenó 56 detenciones, de los que diez entraron en prisión provisional, aunque ya están todos libres con cargos. Se investigan dos tramas principales, una sobre un soborno para lograr permisos para una urbanización en Playa Blanca y una trama de comisiones ilegales en Arrecife, así como varias piezas separadas. Entre los imputados figuran funcionarios, empresarios y políticos relevantes tanto de Lanzarote como de fuera de la Isla y de la Península. La Fiscalía Anticorrupción se hizo cargo del caso por la complejidad de las tramas y el carácter de los delitos investigados.

Casi con toda seguridad, la instrucción del caso no se podrá terminar en los próximos tres meses, debido a la complejidad de las tramas, su extensión (cerca de 30.000 folios) y de asuntos que aún están en fase de investigación. Fuentes cercanas al caso apuntan que haría falta más de un año para terminar dicha instrucción.

Si se hubiera comenzado de nuevo la instrucción del caso en febrero, lo más probable es que se hubiera levantado el secreto de sumario de la parte que aún es secreta en plena campaña electoral, ya que lo normal, según las fuentes consultadas por ACN Press, es que, al ser la última prórroga, el juez levantara el secreto de las actuaciones antes de abandonar el caso.


Agencias SG-CAN-ACN

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