martes 22 de junio del 2021

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Los promotores del plan Playa Blanca se remiten ante la juez a un informe de Díaz de Aguilar para alegar que actuaban legalmente

Los empresarios vascos y promotores del plan parcial Playa Blanca José Ramón Olaberría y Ricardo Sánchez Armendáriz, imputados por cohecho en el caso de las licencias urbanísticas ilegales en Playa Blanca (Yaiza), alegaron en su defensa el pasado 16 de septiembre durante su declaración ante el Juzgado número 2 de Arrecife que consideraban que su actuación en el plan era legal y estaba avalada por un informe jurídico elaborado por el abogado Ignacio Díaz de Aguilar.

Ambos fueron acusados por un testigo, Facundo Perdomo, de haber entregado medio millón de euros al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para agilizar la concesión de licencias en dicho plan parcial. Perdomo llegó a decir que uno de ellos, Sánchez Armendáriz, “era un experto en pagos en el extranjero, cuentas en Suiza y paraísos fiscales”. Ambos empresarios niegan estos hechos.

Los promotores compraron terrenos en ese plan parcial, lo urbanizaron, obtuvieron las licencias y vendieron las parcelas. Tanto el plan, que quedó extinguido por la ley de medidas Urgentes de 2001, como su proyecto de ejecución, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y las licencias concedidas, anuladas igualmente por los tribunales , y las cuatrocientas casas construidas, están fuera del ordenamiento en vigor. Ya en el año 2003 el Gobierno de Canarias recurrió judicialmente el desarrollo de ese plan parcial.

El Cabildo de Lanzarote decidió en el año 2004 recurrir el proyecto de urbanización de ese plan parcial. Tanto el Ayuntamiento de Yaiza como la Junta de Compensación sabían en el momento anterior a iniciar las obras que el Cabildo considera que eran ilegales y que tenía intención de recurrirlas ante los juzgados.

En su declaración, Olaberría aseguró que el abogado grancanario Ignacio Díaz de Aguilar, también imputado en el mismo procedimiento, les sugirió en una reunión de la Junta de compensación del plan parcial en 2004, en base a un dictamen elaborado por él mismo que aseguraba que el plan estaba totalmente vigente, que fueran pidiendo licencias hasta el veinticinco o treinta y cinco por ciento.

Olaberría, que presidía la Junta de compensación, declaró que no sabe por qué Díaz de Aguilar realizó ese informe jurídico que justificaba la legalidad del plan, y señaló, ante la única pregunta de su propio abogado, que fue por ese informe por lo que tanto él como la Promotora Costa Papagayo han estado convencidos hasta el año 2009 de que actuaban dentro de la legalidad.

Por su parte, Sánchez Armendáriz, socio de la mercantil Lampro, también aseguró que ese dictamen decía que el plan parcial era legal y que la actuación del Ayuntamiento de Yaiza, al aprobar el proyecto de urbanización, también era legal. Declaró que en todas las juntas de compensación, el primer punto del orden del día siempre era el informe jurídico y que desconoce quién encargó ese informe. Señaló que el despacho de Díaz de Aguilar se encargaba de toda la cuestión jurídica y que tenía plena confianza en Ignacio Díaz de Aguilar.

Igualmente, a la pregunta a de su letrado, señaló que hasta junio de 2009, en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara la nulidad del plan parcial, pensaba que habían actuado correctamente conforme a derecho, por los informes jurídicos de Díaz de Aguilar, y que siempre ha pensado que estaban debidamente asesorados ya que “desconocía el entramado urbanístico de la Isla”.

Respecto a la denuncia de Facundo Perdomo de que pagaron medio millón de euros a José Francisco Reyes, Armendáriz alegó que él presentó en 2008 una querella contra Perdomo una por apropiarse éste, supuestamente, de más de cien mil euros de la recaudación de unos apartamentos en puerto del Carmen en los que tenían intereses comunes, y que tanto Olaberría como otro de los imputados, Féiix Leceta, se pusieron de su parte.


 

 

 

 

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