Los sindicatos policiales JUPOL, SUP y CEP han criticado la decisión del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona de procesar a 45 agentes de la Policía Nacional por las cargas del 1 de octubre de 2017 en varios puntos de la ciudad, a la par que han reclamado el apoyo del Ministerio del Interior y se consideran víctimas de una "cacería judicial", sobre todo cuando a los promotores del referéndum ilegal condenados los ha indultado el Gobierno.