La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha informado este lunes en la Conferencia Sectorial de Igualdad de que los cinco centros de crisis 24 horas de las islas han atendido, desde su apertura, en mayo a unas 400 víctimas de violencias sexuales.De ellas, 339 han sido víctimas directas, 304 mujeres y 35 menores de 18 años, y 55 familiares o personas del entorno que precisaron algún tipo de atención profesional.
En este mismo periodo se han producido 161 activaciones por parte del 112.
La Conferencia Sectorial de Igualdad ha aprobado el procedimiento básico para la acreditación de las situaciones de violencias sexuales, que tendrá validez nacional y permitirá a las mujeres víctimas acceder a todos los derechos, prestaciones, recursos y servicios que precisen, tal y como ya recogía la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual, informa la Consejería en un comunicado.
Tras participar en esta sectorial, Delgado se ha congratulado de este acuerdo, que permitirá a Canarias desarrollar la normativa necesaria para que las víctimas de las violencias sexuales puedan acceder a los derechos y protección que precisen.
«Necesitábamos adelantar este procedimiento estatal que nos permitirá establecer nuestro decreto en Canarias y regular las ayudas a las víctimas de violencia sexual, que ya cuentan con una partida para el próximo año», ha asegurado la consejera.
La acreditación de las situaciones de violencias sexuales tendrá carácter administrativo y podrá ser solicitada por las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en tanto víctimas principales de todas las formas de violencia sexual cuando no hayan presentado denuncia previa, haya sido archivado o sobreseído el procedimiento judicial, esté en trámite el procedimiento penal o tengan sentencia condenatoria firme, entre otros supuestos.
En el proceso de valoración se tendrán en cuenta aspectos como si la solicitante ha emprendido acciones judiciales previamente, la duración, la forma y la gravedad de la violencia sufrida, las secuelas psicológicas derivadas de la situación de violencia sexual, las secuelas en la salud sexual y reproductiva, el contexto y el daño social, así como las dificultades para mantener su vida laboral, educativa o personal.
También se tendrá en cuenta las situaciones especiales de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, problemas de salud mental, el embarazo, la dependencia económica y/o emocional respecto al agresor. Si la solicitante tiene hijos o hijas menores de edad o que resida en zonas rurales.
Las acreditaciones serán emitidas por órganos, organismos, servicios y recursos de las administraciones públicas habilitados y este listado será actualizado periódicamente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Canarias cuenta con cinco centros de atención a las violencias sexuales ubicados en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que se han sumado a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla con todos los cabildos.
El servicio está disponible las 24 horas al día de los 365 días del año y no es preciso haber denunciado con anterioridad para recibir la atención.
El equipo de cada centro está integrado por diferentes profesionales que prestan ayuda psicológica especializada, centrada en el bienestar emocional y la recuperación; asesoramiento jurídico, orientación legal y asesoramiento en el caso que querer interponer una denuncia; y apoyo social, para hacer el acompañamiento en la toma de decisiones y facilitar el proceso de recuperación.
La actividad de los centros se rige por un protocolo de actuación en el que se establecen los criterios de intervención y se garantiza la integración de estas nuevas instalaciones con los servicios ya existentes, como el 112 y el 012, con el objetivo de actuar de la manera más eficaz y rápida cuando la mujer acaba de ser agredida.
En la reunión presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, las comunidades autónomas recibieron también información sobre el Anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y los fallos en el sistema ‘Cometa’.
EFE