Coalición Canaria (CC) considera acertado el criterio de prudencia adoptado por el Tribunal Supremo y su
ejecución por la Junta Electoral Central (JEC) de suspender la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) o los derechos de los ya inscritos, ante las dudas jurídicas sobre determinados efectos derivados de la Ley de Memoria Democrática. Para la formación nacionalista, cuando una interpretación administrativa puede alterar la composición del censo, corresponde asegurar primero que cada inscripción se ajusta a la ley y preservar la igualdad entre todos los electores.

Los autos tienen carácter provisional y no anticipan la sentencia definitiva. Tampoco retiran la nacionalidad española, invalidan pasaportes ni paralizan los expedientes de nacionalidad que siguen en
tramitación. La cautela se limita al ámbito electoral y a los supuestos expresamente señalados, cuyos efectos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes pueden quedar suspendidos hasta que el Supremo
resuelva el fondo del asunto.

«No sería responsable permitir que una duda jurídica relevante produjera consecuencias electorales difíciles de reparar. La medida cautelar protege la limpieza del censo mientras los tribunales fijan una
interpretación definitiva y aplicable por igual a todos”, sostiene José Miguel Barragán, secretario de estrategia política y electoral del partido.

En este sentido, subraya que este respaldo no cuestiona a la emigración canaria ni los derechos legítimos de sus descendientes. «Canarias mantiene una relación histórica y afectiva con su ciudadanía exterior, y
esos vínculos merecen reconocimiento con plenas garantías y, precisamente, por respeto a la diáspora, cada caso debe examinarse de forma individual, sin sospechas generales ni ampliaciones automáticas de
la suspensión a personas que accedieron a la nacionalidad por otras vías previstas en la ley”.

La decisión de la JEC aporta un marco común para que la Oficina del Censo Electoral y los consulados ejecuten los autos con criterios homogéneos. Además, permite que las circunstancias exigidas puedan
acreditarse individualmente cuando corresponda. Coalición Canaria reclama que la aplicación sea rápida, transparente y acompañada de información clara para cada persona afectada, con posibilidad efectiva
de reclamación y sin demoras innecesarias.

La formación nacionalista también considera necesario que la Oficina del Censo Electoral publique cuanto antes datos desglosados para las circunscripciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. “Conocer el número real de expedientes revisados, suspendidos y finalmente confirmados evitará especulaciones y permitirá evaluar el impacto concreto en Canarias”, adelantó Barragán.

Coalición Canaria fija así una posición en el respeto a las decisiones judiciales, defensa de la seguridad jurídica y protección de los derechos de la ciudadanía canaria en el exterior. “Hasta que exista una
sentencia definitiva, la prudencia exige que el censo ofrezca las máximas garantías y que ninguna persona sea privada de sus derechos más allá de lo estrictamente ordenado por los tribunales”, apostilló.