La resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a abrir una brecha política que trasciende la propia ciudad autónoma. Socialistas, verdes y la izquierda europea votaron en contra de un texto respaldado por populares, conservadores y buena parte de la derecha europea, en una votación que ha enfrentado dos maneras de interpretar lo ocurrido en la frontera sur de la Unión Europea.

El debate tiene una lectura especialmente relevante desde Canarias ya que el archipiélago lleva años afrontando en primera línea la llegada de migrantes procedentes de África y conoce las consecuencias que una crisis migratoria puede tener sobre los servicios de acogida, los menores no acompañados, las fuerzas de seguridad y la capacidad de respuesta de las administraciones. Lo ocurrido en Ceuta introduce ahora en el debate europeo elementos que también afectan directamente a las islas: el control de las fronteras exteriores, la cooperación con Marruecos, los retornos, la responsabilidad compartida de los Estados miembros y el posible uso de los movimientos migratorios como instrumento de presión.

La resolución salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. El texto declara que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas, reclama a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos en materia migratoria y pide reforzar los recursos europeos destinados al control de las fronteras exteriores. También incorpora referencias críticas a las regularizaciones extraordinarias y advierte de sus posibles efectos sobre los movimientos migratorios dentro del espacio Schengen.

Es precisamente en esos puntos donde se encuentra buena parte de la explicación del voto de la izquierda. El eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar defendió el voto contrario de los socialistas españoles. Su argumento no pasa, según explicó, por cuestionar la soberanía española sobre Ceuta ni la necesidad de proteger las fronteras europeas, sino por rechazar el contenido y el tono de una resolución que considera politizada.

López Aguilar cuestionó especialmente que el documento incorporase referencias a una supuesta responsabilidad del Gobierno español y determinadas formulaciones sobre la llegada de migrantes. Los socialistas consideran que la respuesta debe situarse dentro del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y de las obligaciones derivadas del Derecho europeo e internacional.

La posición ya había sido anticipada por la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas, Iratxe García, que había establecido como condición que la resolución no se utilizara para responsabilizar políticamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la crisis.

La izquierda europea comparte en buena medida esa interpretación. Socialistas, verdes e Izquierda Europea entendieron que el texto aprobado no se limitaba a reclamar una respuesta europea ante una crisis fronteriza, sino que incorporaba una lectura política sobre las decisiones adoptadas por España.

El PP interpreta exactamente lo contrario pues consideran que el documento aprobado constituye un respaldo político inequívoco a España y a Ceuta y que contiene reclamaciones que afectan directamente a la seguridad de la frontera exterior europea. Desde esta posición, resulta difícil entender que los eurodiputados españoles del PSOE votaran contra una resolución que reconoce expresamente la españolidad de Ceuta y Melilla y reclama a Marruecos respeto a la integridad territorial de los Estados miembros.

El PP también considera relevante que el Parlamento Europeo haya recogido la preocupación por la utilización de la migración como instrumento de presión y las advertencias sobre las consecuencias que pueden tener determinadas regularizaciones nacionales.

Vox comparte esta lectura y reclama además una posición más contundente frente a Marruecos. Su propuesta para suspender la financiación europea al país vecino no prosperó, aunque sí salió adelante una enmienda que plantea mecanismos para suspender y recuperar fondos europeos cuando un tercer país no coopere o estén afectados los intereses de la Unión o de uno de sus Estados miembros.

La diferencia entre ambos bloques no está, por tanto, en si las fronteras deben protegerse o en si Ceuta forma parte de España. El desacuerdo aparece al determinar cómo debe interpretarse la crisis y qué responsabilidades deben señalarse.

La izquierda considera que la resolución mezcla la defensa de la frontera exterior europea con una crítica política al Gobierno español y con una determinada concepción de la política migratoria. La derecha entiende que esos elementos forman parte precisamente de las conclusiones que deben extraerse de una entrada masiva que considera una crisis de seguridad y de integridad territorial.

En medio queda Marruecos, socio fundamental de España y de la Unión Europea en el control migratorio. La Eurocámara le reclama que cumpla sus compromisos de vigilancia fronteriza y readmisión, pero evita atribuir formalmente al Gobierno marroquí la organización de la entrada masiva en Ceuta.

Para Canarias, el debate no es nuevo. Las islas llevan años reclamando una mayor implicación de la Unión Europea ante una ruta migratoria que ha convertido al archipiélago en una de las principales puertas de entrada marítima a Europa desde África occidental. La experiencia canaria ha demostrado que las crisis migratorias no terminan cuando las personas alcanzan territorio europeo: después llegan la acogida, la atención sanitaria y social, la gestión de los menores no acompañados, los procedimientos de asilo y, cuando corresponde, los retornos.

El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, plenamente aplicable desde junio, pretende precisamente establecer un marco común para responder a estas situaciones. Pero episodios como el de Ceuta vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que Canarias conoce bien: hasta qué punto la protección de una frontera europea puede seguir descansando principalmente sobre los territorios situados en primera línea.

La resolución aprobada en Estrasburgo no es vinculante, pero el debate que ha provocado sí tiene recorrido. Porque detrás de los 339 votos a favor y los 225 en contra hay una discusión que también afecta a Canarias: qué responsabilidad corresponde a España, cuál debe asumir la Unión Europea, qué papel debe desempeñar Marruecos y cómo debe responder Europa cuando la presión migratoria se concentra sobre uno de sus territorios fronterizos.

Y en ese debate, Canarias no está en la periferia. Está en la frontera.