El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Gustavo Santana ha defendido este miércoles en el Pleno de la Cámara regional la toma en consideración de la Proposición de Ley registrada por el PSOE para modificar la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias y la Ley de Vivienda Vacacional, rechazada por CC y PP, con el objetivo de resolver la inseguridad jurídica que afecta a más de 17.000 personas residentes en zonas turísticas del Archipiélago, y ha tachado de “decreto latifundista” el anunciado por el Ejecutivo autonómico.

Santana ha reclamado el apoyo de los grupos parlamentarios para abrir el debate sobre una iniciativa que busca proteger a los legítimos propietarios de sus viviendas y poner fin a las sanciones que sufren por residir en ellas.

En este sentido, ha recordado que el conflicto lleva toda la legislatura sobre la mesa y que, hace más de tres años, se rechazó la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 22.000 firmas ciudadanas para impulsar una nueva ley turística que ofreciera una solución.

En este sentido, ha criticado que aquella iniciativa fuera rechazada con el argumento de que el Gobierno de Canarias aprobaría una nueva ley de turismo, una norma que, según ha señalado, finalmente no llegará. Por ello, ha defendido que la propuesta socialista representa una oportunidad para abordar un problema que continúa afectando a miles de familias.

La Proposición de Ley plantea incorporar dos definiciones, establecimiento turístico y unidad alojativa, y aclarar la disposición transitoria séptima de la Ley de Modernización Turística. Santana ha señalado que el propio informe de Política Territorial reconoce la existencia de un vacío legal perjudicial para los propietarios, derivado de la falta de especialización de los usos del suelo en los municipios. La iniciativa también contempla impulsar un procedimiento para poner fin a las sanciones.

Santana ha cuestionado los argumentos que, a su juicio, utilizan Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) para rechazar la admisión a trámite.

Sobre el informe de la Consejería de Turismo y Empleo, ha afirmado que se centra en criticar la exposición de motivos de la propuesta socialista, pese a que esta incorpora planteamientos de la ILP de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), así como contenidos del decreto aprobado por el propio Gobierno y de documentos elaborados por la Consejería para una futura ley turística.

El diputado socialista ha rechazado también que una ordenanza municipal de San Bartolomé de Tirajana pueda resolver un problema que afecta a residentes de distintos municipios, como Valle Gran Rey, Arona, Puerto de la Cruz o Teguise. A su juicio, una regulación circunscrita a un solo municipio no ofrece una respuesta general a los afectados de Canarias.

Asimismo, ha advertido sobre el decreto ley que prepara la Consejería de Turismo, del que ha denunciado la falta de consenso y de información a los grupos de la oposición. “El Gobierno prepara un decretazo latifundista, sin consenso, para dar el poder a los explotadores turísticos”

Santana ha cuestionado que se pretenda modificar la regulación de la unidad de explotación turística mientras el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la legalidad de que un explotador turístico administre viviendas cuyos propietarios residen en ellas.

En este contexto, ha alertado de que la reforma podría reforzar el poder de los explotadores turísticos sobre las viviendas de determinadas parcelas, condicionando su situación al pago de los tributos correspondientes. Santana ha reclamado al Ejecutivo que explique por qué mantiene la urgencia de esta modificación sin esperar al pronunciamiento judicial.

También ha recordado a Coalición Canaria el compromiso adquirido con la PALT durante las elecciones municipales y autonómicas de 2023 para resolver esta problemática, señalando directamente al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo; al consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, y a Alejandro Marichal, firmantes de aquel acuerdo político, y les ha exigido que cumplan su palabra.

Santana ha cuestionado, además, que el consejero de Vivienda alegue falta de competencias para informar sobre la iniciativa socialista, pese a la relevancia del problema para los afectados.

Además, ha insistido en que la toma en consideración no supone aprobar definitivamente la ley, sino permitir que comience su debate parlamentario y que los grupos puedan trabajar para alcanzar una solución consensuada. Por ello, ha apelado a la responsabilidad de CC y PP y ha pedido expresamente el voto favorable, al considerar que admitir a trámite la propuesta es la opción más democrática y justa y una cuestión de justicia social.