El Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa, en aras de que la transparencia y la legalidad esté por encima de todo, exige al PSOE de la isla responsabilidades y solicitará un informe jurídico al Cabildo de Lanzarote sobre la adjudicación del acuerdo marco de imprenta de los CACT en 2020 a una empresa en la que Ariagona González posee una participación valorada en 93.000 euros.

La  portavoz socialista es propietaria al 10% de la empresa Distribuciones Lanzarote SL y al 15% del Centro de Reprografía Lanzarote SL, tal y como se refleja en su declaración de bienes como consejera electa en 2023. Además, ésta última empresa es compartida con su hermano y concejal del partido socialista en Arrecife, José Antonio González.

Dicha empresa, Centro de Reprografía Lanzarote S.L resultó adjudicataria de los seis lotes del acuerdo marco de los Centros de Arte, Cultura y Turismo en 2020 -cinco compartidos con otras empresas y uno como única empresa adjudicataria-, siendo el socialista Benjamín Perdomo consejero delegado de los CACT y estando Ariagona González como consejera en el Grupo de Gobierno, con responsabilidades en las áreas de Energía e Industria.

Por ello, y con estos datos que se reflejan en la documentación de contratación a esta empresa, justifican que la institución debe aclarar si concurría una prohibición o no de poder llevar a cabo esta contratación. Además, la solicitud de los populares también amplía a que se hagan públicos todos los expedientes en los que haya participado la mercantil, así como las cantidades efectivamente facturadas y abonadas.

La  posible incompatibilidad, en relación en la información publicada en medios de comunicación, radica en que el artículo 201.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) hace aplicable a los consejeros insulares el régimen de incompatibilidades del artículo 203, cuyo apartado 1.d) contempla los contratos financiados por la corporación o sus establecimientos dependientes.

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 71.1.g) de la LCSP extiende la prohibición de contratar a las sociedades participadas por cargos electos en los términos y cuantías legalmente establecidos.

Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en su expediente 44/2021 sobre  la prohibición de contratar al cargo público, aclara tajantemente que “la prohibición se extiende a las empresas o sociedades mercantiles en las que posea una participación superior al 10% o ejerza cargos de administración”, algo más reseñable aún cuando Ariagona González ostentó labores de Gobierno entre 2019 y 2023 en el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

Aunque sí es cierto que ese informe se refiere a concejales y no específicamente a consejeros insulares, constituye un apoyo interpretativo para sostener que la participación del 15 % de Ariagona podía determinar la prohibición de contratar de la sociedad con la EPEL-CACT.

El informe también señala que resulta irrelevante que el cargo electo pertenezca al gobierno o a la oposición y que adjudique otro órgano de la corporación.

Por todo ello, y con el objetivo de esclarecer lo sucedido y sin ánimo de ejercer acusaciones sin tener toda la información y el relato que realice la propia consejera, situación que no ha ocurrido cuando el PSOE ha denunciado algún tipo de procedimiento contra el Partido Popular, los populares lanzaroteños exigen una aclaración al PSOE que sea clara, contundente y esclarecedora.