El Gobierno de Canarias ha tenido que volver a sacar la calculadora mientras el mar sigue haciendo sus cuentas. El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación presupuestaria de 983.612,73 euros para reforzar la seguridad en las zonas de baño de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

La cantidad se suma a los 250.000 euros que ya figuraban en los presupuestos, de manera que la financiación autonómica destinada este año a estos servicios alcanza los 1,2 millones de euros. El dinero permitirá a los ayuntamientos afrontar parte de los costes de vigilancia y seguridad en sus respectivos litorales.

No es la primera vez que el Ejecutivo autonómico utiliza esta vía para sostener unos servicios que los municipios pequeños difícilmente pueden asumir con sus propios recursos. En diciembre de 2025 destinó 1,4 millones de euros a 20 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para cubrir gastos similares.

La decisión llega además cuando termina un verano especialmente duro en las estadísticas de accidentes acuáticos. Según los datos de la asociación Canarias, 1.500 kilómetros de costa, 19 personas han muerto en el entorno acuático de las islas durante el verano: seis en Tenerife, cinco en Lanzarote, cuatro en Fuerteventura, tres en Gran Canaria y una en La Palma. El acumulado del año supera ya los 50 fallecidos, según la misma fuente.

La dimensión del problema no es nueva. Los datos de la asociación situaban en 45 los fallecidos por ahogamiento entre enero y agosto de este año, frente a 39 en el mismo periodo de 2025.

La financiación aprobada ahora forma parte de un problema más amplio: quién paga y bajo qué reglas se organiza la seguridad de las playas y zonas de baño del Archipiélago.

Canarias lleva tres años intentando reconstruir ese marco después de que el Tribunal Supremo anulara en septiembre de 2023 el Decreto 116/2018, la norma que establecía las medidas autonómicas para la seguridad de las personas en playas y otras zonas de baño y para la coordinación de las emergencias. La sentencia estimó el recurso presentado por la Federación Canaria de Municipios y declaró nulo aquel decreto.

Desde entonces, Gobierno y ayuntamientos trabajan en una nueva regulación. El Ejecutivo ha planteado elaborar un marco consensuado con la FECAM que permita homogeneizar las condiciones de seguridad en el litoral y que, según la planificación anunciada, pueda integrarse en la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil. En esa negociación participan también colectivos de socorristas y la asociación Canarias, 1.500 kilómetros de costa.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha situado precisamente la nueva ayuda dentro de ese compromiso con los municipios que disponen de menos recursos económicos mientras se define ese nuevo modelo.

El dinero no se queda únicamente en los ayuntamientos. El Consejo de Gobierno ha aprobado también una subvención de 29.980 euros para la Asociación de Socorristas de las Islas Canarias, destinada a proyectos de formación y divulgación sobre seguridad acuática.

Entre ellos figura ‘Socorrista Junior’, dirigido a la población infantil, y ‘Respondiendo juntos’, una iniciativa destinada a preparar a ciudadanos y profesionales para actuar ante situaciones críticas en el medio acuático.

Es la otra cara de la misma moneda. Más vigilancia cuando alguien entra en el agua y más formación para que ese mismo alguien sepa cuándo no debería hacerlo.

Porque Canarias tiene 1.500 kilómetros de costa, pero el peligro no se reparte de manera uniforme. Hay playas vigiladas, zonas de baño reguladas y también kilómetros de litoral donde la presencia de un socorrista no puede darse por descontada. La propia normativa que se intenta reconstruir nació precisamente para establecer unas condiciones comunes de seguridad y coordinación.

Mientras llega esa nueva regulación, los ayuntamientos seguirán necesitando dinero para mantener los servicios y las familias seguirán necesitando algo bastante menos sofisticado: saber dónde está el peligro antes de entrar en el agua. El Gobierno pone ahora 983.612 euros más. El mar, por desgracia, no entiende de presupuestos.