El Gobierno de Canarias ha advertido este lunes al Estado de que incumple los autos del Tribunal Supremo que le obligan a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo si sigue acogiéndolos en recursos dentro de la islas, en lugar de derivarlos a otras comunidades autónomas.«Se está fallando a los niños, se está fallando a Canarias y se está desobedeciendo al Tribunal Supremo», ha asegurado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello (CC).

A su juicio, «cuando el Tribunal Supremo habla de revertir la situación de hacinamiento, lo dice de la comunidad autónoma de Canarias, no de los centros de menores dependientes de la comunidad autónoma de Canarias».

Para el Gobierno de Canarias, no es solo una cuestión de la cantidad de menores que hay en los centros, sino también de los derechos que les asisten y de saturación a la hora de poder garantizar un proyecto de integración social.

«Sacar a los menores del listado de los centros de Canarias para cumplir con el Tribunal Supremo, pero no sacarlos de Canarias es hacer trampa», ha afirmado Cabello.

El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a aliviar la situación de hacinamiento que hay en Canarias y ese problema no solo atañe a los centros de menores, sino al conjunto de sociedad, interpreta el Ejecutivo canario.

«Hay una ley, por lo tanto se tiene que producir esa salida», ha insistido Cabello.

Esta semana se abre un nuevo centro dependiente del Estado con capacidad para quince menores solicitantes de asilo, pero en Las Palmas de Gran Canaria, en el centro de la Casa del Mar, ha remarcado el portavoz del Ejecutivo autonómico.

Además, se ha incrementado el número de menores que hay en el centro Canarias 50, tambien en Las Palmas de Gran Canaria, y a lo largo de esta semana habrá un total de 300 personas en él.

«Se está cumpliendo con el Tribunal Supremo, pero no se están terminando de sacar de Canarias y esa es la realidad de lo que está sucediendo», ha manifestado Cabello.

Para el portavoz del Ejecutivo autonómico, «lo que ha quedado claro por parte del Tribunal Supremo es que el obligado y competente para atender a los menores migrantes cuando una comunidad autónoma está en una situación de contingencia migratoria grave, es el conjunto del Estado español» y a Canarias le corresponden 700 menores, no 4.445, como hay actualmente.

Desde el pasado 1 de septiembre han llegado 131 menores más a Canarias, pero solo se han distribuido 20 a otras comunidades autónomas y nueve han cumplido mayoría de edad, «por tanto, el saldo sigue siendo negativo».

Por ello, el Gobierno canario entiende que se está incumpliendo la reforma de la Ley de Extranjería, que dispone que en 15 días deberían salir a otras comunidades autónomas los menores que llegan a las islas desde que se declaró la contigencia migratoria, pero desde el 1 de septiembre han arribado 131 y solo ha salido una veintena.

 

 

EFE