El Tribunal Constitucional ha dado este martes un giro decisivo al debate sobre la aplicación de la amnistía a la malversación del procés. El magistrado José María Macías, ponente del recurso presentado por Jordi Turull, ha asumido que su propuesta contraria a aplicar la medida no cuenta con el respaldo de la mayoría del tribunal y ha decidido elaborar una nueva resolución en sentido favorable.

La decisión no supone todavía la sentencia que amnistiará a Turull. El Constitucional tendrá que abordar una nueva ponencia en un próximo pleno, previsiblemente el 6 de octubre. Pero el movimiento de este martes cambia el escenario y abre el camino para que la doctrina que establezca el tribunal de garantías pueda extenderse al resto de dirigentes del procés que mantienen pendiente la aplicación de la ley de amnistía. Entre ellos está Carles Puigdemont. El recurso de Turull es el primero que aborda el Constitucional sobre la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación. El Supremo sostuvo que los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial, una interpretación que permitió mantener fuera de la ley de amnistía este aspecto de la causa.

Macías había defendido inicialmente esa posición. En su ponencia sostenía que la interpretación del Supremo no podía considerarse arbitraria, imprevisible ni carente de fundamento jurídico. El texto, adelantado por varios medios y del que informó EFE antes del pleno, planteaba por tanto rechazar el recurso de Turull.

La mayoría del Constitucional, sin embargo, no comparte ese criterio. Macías ha retirado su propuesta y será el encargado de redactar una nueva ponencia acorde con la posición mayoritaria del tribunal. La formalización de esa nueva doctrina tendrá que esperar al siguiente pleno.

El movimiento tiene una consecuencia directa sobre Puigdemont. El expresident continúa procesado en rebeldía y mantiene vigente en España la orden nacional de detención después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazara la semana pasada aplicar la amnistía a la malversación. Llarena consideró que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avaló la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho comunitario, no resolvía la cuestión concreta del supuesto beneficio patrimonial.

Pero el propio Llarena ya había dejado claro que la doctrina que establezca el Constitucional en el recurso de Turull puede ser determinante para el resto de los procesados. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, el magistrado tiene previsto aplicar esa doctrina a Puigdemont sin esperar a que el Constitucional resuelva específicamente el recurso de amparo presentado por el expresident y ahí está la pieza que faltaba.

Puigdemont no necesita, en principio, esperar a que el Constitucional estudie su caso particular si la sentencia sobre Turull establece que la malversación por la que fue procesado puede quedar amparada por la ley de amnistía. La resolución del caso del secretario general de Junts puede convertirse así en la llave jurídica que permita cerrar también el procedimiento contra el expresident y abordar el levantamiento de la orden de detención.

La última palabra todavía no está escrita. El Constitucional debe convertir el cambio de criterio conocido este martes en una sentencia y el Supremo tendrá después que aplicar sus efectos al procedimiento contra Puigdemont. Pero el recorrido judicial ha entrado en su recta final.

El primer movimiento se produjo en Luxemburgo, cuando el TJUE avaló en julio la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo. El segundo llegó en Madrid, cuando el Supremo mantuvo su negativa a aplicarla a Puigdemont por la cuestión del beneficio personal. El tercero se ha producido este martes en el Constitucional, donde la ponencia inicialmente contraria ha quedado descartada por falta de mayoría.

Ahora falta la sentencia y después, si la doctrina del Constitucional confirma lo que hoy ha empezado a dibujarse en el pleno, será Pablo Llarena quien tenga que decidir cómo se traduce esa nueva doctrina en el caso de Puigdemont.