El Gobierno de España destinará una partida extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta durante la reciente crisis migratoria, en un contexto de creciente tensión política con el Partido Popular por la gestión de la situación y el reparto de estos menores entre las comunidades autónomas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunció este martes la aprobación de estos fondos, que se suman a los 5,5 millones de euros asignados a Ceuta el pasado mes de julio durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Según explicó la ministra, el crédito extraordinario será transferido desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Juventud e Infancia, que posteriormente hará llegar los recursos a la ciudad autónoma para hacer frente a la situación de emergencia derivada de la llegada masiva de menores migrantes no acompañados.

Saiz defendió que el Ejecutivo está demostrando con esta medida que «ha estado y va a seguir estando» junto a Ceuta, especialmente «al lado de los más vulnerables», al tiempo que reclamó la colaboración de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, para cumplir con el sistema de acogida solidaria previsto en el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado además la habilitación de dos centros educativos en Ceuta para prestar atención a los menores llegados durante la última semana, con especial atención a las niñas.

La ministra Sira Rego tiene previsto desplazarse en los próximos días a la ciudad autónoma para coordinar sobre el terreno la respuesta institucional y activar todos los mecanismos previstos para garantizar una acogida digna.

Entre esas herramientas figura la reforma de la Ley de Extranjería aprobada durante esta legislatura, que contempla la redistribución de menores hacia otras comunidades autónomas cuando exista una situación de elevada presión migratoria. La normativa también permite establecer convenios con organizaciones especializadas en protección de la infancia y facilita la reagrupación familiar cuando concurran las condiciones necesarias y siempre prevalezca el interés superior del menor.

Aunque el Gobierno asegura que continúa el proceso de identificación individualizada de los menores para conocer la cifra exacta, el Ejecutivo ceutí calcula que deberá atender a más de un millar de menores, mientras que actualmente gestiona alrededor de 862, sin descartar que todavía permanezcan algunos fuera de los dispositivos de acogida.

Los menores que permanecían durante las primeras horas junto a una nave habilitada cerca de la frontera del Tarajal ya están siendo asistidos y reubicados en los recursos preparados por la ciudad autónoma.

Durante su comparecencia, Elma Saiz rechazó que el Gobierno hubiera recibido algún informe que anticipara una entrada masiva de estas características.

La ministra reconoció que existían previsiones de un incremento de llegadas irregulares propio del periodo estival, aunque insistió en que «en ningún momento» hubo constancia de una alerta que anticipara la magnitud de los acontecimientos registrados en Ceuta.

Asimismo, defendió la actuación del Ejecutivo durante la crisis, destacó la colaboración de Marruecos y recordó el respaldo expresado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la gestión desarrollada por España.

Las declaraciones de Saiz encontraron una rápida respuesta en el Partido Popular. Su secretario general, Miguel Tellado, aseguró que la situación vivida en Ceuta constituye «una crisis de seguridad nacional» y sostuvo que corresponde al Gobierno central asumir íntegramente su resolución.

Tellado criticó además que el Ejecutivo pretenda repartir a los menores entre las comunidades autónomas y afirmó que «el que ha generado el problema es el Gobierno de Sánchez y es el que debe resolverlo». El dirigente popular denunció igualmente que la ciudad continúa viviendo una situación de inseguridad tras la entrada masiva de inmigrantes y defendió que el Ejecutivo central debe asumir toda la responsabilidad en la gestión de la crisis.