Hay una pregunta que los ciudadanos deberían hacerse cada vez que un político anuncia una medida destinada a cambiar sus vidas: ¿está prometiendo algo que realmente puede hacer o está vendiendo una expectativa que sabe que tendrá dificultades para satisfacer? La diferencia no es menor. En el primer caso hablamos de un compromiso político sometido a las dificultades de la gestión; en el segundo, de una estrategia electoral que utiliza las esperanzas de los votantes como instrumento para alcanzar el poder.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York desde enero, ofrece un ejemplo reciente de esa distancia entre las expectativas de una campaña y las decisiones de un Gobierno. Su programa incluía autobuses gratuitos, supermercados municipales para contener el precio de los alimentos, una oficina de seguridad comunitaria dotada con 1.000 millones de dólares anuales y una expansión ambiciosa de los servicios públicos. La promesa era una transformación visible de la vida cotidiana de millones de neoyorquinos. La realidad administrativa, presupuestaria y política ha obligado a revisar o llevar al letargo a algunas de las propuestas más llamativas.

El periodista Jonathan Chait lo describió el 19 de octubre en The Atlantic. La anunciada y celebrada gratuidad de los autobuses desapareció del primer plan de transporte presentado por el alcalde junto a la gobernadora Kathy Hochul, aunque Mamdani mantiene que pretende implantarla. La oficina de seguridad comunitaria ha quedado muy lejos de la dotación anunciada, con algo más de 40 millones de dólares anuales, mientras que el proyecto de supermercados públicos se ha reducido a una experiencia piloto. La atención infantil universal para los niños de dos años también ha comenzado con una ampliación gradual de plazas, no con la cobertura inmediata que sugería el programa electoral del neoyorkino.

Mamdani ha mantenido, por otra parte, su compromiso de congelar los alquileres de las viviendas sometidas al régimen de renta estabilizada, y ha defendido la agilización de los permisos para construir más viviendas privadas. También ha conservado a la jefa de Policía, Jessica Tisch, y ha renunciado a ceder el control municipal de las escuelas. No todo es, por tanto, incumplimiento. Algunas medidas siguen su curso y otras han cambiado de orientación. Lo interesante es comprobar cómo las limitaciones del ejercicio del poder han obligado al alcalde a moderar un programa que durante la campaña se presentó con una ambición muy superior. La otra alternativa que se nos presenta es que las promesas no eran más que cuestiones que sabía que no iba a cumplir.

El caso de Nueva York plantea una cuestión que trasciende las etiquetas ideológicas. Las campañas electorales se han convertido en escaparates donde los candidatos compiten por ofrecer soluciones inmediatas a problemas complejos. Transporte gratuito, vivienda asequible, alimentos baratos, mejores servicios públicos. Cada propuesta se presenta como una decisión política al alcance de la voluntad del gobernante, aunque su ejecución dependa de presupuestos, mayorías parlamentarias, competencias administrativas y circunstancias económicas que no desaparecen después de las elecciones.

En España, Pedro Sánchez proporciona un material mucho más extenso para examinar esa relación entre las promesas y los hechos, y la hemeroteca lo deja en entredicho. Su trayectoria permite recuperar declaraciones realizadas cuando estaba en la oposición, compromisos formulados al llegar a La Moncloa y acuerdos posteriores con otras formaciones políticas. La comparación no exige sostener que todas las promesas incumplidas responden a una misma causa. Basta con poner las palabras junto a las decisiones que vinieron después.

En abril de 2015, Sánchez aseguró en una entrevista con Navarra Televisión: «Con Bildu no vamos a pactar». Añadió que podía repetirlo cinco o veinte veces. En 2019, el PSOE volvió a descartar acuerdos con EH Bildu, particularmente en el debate sobre la formación de Gobierno en Navarra. Sin embargo, en noviembre de 2020, la formación de Arnaldo Otegi anunció su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y el Ejecutivo celebró ese respaldo. En 2023, Bildu votó a favor de la investidura de Sánchez. La hemeroteca de Newtral permite reconstruir las declaraciones que precedieron a aquel cambio de posición.

La cuestión no es si un partido puede modificar sus alianzas. En un sistema parlamentario, negociar es legítimo y, a menudo, imprescindible. El problema aparece cuando un dirigente presenta una línea roja como un compromiso inequívoco ante los electores y después la abandona sin explicar de manera convincente por qué aquello que antes consideraba inaceptable se ha convertido en necesario.

Algo parecido sucedió con los indultos a los condenados del procés. Durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, Sánchez defendió que los dirigentes independentistas debían cumplir íntegramente las penas impuestas por los tribunales. En junio de 2021, su Gobierno concedió los indultos parciales. La decisión podía defenderse como una apuesta por la convivencia y la distensión institucional, pero el contraste con el discurso anterior resultaba evidente. No fue una medida imposible de ejecutar, sino una decisión política distinta de la que el candidato había defendido públicamente.

En otros casos, la contradicción se encuentra en promesas de regeneración democrática que nunca llegaron a materializarse. En 2018, Sánchez anunció una reforma constitucional para acabar con los aforamientos y llegó a plantear su aprobación en un plazo de 60 días. El Gobierno presentó un anteproyecto que pretendía limitar esa protección a los delitos relacionados con el ejercicio del cargo, pero la iniciativa decayó tras el adelanto electoral de 2019 y no volvió a registrarse. Maldita.es documentó en mayo de 2025 la evolución de aquel compromiso.

También quedó pendiente la propuesta de ampliar de dos a cinco años el periodo de incompatibilidad para determinadas puertas giratorias entre los altos cargos públicos y las empresas privadas. Sánchez había prometido cerrar esas puertas en 2014. En junio de 2025, Maldita.es señalaba que el Gobierno no había presentado la iniciativa concreta para ampliar ese plazo, aunque otras reformas relacionadas con los grupos de interés se encontraban en tramitación. Son compromisos específicos, con antecedentes documentables, que permiten evaluar la distancia entre el discurso de regeneración y los resultados.

La legislatura iniciada en 2023 aporta otros ejemplos. El PSOE acordó con sus socios de investidura reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. La medida llegó al Congreso, pero fue rechazada y no se convirtió en ley. En julio de 2026, el seguimiento de Newtral sobre los pactos de investidura contabilizaba cinco medidas incumplidas entre las cincuenta seleccionadas, siete cumplidas, veintisiete en progreso y once pendientes. El balance no permite afirmar que todo el programa haya fracasado, pero sí demuestra que una parte sustancial de los compromisos todavía no se había materializado.

En el mismo terreno se encuentra la transferencia de las competencias pendientes al País Vasco en el plazo de dos años. El acuerdo de investidura establecía un plazo que no se ha cumplido en su totalidad. También siguen abiertas otras iniciativas políticas y legislativas que formaron parte de los compromisos del Gobierno con sus socios. En estos casos conviene distinguir entre una medida rechazada por el Parlamento, otra que continúa su tramitación y una tercera que ni siquiera ha sido impulsada. La responsabilidad política no es idéntica en todos los supuestos, pero el ciudadano tiene derecho a conocer el resultado de cada compromiso.

La vivienda ofrece ahora otro escenario para examinar la relación entre anuncio y ejecución. En octubre, Sánchez ha presentado nuevas medidas mediante decretos que todavía necesitan superar los trámites parlamentarios correspondientes. La Junta Electoral Central ha abierto además un expediente sancionador por la rueda de prensa del 6 de octubre en la que anunció esas iniciativas, al apreciar una posible vulneración del deber de neutralidad de los poderes públicos durante el periodo electoral. El expediente no equivale a una sanción firme, pero el episodio ilustra hasta qué punto los anuncios gubernamentales pueden convertirse también en instrumentos de precampaña.

La proximidad de unas elecciones vuelve a colocar las promesas en el centro del debate. Los partidos anuncian nuevas ayudas, reformas y derechos, mientras los ciudadanos intentan averiguar qué parte de esas propuestas se traducirá en decisiones efectivas. El riesgo es que la campaña se convierta en una sucesión de compromisos cada vez más ambiciosos, formulados sin explicar cómo se financiarán, qué mayorías necesitarán o qué sacrificios exigirán.

No todas las promesas incumplidas son iguales. Un Gobierno puede encontrarse con una crisis económica inesperada, perder una votación parlamentaria o descubrir que una medida produce efectos distintos de los previstos. En una democracia, cambiar de opinión no debería ser un delito político. Reconocer un error, corregir una decisión o abandonar una propuesta inviable puede ser una muestra de responsabilidad. Lo que resulta difícil de justificar es la ausencia de explicaciones, la reiteración de anuncios que nunca se concretan y la presentación de una misma medida como novedad cada vez que se acercan las urnas.

Hay, además, una diferencia esencial entre prometer algo difícil y prometer algo que no depende de quien lo anuncia. Un candidato puede comprometerse a impulsar una ley, pero no garantizar que el Parlamento la aprobará si carece de mayoría. Puede proponer una inversión, pero no presentar como dinero disponible unos recursos que todavía no existen. Puede anunciar una reforma, pero debería explicar sus plazos y las condiciones necesarias para llevarla a cabo. Cuando esas limitaciones se ocultan deliberadamente, el programa electoral deja de ser una orientación de gobierno para convertirse en una herramienta de propaganda.

El problema más profundo aparece cuando la experiencia acumulada deja de tener consecuencias electorales. Si un candidato incumple un compromiso, vuelve a presentarlo en la siguiente campaña y obtiene el mismo crédito que la primera vez, el incentivo para rendir cuentas se debilita. La promesa incumplida deja de ser un coste y se convierte en un recurso renovable. Basta con cambiar el lema, actualizar la cifra o atribuir el fracaso a los adversarios para volver a empezar.

Mamdani y Sánchez representan realidades políticas distintas, pero ambos permiten observar la tensión entre la ambición electoral y las restricciones del poder. El alcalde de Nueva York está descubriendo que gobernar obliga a reducir, negociar o aplazar algunas de las propuestas con las que llegó al cargo. El presidente español arrastra una hemeroteca de compromisos, rectificaciones y medidas pendientes que merece ser examinada antes de que los electores vuelvan a decidir.

La responsabilidad última corresponde a los votantes, pero no porque deban aceptar resignadamente que la política consiste en prometer y no cumplir. Al contrario: deben poder exigir explicaciones, comparar los programas con los resultados y distinguir entre quien reconoce las dificultades y quien utiliza las dificultades como excusa permanente.

Una democracia no puede exigir que todos los compromisos electorales se cumplan al pie de la letra, con independencia de las circunstancias. Sí puede exigir que los candidatos expliquen qué prometieron, qué hicieron, qué dejaron de hacer y por qué. Porque el voto no es un cheque en blanco ni una autorización para olvidar las palabras pronunciadas durante la campaña. Es un acto de confianza que debería renovarse a la vista de los hechos, no de la capacidad de un político para formular una nueva promesa.

La pregunta que queda en el aire es sencilla, ¿cuántas veces puede un dirigente pedir a los ciudadanos que crean en lo que promete sin rendir cuentas de lo que prometió antes? La respuesta no debería depender de su habilidad para ganar elecciones, sino de la memoria de quienes las deciden.