El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado la moción presentada por los grupos políticos de Coalición Canaria y Partido Popular para exigir al Gobierno de España que garantice la plena operatividad, cobertura efectiva y funcionamiento continuado del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote y La Graciosa, dos territorios que ocupan una posición estratégica en el ámbito marítimo de Canarias, España y la Unión Europea.
La iniciativa aprobada defiende que la realidad insular de Lanzarote y La Graciosa, su amplia franja litoral, su proximidad a rutas marítimas especialmente sensibles y la importancia que el mar tiene para su economía, su seguridad, la actividad pesquera, el transporte, el medio ambiente y la vida cotidiana de sus habitantes hacen imprescindible que el Estado garantice medios suficientes, plenamente operativos y coordinados para la vigilancia marítima.
El acuerdo recuerda que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior constituye una herramienta esencial para la detección temprana de embarcaciones, la vigilancia del litoral, el control de movimientos sospechosos y el apoyo a las actuaciones que desarrollan los distintos organismos competentes en el mar. No obstante, la moción subraya que el SIVE no debe entenderse únicamente como un instrumento de control fronterizo, sino como una infraestructura estratégica para la seguridad marítima integral.
En este sentido, el texto aprobado por el Pleno señala que la plena operatividad del sistema resulta imprescindible para la lucha contra el narcotráfico, la persecución de la pesca ilegal, el control de actividades ilícitas en el mar, la prevención del contrabando, la vigilancia de las costas, el apoyo a operaciones de salvamento y auxilio marítimo, la protección del litoral, la defensa de los recursos pesqueros y la mejora de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que puedan producirse en el entorno marítimo de Lanzarote y La Graciosa.
La moción pone de manifiesto que desde hace años se vienen denunciando deficiencias en la operatividad real del SIVE en Canarias y, particularmente, en Lanzarote. En este sentido, el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, Samuel Martín, afirmó que “Lanzarote y La Graciosa no pueden seguir esperando por una infraestructura de seguridad que resulta esencial para la protección de nuestras costas y para la defensa de intereses estratégicos que afectan directamente a nuestra economía, nuestro sector pesquero, nuestro medio ambiente y nuestra seguridad”.
Martín señaló que “el Estado tiene competencias claras en materia de seguridad pública, control de fronteras, vigilancia marítima, pesca marítima, régimen aduanero y lucha contra el narcotráfico y el contrabando, y por tanto también tiene la responsabilidad de garantizar que el SIVE funcione a pleno rendimiento”.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Ángel Vázquez, destacó que “la seguridad marítima no puede depender de soluciones provisionales ni de sistemas que no funcionen al cien por cien de sus capacidades. Lanzarote y La Graciosa necesitan una vigilancia eficaz, moderna y permanente que permita anticiparse a las amenazas y actuar con rapidez ante cualquier incidencia”.
Entre los acuerdos aprobados por el pleno cabildicio figura la exigencia al Gobierno de España de financiar íntegramente la puesta a pleno rendimiento del SIVE en Lanzarote y La Graciosa, incluyendo la reparación, sustitución, mantenimiento y actualización tecnológica de radares, cámaras térmicas, sensores, sistemas de comunicaciones, centros de control y demás herramientas necesarias para la vigilancia marítima, fronteriza, fiscal, aduanera y pesquera.
Del mismo modo, el Cabildo reclama el refuerzo de los medios humanos, materiales y técnicos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados a la vigilancia marítima y a la lucha contra el narcotráfico en ambas islas.
La iniciativa contempla además que, en caso de que el Estado no disponga de medios suficientes para garantizar de forma efectiva y continuada la vigilancia marítima en Lanzarote y La Graciosa, se promuevan, de acuerdo con el Gobierno de Canarias y dentro del marco legal vigente, los instrumentos jurídico-administrativos necesarios para permitir la participación coordinada de la Policía Canaria en funciones de apoyo, prevención, vigilancia del litoral, protección del medio marino, colaboración operativa y auxilio, siempre bajo la dirección y coordinación que legalmente corresponda y con financiación íntegra del Estado.