El senador de Coalición Canaria (CC), Pedro San Ginés, ha instado al Gobierno de España a aplicar con flexibilidad el reglamento de la UE sobre control pesquero para alcanzar los objetivos de la norma sin comprometer la supervivencia de la pesca canaria.En una moción registrada en la Comisión de Pesca del Senado, San Ginés ha trasladado al Estado la inquietud del sector pesquero canario y le ha pedido que, «ante la persistente desconfianza del sector en Canarias», defienda este enfoque ante la Unión Europea.

En un comunicado, el senador ha explicado que el reglamento -norma europea directamente aplicable y obligatoria en todos sus elementos- establece un sistema de control de la pesca orientado a objetivos de trazabilidad, control de capturas y lucha contra la pesca ilegal.

San Ginés ha advertido de que la aplicación práctica por parte de las autoridades nacionales del reglamento «está derivando en una interpretación restrictiva y rígida que no se desprende expresamente del propio texto».

«Esta situación conlleva la imposición de obligaciones diseñadas para flotas de gran escala, sin atender a las particularidades de las pequeñas embarcaciones que caracterizan al sector en el archipiélago», ha agregado.

En su solicitud, San Ginés ha insistido en que la pesca artesanal y de bajura constituye un elemento «esencial» del tejido económico, social y cultural de numerosas zonas costeras del Estado, pero especialmente en regiones como Canarias, donde es una actividad «estratégica» para el empleo, la cohesión territorial, la soberanía alimentaria y la preservación de prácticas pesqueras tradicionales de bajo impacto ambiental.

A juicio del senador de CC, en regiones ultraperiféricas como Canarias, las imposiciones planteadas por la UE tienen un efecto agravado debido a la fragmentación territorial, la lejanía del continente, las condiciones oceanográficas singulares y la estructura tradicional de la flota.

Y considera que esto «deriva en amenazas directas para su viabilidad económica, al incrementar los costes y complicar la actividad diaria, además de poner en riesgo la continuidad de muchas embarcaciones y el relevo generacional».

San Ginés ha considerado «especialmente preocupante» que esta aplicación restrictiva se esté produciendo «sin haber hecho un uso adecuado de las cláusulas de flexibilidad, adaptación y proporcionalidad que recoge el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) para atender las singularidades estructurales y permanentes de las RUP».

La moción insta al ejecutivo central a defender ante la Unión Europea una interpretación adaptada del reglamento europeo y le pide que revise la interpretación «excesivamente restrictiva» que se realiza actualmente del reglamento, con el fin de evitar la imposición de obligaciones adicionales que no estén claramente recogidas en la normativa europea y que resulten desproporcionadas para la realidad de las pequeñas embarcaciones artesanales.

Además, pide al gobierno central que garantice que las medidas de control, seguimiento y localización se adapten a la realidad operativa, técnica y económica de la pesca artesanal y de bajura, de modo que no se comprometan ni la seguridad marítima ni la continuidad de la actividad.

Y solicita que se refuerce el diálogo «permanente y efectivo» con los representantes de la pesca canaria, «incorporando sus aportaciones tanto en el desarrollo normativo como en la aplicación del reglamento, con el fin de corregir disfunciones y evitar impactos irreversibles».

San Ginés también ha pedido apoyo técnico y financiero «suficiente» a través de fondos europeos, estatales o autonómicos, para que las nuevas obligaciones de control puedan cumplirse.

 

 

 

EFE