Los nueve acusados de formar una organización que traía a migrantes desde las costas africanas a Canarias en pateras y falsificaba documentos para facilitar su viaje a territorio continental han aceptado penas de cárcel que oscilan entre cuatro años, para los dos supuestos cabecillas, y un año y tres meses.

Todos ellos han suscrito en la vista oral celebrada hoy lunes en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife sentencias de conformidad admitiendo que son responsables de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y de falsificación de documentos, en el caso de los dos principales responsables de la trama, hasta la fecha en situación de prisión preventiva.

Los siete restantes seguirán en libertad a condición de que no delincan durante los próximos cuatro años. Para todos ellos se ha tenido en cuenta el atenuante de haber reconocido su culpabilidad.

La vista oral tuvo la complejidad de que se tuvieron que hacer varias conexiones con distintos puntos de la Península en los lugares donde residen actualmente los procesados.

Los dos cabecillas conformaban la cúspide de una estructura criminal en la que participaban varios individuos de Marruecos conectados con redes que organizaban y concertaban la salida de pateras a las islas y de aquí a países de la Unión Europea.

Igualmente, asumían el transporte de sus pasaportes y documentos de identidad, a veces falsificados, por los que cobraban entre 600 y 1.000 euros, que se les devolvían una vez que llegaban a las islas, lo que les permitía luego moverse por territorio europeo.

Los dos principales encausados se mantenían en contacto constante por teléfono con miembros de las redes que organizaban los viajes desde África y concertaban los viajes, cuyo precio solía rondar los 4.000 euros.

También se les atribuye captar a menores acogidos en centros del archipiélago con el fin de que se fugaran a otros puntos de la UE, para lo cual les facilitaban documentos falsificados.

Para realizar estas funciones contaban con el apoyo de otros siete miembros de la organización que se encargaban de captar migrantes interesados en salir de Canarias y transportar los documentos originales para que no los llevaran encima las personas que iban en pateras.

En algunos casos, algunos de los acusados que estaban empadronados en España aportaban su propia documentación para que fuera utilizada por otras personas, cobrando una serie de tarifas, y se encargaban también de comprar los billetes.

La detención del principal encausado y otro más se llevó a cabo en el aeropuerto cuando con su documentación legítima intentaron llevar a tres personas con pasaporte falso.

La Fiscalía apunta que una vez captados los clientes y cobradas las tarifas, los principales encausados se encargaban de planificar “minuciosamente” los trayectos desde una agencia de viajes situada en Tenerife.

Con el fin de dificultar las detenciones, el principal responsable llegó a utilizar hasta cuatro identidades distintas en sus viajes a la Península.

Además, aconsejaban a sus clientes que no permanecieran juntos en el aeropuerto para pasar desapercibidos y no fueran vinculados entre ellos.

También se les facilitaba un apoyo para realizar el embarque, solucionar cualquier problema que surgiera durante este proceso y recuperaban la documentación falsificada para que pudiera volver a ser utilizada.

Constan como probados un viaje de los dos encausados con cinco personas, otros dos con ocho y los de varios de menores fugados de centros ubicados en las islas, todos ellos detenidos cuando iban a realizar los trayectos.

En la cuenta bancaria del principal encausado se encontraron casi 7.300 euros, en la del segundo 8.500 y en la de otro procesado, 5.300 euros procedentes de esta actividad ilegal, dinero que ha sido decomisado.

Inicialmente la Fiscalía solicitaba para los dos responsables principales la pena de ocho años por el delito contra el derecho de los extranjeros y cinco por falsificación de documentos, y a los restantes hasta seis años por el primer cargo.

EFE