El comisionado especial para la Economía Social, Jaime Iglesias Sánchez-Cervera, ha afirmado que el Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo técnico con las comunidades autónomas para habilitar la inscripción de las personas migrantes en los servicios públicos de empleo, paso previo para su contratación en empresas de inserción.
«Hemos llegado a un consenso con las comunidades para que las personas migrantes pendientes de un proceso de regularización puedan ser dadas de alta y así puedan acceder a trabajar en empresas de inserción», declaró Iglesias durante su intervención en la Jornada ‘Creación de estrategias para la inserción sociolaboral de personas migrantes’ celebrada en Teror (Gran Canaria).
El comisionado precisó que la medida se encuentra actualmente a la espera de los informes jurídicos de la Abogacía del Estado y de los departamentos autonómicos, y confió en que pueda hacerse oficial «a principios del próximo año».
Según adelantó, esta modificación no solo beneficiaría a personas migrantes, sino también a otros colectivos con dificultades administrativas, como víctimas de trata, solicitantes de protección internacional o personas en procesos de arraigo.
Según ha informado este martes en un comunicado la Asociación Incluye, organizadora del evento, la inserción laboral de las personas migrantes en Canarias está siendo frenada por la imposibilidad de inscribirse en el Servicio Canario de Empleo (SCE), «un requisito indispensable para poder ser contratadas por las empresas de inserción, incluso cuando ya cuentan con permiso de trabajo en vigor».
Durante su intervención, Iglesias también advirtió de que «Canarias puede convertirse en un laboratorio de cohesión, donde la economía social y la diversidad sean una oportunidad para construir comunidad y esperanza compartida».
El comisionado recordó que el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, impulsado por el Ministerio, ha movilizado más de 2.500 millones de euros y 4.400 proyectos en toda España, generando itinerarios de empleo digno y acompañamiento a personas vulnerables, incluidos los migrantes.
También avanzó que el Gobierno trabaja en la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que buscar elevar del 10 % al 15 % el porcentaje de reserva en la contratación pública para empresas de inserción.
Nieves Ramos, coordinadora del espacio sostenible Verode de la asociación Incluye, que impulsa oportunidades de trabajo digno para personas vulnerables en Gran Canaria, lamentó que actualmente no se considera la migración como una oportunidad.
«La inclusión no puede depender de la suerte o de la burocracia, sino de políticas reales que reconozcan la capacidad y el derecho de todas las personas a aportar al bien común», subrayó.
La directora de Economía Social del Gobierno Vasco, Elena Barredo, quien también participó en la jornada, destacó la importancia de construir una migración regulada y con derechos al afirmar que «si queremos mantener nuestro nivel de desarrollo y nuestro estado de bienestar, vamos a necesitar a las personas migrantes. Pero una migración basada en el respeto a los derechos humanos, una migración decente».
La responsable vasca destacó la relevancia de las empresas de inserción como puentes entre la formación y el empleo con derechos, y que el Gobierno de Euskadi ha destinado más de 16 millones de euros en 2025 a apoyar estas entidades, que considera «una política imprescindible de integración».
Entre las propuestas surgidas del encuentro, que reunió a representantes de la Administración, del tercer sector y del ámbito empresarial, se señalaron tres líneas de actuación prioritarias: simplificar y agilizar los procesos de inscripción en los servicios de empleo para personas migrantes con permiso de trabajo, fortalecer las empresas de inserción como motores de integración sociolaboral, y coordinar administraciones, sindicatos y entidades sociales para eliminar barreras estructurales de acceso al empleo.
EFE