El consejero del Grupo Mixto del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Armando Santana, logró sacar adelante el pasado viernes una moción para exigir explicaciones y medidas urgentes que garanticen la seguridad del servicio de control aéreo del aeropuerto César Manrique-Lanzarote.
La propuesta contó con el respaldo de todos los grupos políticos de la Corporación, excepto el PSOE, que votó en contra. Santana defendió la necesidad de actuar ante las advertencias sobre posibles deficiencias en el servicio y el incidente ocurrido el 29 de septiembre de 2026, cuando una aeronave de Iberia Express accedió a la pista mientras un avión de Ryanair todavía se encontraba aterrizando, un suceso que investiga AESA.
«La seguridad aérea de Lanzarote y La Graciosa no puede depender de la incertidumbre ni de la falta de información. Tenemos la obligación de exigir explicaciones y garantizar que nuestro aeropuerto dispone de todos los medios necesarios para funcionar con seguridad», manifestó Santana durante la defensa de la iniciativa.
La moción pone especial atención en las advertencias de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que ha señalado que la torre de Lanzarote contaría con 14 controladores frente a los 22 contemplados, según el sindicato, en la última licitación.
Por ello, se exige a SAERCO información oficial sobre la plantilla real, las necesidades de personal, los turnos, la cobertura de ausencias y las medidas para prevenir la fatiga.
Entre los acuerdos aprobados también se insta a AESA a informar sobre la investigación y valorar medidas preventivas urgentes; a Aena a explicar los procedimientos de seguridad y prevención de incursiones en pista; y a todas las entidades implicadas a evaluar los posibles factores humanos, técnicos y organizativos.
Además, se solicita una reunión institucional con AESA, Aena, SAERCO y los representantes sindicales para abordar la situación y establecer mecanismos de seguimiento.
«No quiero que esta moción se quede en una declaración institucional. Quiero respuestas, documentación y compromisos concretos. Lanzarote no puede permitirse que un asunto de esta importancia quede sin resolver», concluyó Armando Santana. Los acuerdos serán trasladados a las administraciones y entidades competentes, solicitándoles información sobre las actuaciones realizadas o previstas en un plazo de dos meses.