El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución sobre la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio en la que reclama un refuerzo urgente de las fronteras exteriores de la Unión, exige mayor cooperación a Marruecos y afirma que cualquier cuestionamiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla resulta incompatible con la relación que el país mantiene con la Unión Europea.
La resolución salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. El texto no tiene carácter vinculante, pero supone un respaldo político de la Eurocámara a Ceuta y fija la posición de una mayoría de los eurodiputados sobre una crisis que llevó a decenas de miles de personas a intentar entrar en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio.
Uno de los puntos más controvertidos del documento es la referencia a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno español. La Eurocámara sostiene que este tipo de medidas puede generar un efecto de atracción sobre nuevos intentos de entrada irregular y pide que las políticas nacionales tengan en cuenta sus posibles consecuencias sobre el resto de Estados miembros y sobre el espacio Schengen. Se trata de una valoración política recogida en la resolución, no de una conclusión judicial sobre la causa de la crisis de Ceuta.
El Parlamento Europeo también denuncia la utilización de los movimientos migratorios como instrumento de presión sobre un Estado miembro y califica la instrumentalización de la migración irregular como una posible herramienta de guerra híbrida. La resolución, sin embargo, no establece que Marruecos organizara directamente la entrada masiva ni atribuye formalmente al Gobierno marroquí la responsabilidad de los acontecimientos. La investigación sobre lo ocurrido continúa abierta y las autoridades españolas tampoco han presentado hasta ahora una conclusión definitiva sobre quién estuvo detrás de la movilización.
Entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas intentaron alcanzar Ceuta desde territorio marroquí. Las primeras estimaciones oficiales situaron la cifra por encima de las 50.000 entradas, mientras que los balances posteriores han elevado el volumen total hasta aproximadamente 70.000-80.000 personas.
La magnitud del episodio desbordó la capacidad de acogida de la ciudad y provocó una emergencia humanitaria en la frontera. El Parlamento Europeo expresa en su resolución su pesar por las 141 personas fallecidas durante aquellos acontecimientos y sostiene que esas muertes podrían haberse evitado.
La crisis tuvo además una dimensión de seguridad y de gestión fronteriza. El Parlamento reclama que España pueda disponer con rapidez de los fondos de emergencia europeos y de los recursos de las agencias comunitarias, al tiempo que pide reforzar las capacidades de Frontex y aumentar la financiación destinada a la protección de las fronteras exteriores.
La situación sigue teniendo consecuencias en Ceuta casi dos meses después de la entrada masiva.
La Comisión Europea ya había señalado esta semana que una de las prioridades era encontrar una solución urgente que permitiera el retorno a Marruecos de quienes cruzaron irregularmente. El Gobierno español comunicó el pasado domingo que más de 5.300 personas habían regresado al país vecino desde el 10 de agosto. Al mismo tiempo, alrededor de un centenar de migrantes había renunciado a sus solicitudes de asilo.
La resolución aprobada este jueves insiste en esa línea y pide a España y Marruecos que intensifiquen la cooperación para la devolución y readmisión de las personas que llegaron durante la crisis. También reclama que quienes no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario sean retornados con rapidez, siempre dentro del Derecho europeo e internacional.
El texto recuerda además que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo es plenamente aplicable desde el 12 de junio de 2026 y reclama a España que utilice de forma efectiva las herramientas que proporciona ese marco comunitario.
La parte más explícita hacia Marruecos aparece en el capítulo dedicado a la cooperación con los países vecinos.
La Eurocámara reclama a las autoridades marroquíes que cumplan sus compromisos en materia de control migratorio, lucha contra el tráfico de personas y readmisión de quienes entren irregularmente en territorio europeo. Y vincula esa cooperación al respeto de la integridad territorial de los Estados miembros.
El documento señala expresamente que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas y sostiene que cualquier declaración que cuestione la soberanía española sobre ambas ciudades resulta incompatible con las obligaciones derivadas de la relación de Marruecos con la Unión Europea.
La resolución también plantea que la cooperación europea con terceros países debe estar vinculada a resultados efectivos en ámbitos como el control de fronteras, la lucha contra las redes de tráfico de migrantes y la readmisión.
La aprobación de la resolución europea se produce mientras siguen analizándose las circunstancias que precedieron a la entrada masiva.
El Gobierno español ha hecho públicos decenas de documentos elaborados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia. El análisis realizado por RTVE apunta a la existencia de al menos 18 avisos relacionados con la posible llegada masiva de migrantes, incluido uno fechado el 8 de julio y otros durante los propios días 30 y 31.
También se han difundido imágenes verificadas de la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en Castillejos. La documentación disponible muestra la intervención de la policía marroquí durante la crisis, aunque las investigaciones y las fuentes consultadas no permiten establecer por sí solas una conclusión definitiva sobre el papel que pudieron desempeñar las autoridades del país vecino en la movilización.
La resolución aprobada ahora por el Parlamento Europeo evita, precisamente, atribuir directamente a Rabat la organización de la entrada masiva. Su mensaje se centra en reclamar cooperación, control fronterizo y respeto a la soberanía de los Estados miembros.
Ceuta queda así en el centro del debate europeo sobre la protección de las fronteras exteriores, mientras España y Marruecos afrontan todavía las consecuencias de una crisis que dejó 141 muertos, decenas de miles de entradas irregulares y una ciudad obligada a mantener un dispositivo extraordinario de acogida y retorno.