El Gobierno de Canarias ha presentado hoy a la Comisión de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias el proyecto de actualización de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, una reforma que busca adaptar la normativa a las nuevas necesidades del Archipiélago, agilizar la elaboración de los instrumentos de ordenación y reforzar la protección del territorio.

Durante su intervención, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha agradecido el trabajo realizado por los cabildos insulares y sus equipos técnicos a lo largo del proceso de análisis y elaboración de la propuesta, así como su participación en los espacios de debate previos.

La Ley del Suelo de 2017 supuso un cambio sustancial en la forma de ordenar y proteger el territorio de Canarias, a partir de tres principios fundamentales: simplificación, racionalización y seguridad jurídica. Desde su entrada en vigor, ha permitido impulsar 250 modificaciones del planeamiento municipal y más de una treintena de modificaciones de los instrumentos de planificación insular.

“Nueve años después de su aprobación, el Gobierno considera necesario actualizarla para incorporar los cambios normativos producidos desde entonces, especialmente en materia de cambio climático y vivienda, y responder a nuevos objetivos relacionados con el acceso a la vivienda, el reto demográfico, la cohesión territorial y la renovación urbana”, ha señalado Miranda.

La actualización es el resultado de un proceso de análisis y participación iniciado en noviembre de 2023, con motivo del congreso de ACADUR, que se prolongó hasta 2025. Durante este periodo se celebraron 17 foros, dos de ellos específicamente dedicados a los cabildos insulares, con la participación de más de 700 profesionales y expertos.

Entre los participantes figuraron cerca de 300 empleados públicos de los ayuntamientos y 40 técnicos de las corporaciones insulares. En febrero de 2025, la propuesta se presentó a la Federación Canaria de Islas (FECAI).

El texto mantiene la estructura y las piezas fundamentales de la ley vigente para facilitar su integración y preservar la seguridad jurídica. La actualización conserva los elementos esenciales relativos al régimen del suelo, los instrumentos de ordenación, la ejecución del planeamiento y las potestades administrativas para garantizar la legalidad urbanística.

Uno de los principales objetivos de la reforma es avanzar hacia un modelo urbanístico de contención, que priorice la transformación y renovación de los espacios ya urbanizados frente a la expansión sobre nuevos suelos.

Para ello, el proyecto contempla elevar del 10 % al 15 % el aprovechamiento objeto de cesión obligatoria en el suelo urbanizable y exigir la desclasificación de una superficie equivalente de suelo cuando se clasifique nuevo suelo urbanizable.

Asimismo, se pretende impulsar las actuaciones de reforma y renovación de la urbanización destinadas a la construcción de vivienda protegida y establecer un tratamiento menos gravoso para el suelo urbano que para el urbanizable, favoreciendo las intervenciones sobre la ciudad consolidada.

La propuesta también reafirma que en los suelos ambientales pueden desarrollarse aquellos usos y actividades que resulten compatibles con los valores que se pretende proteger.

La reforma persigue reducir los tiempos y trámites necesarios para elaborar y aprobar los instrumentos de ordenación, mediante la reducción de los plazos para emitir informes, realizar consultas y desarrollar los periodos de información pública, así como la simplificación de la documentación exigida y la eliminación de trámites que no resulten imprescindibles.

En el ámbito de la cooperación entre administraciones, el proyecto reduce a la mitad los plazos de emisión de informes en los supuestos de actuaciones de relevancia territorial.

También plantea agilizar la tramitación de licencias y aportar mayor seguridad jurídica, al precisar que los supuestos de silencio administrativo negativo serán los que determine la legislación básica estatal.

La actualización incorpora, además, medidas para reforzar la protección del territorio y la disciplina urbanística, ampliando los plazos de actuación de la Administración para evitar la prescripción de infracciones y aumentando la cuantía mínima de las sanciones.

El Gobierno ha recordado que esta reforma se suma a distintas iniciativas normativas adoptadas durante la legislatura para facilitar la gestión urbanística y responder a necesidades concretas.

Entre ellas figuran el Decreto 1/2024, para impulsar la rehabilitación de viviendas inacabadas; el Decreto 5/2024, dirigido a facilitar el desarrollo de energías renovables, especialmente el autoconsumo; las medidas incluidas en los Presupuestos de 2025 para los municipios afectados por el reto demográfico; el Decreto 3/2025, para acelerar las licencias y la construcción de vivienda; el Decreto 6/2025, para evitar la caducidad de instrumentos de ordenación, y el Decreto 1/2026, que incorpora aclaraciones solicitadas por los ayuntamientos sobre los usos provisionales y el régimen de las edificaciones consolidadas.

El Ejecutivo defiende que la actualización permite profundizar en los principios de simplificación y seguridad jurídica sin menoscabar las garantías legales y, al mismo tiempo, reforzar la protección del territorio.

Por todo ello, Miranda ha solicitado el respaldo de los cabildos insulares a la propuesta y ha reiterado su agradecimiento por la colaboración de las corporaciones insulares y sus equipos técnicos durante el proceso de análisis y debate.