Comunicado íntegro de Unidos por Lanzarote y La Graciosa:
Unidos por Lanzarote y La Graciosa denuncia la preocupante situación de la aplicación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en los siete municipios de Lanzarote y exige a todos sus ayuntamientos que demuestren, con documentos, presupuestos y resultados, que están cumpliendo las obligaciones que les impone la legislación estatal.
La formación considera que ha llegado el momento de poner fin a una contradicción institucional que resulta difícilmente justificable ante la ciudadanía: administraciones que exigen a los vecinos el cumplimiento de las normas bajo amenaza de sanciones económicas, mientras no acreditan que ellas mismas estén cumpliendo íntegramente sus propias obligaciones.
Las recientes declaraciones de algún concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento han puesto sobre la mesa un problema que Unidos por Lanzarote considera de alcance insular.
El concejal reconoció que aplicar todas las exigencias de la Ley de Bienestar Animal en un solo ejercicio presupuestario resultaría económicamente inviable para su Ayuntamiento.
Para Unidos por Lanzarote, estas manifestaciones merecen una respuesta que va mucho más allá del municipio de Teguise.
¿Qué sucede en Arrecife, Tías, San Bartolomé, Yaiza, Tinajo y Haría? ¿Pueden sus alcaldes y concejales demostrar que cumplen al cien por cien las obligaciones que les corresponden? ¿Dónde están los censos, los programas, las esterilizaciones, los protocolos, los presupuestos y las evaluaciones públicas?
Desde nuestra formación no aceptamos que la falta de recursos económicos se utilice como justificación permanente para aplazar las responsabilidades de las instituciones, mientras los ciudadanos continúan sujetos a exigencias y posibles sanciones.
SIETE AYUNTAMIENTOS, UNA MISMA LEY Y LAS MISMAS OBLIGACIONES
La Ley 7/2023 establece responsabilidades concretas para las administraciones locales, particularmente en materia de gestión de colonias felinas.
No estamos hablando de actuaciones voluntarias ni de iniciativas que puedan depender exclusivamente de la voluntad política de cada concejal.
Hablamos de obligaciones legales que incluyen, dentro del ámbito competencial correspondiente:
* La elaboración e implantación de programas de gestión de colonias felinas.
* El censo y control poblacional de gatos comunitarios.
* La identificación mediante microchip y la esterilización de estos animales.
* La atención sanitaria y los programas veterinarios correspondientes.
* La elaboración de protocolos de actuación en propiedades privadas.
* La prevención y resolución de conflictos vecinales.
* Las campañas de formación, información y concienciación ciudadana.
* La evaluación y comunicación de resultados y el seguimiento de las actuaciones realizadas.
Unidos por Lanzarote exige a los siete ayuntamientos que acrediten públicamente el grado de cumplimiento de cada una de estas obligaciones.
Porque no basta con anunciar campañas, celebrar jornadas, hacerse fotografías con animales o realizar declaraciones institucionales sobre el bienestar animal.
EL BIENESTAR ANIMAL NO SE DEMUESTRA CON FOTOGRAFÍAS NI CON DISCURSOS. SE DEMUESTRA CUMPLIENDO LA LEY.
¿CON QUÉ AUTORIDAD MORAL MULTAN A LOS CIUDADANOS?
Unidos por Lanzarote plantea una cuestión que considera fundamental para la credibilidad de las instituciones públicas.
¿Cómo puede una administración sancionar a un vecino por cuestiones relacionadas con sus animales, las molestias, los ruidos o la convivencia, si esa misma administración no ha adoptado las medidas que legalmente le corresponden para prevenir y resolver determinados conflictos?
¿Cómo puede un ciudadano verse obligado a soportar las consecuencias de colonias felinas deficientemente gestionadas, la entrada de gatos en propiedades privadas o los problemas de convivencia derivados de situaciones que requieren intervención municipal?
¿Es razonable exigir responsabilidades exclusivamente al vecino cuando la propia administración puede haber contribuido al problema por falta de actuación?
NO PUEDE HABER MANO DURA PARA LOS CIUDADANOS Y MANO BLANDA PARA LAS ADMINISTRACIONES.
Por ello, Unidos por Lanzarote propone que los siete ayuntamientos adopten un compromiso público de abstenerse de promover sanciones por situaciones directamente originadas por deficiencias de gestión municipal, siempre que la legislación permita esa actuación.
Asimismo, reclamamos que se revisen los expedientes en los que existan indicios de inactividad administrativa, falta de respuesta a denuncias vecinales o ausencia de medidas municipales que hayan contribuido a los hechos sancionados.
Esta propuesta no pretende dejar sin protección a los animales ni permitir situaciones de abandono, maltrato o peligro. Pretende impedir que los vecinos terminen pagando las consecuencias de posibles incumplimientos de quienes tienen la obligación de gestionar los servicios públicos.
LA RESPONSABILIDAD NO PUEDE RECAER SIEMPRE SOBRE EL MISMO: EL CIUDADANO.
EL CABILDO DE LANZAROTE TAMBIÉN DEBE ASUMIR SU PAPEL
Unidos por Lanzarote extiende igualmente esta exigencia al Cabildo Insular.
La Ley 7/2023 contempla que las administraciones locales puedan recabar apoyo de los cabildos para el cumplimiento de sus obligaciones.
Por tanto, la institución insular debe ejercer un papel activo de cooperación, asistencia técnica y coordinación, dentro de sus competencias.
No podemos aceptar que cada municipio afronte aisladamente un problema que afecta al conjunto de Lanzarote y La Graciosa.
Reclamamos un verdadero plan insular de apoyo al cumplimiento de la legislación, con financiación, colaboración veterinaria, criterios homogéneos y seguimiento público de resultados.
NO NECESITAMOS MÁS REUNIONES PARA HABLAR DE BIENESTAR ANIMAL. NECESITAMOS SABER CUÁNTO SE INVIERTE, QUÉ SE ESTÁ HACIENDO Y QUÉ RESULTADOS SE CONSIGUEN.
UNIDOS POR LANZAROTE EXIGE RESPONSABILIDADES Y TRANSPARENCIA
Nuestra formación anuncia que solicitará formalmente a los siete ayuntamientos de Lanzarote información sobre sus programas de gestión de colonias felinas, censos, presupuestos, contratos veterinarios, actuaciones realizadas, protocolos de conflictos vecinales y evaluaciones de cumplimiento.
Asimismo, reclamará información sobre los procedimientos sancionadores relacionados con animales y convivencia, mediante datos estadísticos que permitan conocer su volumen, naturaleza y resultado, respetando la protección de datos personales.
El objetivo es sencillo: comprobar documentalmente hasta qué punto cada administración está cumpliendo lo que exige a sus ciudadanos.
Si existen incumplimientos, exigiremos su corrección y estudiaremos las vías administrativas y legales procedentes para reclamar responsabilidades.
«LOS ALCALDES NO ESTÁN POR ENCIMA DE LA LEY»
El presidente de Unidos por Lanzarote y La Graciosa, Laureano Álvarez Delgado, expresa la posición de la formación:
«Los siete alcaldes de Lanzarote tienen que entender algo muy sencillo: la Ley de Bienestar Animal también es para ellos. No pueden utilizar la ley para exigir y sancionar a los vecinos mientras se excusan en la falta de presupuesto para cumplir sus propias obligaciones».
«¿Con qué cara se le impone una multa a un ciudadano que tiene problemas con sus animales o con la convivencia vecinal, cuando el Ayuntamiento no ha sido capaz de solucionar situaciones que son de su competencia? ¿Quién multa al Ayuntamiento cuando incumple? ¿Quién exige responsabilidades al alcalde o al concejal que no hace su trabajo?»
Y añade: «No vamos a aceptar que la Administración se convierta en una maquinaria sancionadora mientras los vecinos siguen esperando soluciones. Si se exige el cien por cien de cumplimiento al ciudadano, debe exigirse también el cien por cien a quienes gobiernan».
Unidos por Lanzarote recuerda que el bienestar animal debe ser compatible con el derecho de los ciudadanos al descanso, a la tranquilidad, a la seguridad y al disfrute de sus propiedades.
La protección de los animales y los derechos de las personas no deben enfrentarse. Corresponde a las administraciones adoptar medidas eficaces para garantizar ambos.
UNA ÚLTIMA PREGUNTA A LOS SIETE ALCALDES
Desde Unidos por Lanzarote y La Graciosa dirigimos una pregunta pública a los responsables de Arrecife, Teguise, Tías, San Bartolomé, Yaiza, Tinajo y Haría:
¿PUEDEN GARANTIZAR Y DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE QUE SUS AYUNTAMIENTOS CUMPLEN ÍNTEGRAMENTE LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL?
Si la respuesta es afirmativa, que publiquen la documentación.
Si la respuesta es negativa, que expliquen qué obligaciones tienen pendientes, por qué no se han cumplido y cuándo piensan hacerlo.
Y mientras tanto, que revisen sus políticas sancionadoras para evitar que ningún ciudadano sea castigado injustamente por las consecuencias de una gestión municipal deficiente.
PORQUE LAS LEYES NO SE HICIERON SOLO PARA MULTAR A LOS VECINOS. TAMBIÉN SE HICIERON PARA OBLIGAR A LOS GOBERNANTES A CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES.
UNIDOS POR LANZAROTE Y LA GRACIOSA
La misma ley para todos. Las mismas exigencias para todos. Y las mismas responsabilidades ante su incumplimiento.