Canarias convive con los volcanes desde mucho antes de que sus habitantes aprendieran a ponerles nombre, levantar pueblos sobre sus laderas o convertir sus paisajes en una de las principales señas de identidad del Archipiélago. La erupción de La Palma de 2021, que mantuvo la lava avanzando durante 85 días y obligó a evacuar a miles de personas, dejó una lección difícil de olvidar sobre la distancia que puede separar la normalidad de una emergencia. Ahora, el Gobierno de España ha puesto cifras a esa realidad en una nueva normativa de Protección Civil que sitúa en el 77,69% la probabilidad de que se produzca al menos una erupción volcánica en Canarias durante los próximos 50 años.

El porcentaje aparece en la Orden INT/1071/2026, publicada el sábado 10 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, que recoge el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 6 y establece la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico. La disposición, que produce efectos desde este domingo, sustituye a la normativa estatal aprobada en 1996 y actualiza los criterios que deberán seguir las administraciones para organizar la prevención y la respuesta ante futuras emergencias. El documento oficial puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado.

Conviene detenerse en la cifra antes de convertirla en una amenaza inmediata. Ese 77,69% se refiere al conjunto del Archipiélago y a un periodo de medio siglo, no a una isla concreta ni a una erupción que esté a punto de comenzar. Tampoco significa que exista un calendario geológico capaz de anunciar el próximo episodio. El BOE expresa esa estimación como un tiempo de recurrencia estadística de 33 años, una referencia matemática que no debe confundirse con la obligación de que se produzca una erupción cada tres décadas. La propia norma establece un umbral del 5% en 50 años para delimitar los territorios sometidos a esta directriz y señala que Canarias es la única zona del territorio nacional que supera ese criterio, frente al 1,09% estimado para el campo volcánico de La Garrotxa, en Cataluña.

La importancia de la disposición no reside únicamente en el porcentaje, sino en lo que las administraciones deberán hacer con él. La nueva directriz fija requisitos mínimos para elaborar los planes especiales de Protección Civil y exige mejorar la cartografía de peligrosidad y riesgo, los procedimientos de vigilancia y los sistemas de alerta temprana. También obliga a contemplar distintos escenarios eruptivos y sus posibles consecuencias sobre viviendas, carreteras, infraestructuras, servicios esenciales y actividades económicas, además de prever zonas de seguridad, evacuaciones y mecanismos de coordinación entre los organismos responsables.

El riesgo volcánico, además, no termina en la imagen de una colada de lava avanzando sobre una carretera o sepultando una vivienda. Los planes deberán considerar la caída de cenizas, la emisión de gases, los terremotos, los desprendimientos y la deformación del terreno, así como otros efectos indirectos que pueden comprometer la seguridad de la población, la agricultura, el abastecimiento de agua o las comunicaciones. La norma incorpora también la planificación ante posibles erupciones submarinas y sus consecuencias sobre las zonas costeras y las actividades marítimas, con atención a las distintas fases de una crisis, desde los primeros indicios hasta la recuperación posterior.

En un territorio fragmentado en ocho islas habitadas, con diferencias geológicas, poblacionales y de comunicaciones, la planificación no puede limitarse a un documento general guardado en un despacho. La directriz establece que deben tenerse en cuenta las particularidades insulares y municipales, así como la población temporal, un factor especialmente relevante en Canarias por el peso del turismo. La preparación de una evacuación, por ejemplo, exige conocer las vías disponibles, los recursos de transporte, las zonas de acogida y la capacidad de mantener servicios básicos cuando una emergencia obliga a alterar la vida cotidiana de una localidad entera.

El Archipiélago dispone ya de un marco autonómico para responder a estas situaciones a través del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, conocido como PEVOLCA. El Gobierno de Canarias explica que este instrumento coordina la actuación de las administraciones y los servicios que intervienen ante crisis sismovolcánicas, incluidas las que pueden derivar en erupciones terrestres o submarinas. La nueva directriz estatal establece ahora los requisitos básicos que deberán orientar la planificación, mientras que el Ejecutivo autonómico, los cabildos y los ayuntamientos tendrán que desarrollar sus respectivas actuaciones dentro de sus competencias. El propio portal de Emergencias del Gobierno de Canarias recoge la función coordinadora del PEVOLCA y la documentación del plan.

La actualización llega después de la experiencia acumulada en las últimas erupciones registradas en España y obliga a incorporar los avances técnicos y las lecciones aprendidas en la preparación de futuras emergencias. La planificación deberá atender tanto a la exposición de las personas y los bienes como a la vulnerabilidad de cada territorio, dos factores que determinan en buena medida las consecuencias de un fenómeno natural. Disponer de mapas más precisos, procedimientos claros y mecanismos de alerta eficaces no impide que un volcán entre en erupción, pero puede mejorar la capacidad de anticiparse a sus efectos y reducir los daños.

La publicación de la norma no supone que se haya activado una alerta volcánica en Canarias ni que los servicios de emergencia hayan detectado una erupción inminente. Se trata de una actualización preventiva que entra en vigor en un territorio donde el volcanismo forma parte de su historia geológica y donde la última gran erupción de La Palma demostró hasta qué punto la preparación previa condiciona la respuesta cuando el terreno comienza a cambiar. La nueva directriz fija las reglas generales; el desafío será trasladarlas a planes concretos, adaptados a cada isla y municipio, y garantizar que las instituciones y la población sepan qué hacer cuando la vigilancia científica advierta de que la amenaza ha dejado de ser una posibilidad estadística.