El Grupo Parlamentario Popular exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que refuerce su respuesta ante la presión migratoria que soporta Canarias con más medios humanos, materiales y tecnológicos para el control de las fronteras, una mayor cooperación con los países de origen y tránsito y mecanismos eficaces de acogida, traslado y retorno.

El diputado popular, Jacob Qadri, defenderá esta iniciativa en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias, con la que el PP reclama una actuación estatal coordinada, estable y adaptada a la realidad geográfica e insular del archipiélago.

Qadri advierte de que “la condición insular de Canarias determina que las consecuencias de los movimientos migratorios tengan una incidencia particular sobre el territorio” y subraya que “la capacidad de determinados recursos de acogida, atención y protección es necesariamente limitada”.

Por ello, el parlamentario considera imprescindible que el Estado disponga de mecanismos flexibles que permitan anticiparse a los repuntes migratorios y evitar la saturación de los servicios de atención y protección.

Como expone Qadri, “la respuesta estatal debe, en definitiva, reconocer que la presión migratoria que soporta Canarias constituye una realidad con dimensión nacional y europea y que su gestión no puede descansar exclusivamente sobre la capacidad de respuesta de un territorio insular y fragmentado”.

Hasta el 30 de septiembre de 2026 habían llegado a Canarias por vía marítima 7.133 personas en 95 embarcaciones. Solo en septiembre llegaron 1.970, un 173 % más que en el mismo mes de 2025. Aunque el acumulado del año sigue por debajo del de 2025, esa distancia se ha recortado, y a día de hoy, el total ronda ya las 8.000 llegadas. Hay motivos para preocuparse y prevenir.

La iniciativa plantea reforzar los medios destinados a la vigilancia y el control de las fronteras exteriores, como las Fuerzas Armadas o el Frontex, así como las capacidades operativas de los organismos estatales que intervienen en la gestión migratoria.

Así, el parlamentario recuerda la llamada ‘Operación Noble Centinela’ en 2006, activada por un gobierno del PSOE, en la que por la crisis de los cayucos el Estado desplegó de forma coordinada a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas y al Frontex y reforzó la cooperación de los países africanos. Se salvaron más de 10.000 vidas y se redujo la presión migratoria en un 60%.

También reclama intensificar la cooperación con los países de origen y tránsito para prevenir las salidas irregulares, mejorar el intercambio de información y combatir a las organizaciones criminales que se lucran con la vulnerabilidad de las personas migrantes.

En este sentido, Jacob Qadri señala que “la lucha contra las mafias y las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas requiere un refuerzo de las capacidades de investigación, inteligencia y cooperación internacional”.

El diputado del Grupo Popular defiende que la protección de la vida humana debe ser prioritaria y que las operaciones de salvamento y la atención humanitaria deben contar con recursos suficientes. “La prioridad inmediata ante cualquier llegada por vía marítima debe ser la protección de la vida humana”.

No obstante, destaca que esta respuesta debe complementarse con una política de control fronterizo eficaz y con procedimientos que permitan ejecutar los retornos cuando legalmente corresponda, respetando las garantías previstas en la legislación española y europea.

Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Popular sostiene que Canarias necesita una respuesta estatal planificada y permanente, capaz de combinar la protección de las personas, la lucha contra las mafias y el control de las fronteras.

“Garantizar una respuesta suficiente, coordinada y estable permitirá atender las obligaciones humanitarias y legales derivadas de las llegadas y asegurar que el archipiélago disponga de los medios necesarios para afrontar una situación que excede de su ámbito territorial”, concluye.