Nuetro país vecino, Francia, arde y Bernard-Henri Lévy teme que el fuego termine devorando algo más importante que los edificios, los escaparates y el mobiliario urbano. El filósofo francés, entrevistado en esya semana turbulenta por Tunku Varadarajan para The Wall Street Journal, contempla con angustia la sucesión de disturbios que sacuden su país y advierte de que la fractura política ha alcanzado un punto en el que la convivencia empieza a parecer una aspiración demasiado ambiciosa. No habla únicamente de orden público, sino de la posibilidad de que una sociedad pierda los vínculos que permiten a sus ciudadanos reconocerse como integrantes de una misma comunidad.
Su diagnóstico tiene nombres propios en el país galo. Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon representan, a su juicio, dos expresiones distintas de un populismo que se alimenta de la misma enfermedad, la sustitución del adversario por el enemigo y la transformación de la política en una confrontación en la que cualquier concesión se interpreta como una derrota. Lévy teme que las elecciones presidenciales francesas terminen convertidas en un duelo entre dos extremos y que el espacio moderado, incapaz de ofrecer una alternativa convincente, desaparezca bajo los golpes de una polarización que se retroalimenta.
La preocupación del filósofo francés no se limita a las urnas, considera que las protestas que comenzaron con reivindicaciones estudiantiles relacionadas con las condiciones de la enseñanza se han extendido, según relata el artículo, hasta desembocar en episodios de violencia, saqueos e incendios. El ataque contra el ayuntamiento de Limoges, destruido por las llamas, representa para Lévy una imagen mucho más que maetafórica de la degradación que atraviesa Francia. No se trata únicamente de una institución dañada, sino de un símbolo de la República, de esa casa común en la que los ciudadanos se casan, votan y participan.
El paralelismo con España no exige trasladar mecánicamente las escenas francesas a nuestras calles. No estamos obligados a encontrar un ayuntamiento incendiado para reconocer que existe un problema ciertamente similar cuando la confrontación política invade todos los ámbitos de la vida pública y convierte cualquier discrepancia en una prueba de lealtad a uno u otro bando. La semejanza más inquietante se encuentra en la lógica que alimenta el enfrentamiento, en la dificultad para reconocer legitimidad al contrario y en la tentación de interpretar cada crisis como una oportunidad para debilitar al adversario, aunque el deterioro alcance a las instituciones que todos necesitan.
España, a estas alturas, conoce bien esa dinámica pues el debate político se desarrolla con frecuencia bajo la sospecha permanente, entre acusaciones que desbordan la discusión sobre las decisiones concretas y estrategias que parecen conceder más importancia al desgaste del contrario que a la búsqueda de soluciones. El Gobierno y la oposición se reprochan mutuamente la degradación de la convivencia, mientras cada bloque encuentra en los errores del otro una justificación para elevar el tono. La consecuencia es una conversación pública cada vez más ruidosa y áspera, en la que la discrepancia deja de ser una parte normal de la democracia y empieza a presentarse como una amenaza para el país y, lo que es peor, en el día a día que observa la ciudadanía.
Pedro Sánchez reconoció el carácter bronco del Parlamento en su declaración institucional del pasado 5 de octubre, al lamentar que algunos confundan bloquear con ganar. La frase describe una contradicción que va mucho más allá de una sesión parlamentaria. En un sistema democrático, la oposición tiene derecho a combatir al Gobierno y el Ejecutivo a defender sus decisiones, pero ninguna de esas funciones debería confundirse con la destrucción de los mecanismos que permiten alcanzar acuerdos o aceptar una derrota. Cuando la victoria del adversario se considera intolerable por definición, la política pierde su condición de instrumento para organizar la convivencia y se transforma en una lucha sin término.
Lévy llama metapolítica a esa amenaza porque considera que el problema ha dejado de situarse exclusivamente en el terreno de los programas, los partidos y las mayorías parlamentarias. Lo que está en juego, sostiene el galo, es el propio vínculo social. Su temor es que una parte de la sociedad termine instalada definidamente en una rabia sin horizonte ni esperanza, incapaz de imaginar un futuro compartido y dispuesta a destruir las reglas comunes antes que aceptar una realidad que no se ajusta a sus expectativas. La política deja entonces de discutir qué sociedad se quiere construir y empieza a poner en cuestión la posibilidad misma de seguir viviendo juntos, transportándonos y dejándonos caer de bruces en los convulsos años previos a nuestra manida guerra civil y, precisamente eso, es lo preocupante.
En España, esa advertencia debería servir para examinar con serenidad la responsabilidad de quienes intervienen en la vida pública. No basta con denunciar la polarización cuando la alimenta el adversario, ni con invocar la convivencia mientras se convierte al discrepante en una figura moralmente inaceptable. La responsabilidad no es necesariamente idéntica en todos los actores ni en todas las circunstancias, y el análisis no obliga a repartir culpas de manera automática. Pero sí exige observar qué discursos agravan la fractura, qué estrategias necesitan mantenerla abierta y qué incentivos electorales premian la confrontación frente a la búsqueda de soluciones.
La comparación tiene también, indudablemente, sus límites. Francia atraviesa una ola de disturbios de una gravedad que no puede equipararse sin más a la situación española. Las trayectorias políticas, las condiciones sociales y las formas de protesta son distintas. Precisamente por eso, el interés del diagnóstico de Lévy no reside en anunciar que España repetirá necesariamente el escenario francés, sino en preguntarse si ambos países comparten algunas de las condiciones que favorecen la radicalización, el descrédito de las instituciones y el retroceso de los espacios de entendimiento.
El filósofo francés conserva, pese a todo y tras mucho rascar, una esperanza. Cree que todavía puede surgir una alternativa capaz de romper el bloqueo entre los extremos y devolver a su país a una normalidad democrática. Es una confianza que contrasta con la crudeza de sus advertencias, pero que contiene una idea esencial que es que la democracia no puede reducirse a impedir que gobierne el adversario, necesita ofrecer razones para que los ciudadanos acepten que el poder es provisional, que ninguna mayoría posee el país y que ninguna derrota electoral autoriza a declarar ilegítima la voluntad de quienes han votado de otra manera.
España no necesita esperar a que ardan sus ayuntamientos para preguntarse cuánto puede resistir una sociedad sometida a una confrontación política permanente. La cuestión no es si el país está al borde de una guerra civil, una expresión extrema que no debe utilizarse a la ligera, sino si sus dirigentes y sus ciudadanos están contribuyendo a preservar los vínculos que hacen posible la convivencia. Francia ofrece en la actualidad una advertencia que conviene escuchar antes de que la discusión sobre los síntomas termine ocultando la enfermedad porque el verdadero peligro comienza cuando la política deja de ser el espacio donde una sociedad resuelve sus diferencias y se convierte en el escenario donde aprende a odiarse.