La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición de un ciudadano marroquí, detenido en Arrecife en el 2024 por orden de la Interpol, que estaba acusado en Marruecos por un delito como organizador de viajes de pateras hacia Canarias.

El auto de la Audiencia Nacional, de finales de octubre pasado, y dada a conocer por el alcalde de Arrecife, Yonathan de León- ciudad en la que fue detenido este súbdito marroquí por agentes policiales locales, rechaza la extradición solicitada en virtud de “una orden internacional con referencia 283/3231/2024, emitida en fecha 4 de julio de 2024 por las autoridades judiciales de Marruecos para enjuiciamiento por un presunto delito de emigración e inmigración ilegales, castigado en la legislación de dicho Estado con una pena máxima de veinte años de privación de libertad».

El fallo de la Audiencia Nacional rechaza la citada extradición ante la petición de la defensa y el Ministerio Fiscal que detallaron que “no concurre el requisito del mínimo punitivo, fijado en dos años de privación de libertad en el ya citado artículo del convenio bilateral que regula la extradición, ya que en nuestro Código Penal el delito del art. 318 bis 1 está castigado con penas de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año, que no alcanzan ese mínimo”.

Mientras, en “la solicitud de extradición, de fecha 8 de mayo de 2025, formulada por el Fiscal del Rey ante el Tribunal de Apelación de Guelmim, para enjuiciamiento del reclamado por delito de formar una banda delictiva con el propósito de organizar y facilitar la salida de las personas de zonas fronterizas no preparadas a tal efecto, en un marco organizado de multiplicidad”, se le pedía en Marruecos una pena de hasta 20 años de prisión. El encartado estaba en libertad tras ser puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional, que decretó su libertad tras su detención en Arrecife, con una orden internacional de la Interpol.

Por auto de fecha 17 de noviembre de 2025, el Juzgado Central de Instrucción n.º 3 (actualmente la Sección de Instrucción, plaza n.º 3, del Tribunal Central de Instancia) incoó el procedimiento de extradición 91/2025, tras recibir una comunicación de Interpol, en la que se daba cuenta de la detención, producida el mismo día en Arrecife, isla de Lanzarote (Las Palmas), de “ “ , en virtud de una orden internacional con referencia 283/3231/2024, emitida en fecha 4 de julio de 2024 por las autoridades judiciales de Marruecos para enjuiciamiento por un presunto delito de emigración e inmigración ilegales, castigado en la legislación de dicho Estado con una pena máxima de veinte años de privación de libertad.

Tal y como alegan el Ministerio Fiscal y la defensa en la vista extradicional y en sus escritos previos, no concurre el requisito del mínimo punitivo, fijado en dos años de privación de libertad en el ya citado artículo del convenio bilateral que regula la extradición, ya que en nuestro Código Penal el delito del art. 318 bis 1 está castigado con penas de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año, que no alcanzan ese mínimo.

El auto de la Audiencia Nacional acordó denegar, a finales del pasado octubre, la extradición a Marruecos del nacional de este país “ “, para su enjuiciamiento por los hechos recogidos en el antecedente de hecho n.º 6 de este auto, que dan lugar a la orden internacional de arresto, emitida en fecha 4 de julio de 2024, por el Fiscal del Rey ante el Tribunal de Apelación de Guelmim.

Qué dice el artículo 318 Bis del Código Penal español:
1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad superior.

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

El alcalde de Arrecife ha remarcado «que en la Lanzarote y Canarias se recuerda, lamentablemente, la liberación de tres supuestos violadores de una mujer en una patera, porque el delito fue cometido en aguas internacionales en un viaje de patera con rumbo a Canarias.

Las autoridades judiciales no pudieron enjuiciar ese delito en España al no estar tipificado en las leyes españolas», generando una reacción social por esa impunidad.

Ahora, ante esta situación judicial conocida, donde no se puede extraditar a un ciudadano marroquí porque las penas en España son insignificantes a las solicitadas por la justicia marroquí, el alcalde Yonathan de León «hace un llamamiento para que el próximo Gobierno que salga de las urnas promueva una modificación del Código Penal con penas mayores».

«Esta modificación permitirá las extradiciones de estas personas, que ya están en suelo español, y se han dedicado – o lo sigue haciendo- a la organización y explotación de las personas con viajes en pateras hacia Canarias, donde el Archipiélago está sufriendo una situación muy grave ante la constante avalancha de inmigrantes», enfatiza Yonathan de León.