Cicerón escribió hace más de dos mil años, en De re publica, una frase que quizá convendría recuperar cuando una parte de la sociedad pretende presentarse como la representación de la sociedad entera: populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus. El pueblo, explicaba el político y filósofo romano, no es simplemente cualquier conjunto de personas reunidas de cualquier manera. Para Cicerón, la comunidad política era algo bastante más complejo que una multitud circunstancial y estaba construida sobre unas reglas comunes, unos derechos compartidos y la existencia de un interés común. La precisión resulta extraordinariamente pertinente cuando observamos estos días la movilización en Madrid alrededor de la vivienda y el modo en que una protesta concreta empieza a presentarse como expresión de un supuesto clamor social.

Nadie debería discutir el derecho de quienes participan en esa movilización a manifestarse. La protesta es una de las herramientas esenciales de cualquier sociedad libre y quienes consideran injustas determinadas políticas de vivienda tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a expresar su posición, organizarse y tratar de convencer al Gobierno y al Parlamento. Precisamente por eso resulta necesario distinguir entre el derecho a protestar y el derecho a representar. El primero corresponde a todos los ciudadanos; el segundo no se obtiene por el simple hecho de reunir a un determinado número de personas en una plaza ni por conseguir que una reivindicación alcance una enorme repercusión mediática.

El problema aparece cuando una movilización organizada comienza a ser presentada como si fuera una representación de la voluntad popular. La sociedad española no está concentrada en la Puerta del Sol y tampoco comparte necesariamente las reivindicaciones de quienes han decidido acampar allí. Hay millones de ciudadanos que tienen problemas relacionados con la vivienda y que, sin embargo, pueden tener opiniones completamente diferentes sobre sus causas y sobre las soluciones que deberían aplicarse. Hay jóvenes que no pueden acceder a un alquiler, familias que afrontan una hipoteca, propietarios que dependen de una vivienda arrendada para completar sus ingresos, personas que reclaman más vivienda pública, ciudadanos que consideran que el problema fundamental es la falta de oferta y otros que creen que la regulación de los precios es imprescindible. Todos ellos forman parte de la sociedad española y ninguno pierde su condición de ciudadano porque no participe en una protesta.

Precisamente para gestionar esa diversidad existe la democracia representativa. Las elecciones no constituyen un procedimiento imperfecto que deba ser sustituido cada vez que un grupo organizado consigue movilizar a una parte de la población. Son, justamente, el mecanismo mediante el cual los ciudadanos delegan temporalmente el ejercicio del poder en unos representantes que deben deliberar, negociar y votar en instituciones sometidas a unas reglas previamente establecidas. El Gobierno puede y debe escuchar a la calle, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales, a las organizaciones sociales, a los expertos y a todos aquellos que tengan algo que aportar al debate público, pero ninguna de esas organizaciones adquiere, por el hecho de ser escuchada, la capacidad de hablar en nombre de quienes no forman parte de ella.

Y es precisamente aquí donde aparece una pregunta que el Gobierno no puede esquivar. Pedro Sánchez lleva en La Moncloa desde junio de 2018, han transcurrido más de ocho años desde aquella primera llegada al poder y durante ese tiempo la vivienda ha pasado de ser un problema importante a convertirse, según el propio Ejecutivo, en una de las principales preocupaciones de los españoles. Se ha hecho poco, más bien nada en materia de Vivienda. Es cierto que el Gobierno ha aprobado medidas durante estos años, entre ellas la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, y que sostiene haber multiplicado por ocho los recursos destinados a estas políticas. Precisamente por eso la pregunta resulta todavía más pertinente, si el problema era tan urgente y la vivienda constituía ya una prioridad política, ¿por qué asistimos ahora a esta carrera contra el reloj para aprobar nuevas medidas, coincidiendo con una movilización que reclama exactamente algunas de ellas y con unas negociaciones parlamentarias en las que el Ejecutivo necesita encontrar apoyos?

También es legítimo preguntarle al Gobierno por qué la respuesta que ahora se presenta como urgente no llegó antes, por qué algunas de las medidas que hoy se pretenden aprobar con carácter extraordinario no formaban parte de una estrategia suficientemente eficaz durante estos ocho años y hasta qué punto la presión de una movilización organizada está influyendo en la velocidad y en el contenido de la respuesta política. Incluso habría que preguntarle si la respuesta más sencilla no es la solución, hace falta construir más casas. O nos podemos aventurar a abrir otro melón y es que si este Gobierno ha provocado que ingreses en el país millones de personas quizás se pueda asegurar que el incremento de población extranjera también haya influido en la problemática de la Vivienda junto con la inexistencia de obra nueva.

No hace falta afirmar que la protesta esté siendo aprovechada por el Gobierno para plantear dos decretos de última hora. Tampoco hace falta negar a quienes participan en ella su derecho a reclamar. Basta con observar los hechos. El 29 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó dos decretos de vivienda y pidió al Congreso un pleno extraordinario para su convalidación. Entre las medidas figura la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la regulación de determinadas modalidades de arrendamiento. RTVE señaló que la prórroga automática de los alquileres respondía a una de las exigencias planteadas por Sumar y por el Sindicato de Inquilinas, organización que precisamente está protagonizando la movilización. La coincidencia no demuestra una dirección política de la protesta, pero sí permite formular una pregunta perfectamente legítima sobre la relación entre presión social, estrategia gubernamental y decisión parlamentaria.

Porque una cosa es que el Gobierno escuche a quienes protestan y otra que la protesta pueda convertirse en el argumento mediante el cual se pretenda demostrar que existe un mandato social inequívoco. La existencia de una concentración demuestra que hay ciudadanos movilizados, pero, desde luego, no demuestra qué piensan los ciudadanos que no están allí. Y cuando las decisiones afectan a un país entero, esa diferencia importa.

La vivienda es demasiado importante para convertirla en una competición entre quienes consiguen movilizarse y quienes no lo hacen, o para que sea un simple intercambio de cromo entre pedro Sánchez y sus socios de diferente pelaje. El problema existe, afecta a millones de españoles y exige respuestas políticas, pero precisamente por eso no puede resolverse convirtiendo la reivindicación de un colectivo concreto en una especie de mandato popular. Una democracia madura debería ser capaz de escuchar las demandas de quienes se movilizan sin olvidar a quienes no lo hacen y debería ser capaz de incorporar determinadas propuestas sin aceptar la premisa de que quienes ocupan el espacio público representan necesariamente una voluntad mayoritaria.

Aquí es donde la actuación del Gobierno merece un escrutinio especialmente cuidadoso, a la par que profundo. El Ejecutivo tiene plena legitimidad para presentar iniciativas legislativas, aprobar las medidas que la Constitución permite aprobar y buscar los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlas adelante. También tiene derecho a escuchar las reivindicaciones de las organizaciones sociales y a modificar sus políticas cuando considere que las circunstancias lo justifican. Lo que resulta democráticamente discutible es que la presión ejercida por una parte organizada de la sociedad pueda convertirse en el argumento para presentar determinadas decisiones como una exigencia inequívoca de la ciudadanía en su conjunto. La existencia de una protesta demuestra que existe una protesta, pero no demuestra cuál es la opinión de quienes no participan en ella.

Una democracia no puede convertirse en un sistema en el que una minoría organizada consiga imponer la agenda simplemente porque sabe movilizarse mejor que el resto. Si aceptáramos ese principio, la influencia política dejaría de depender fundamentalmente de la representación y empezaría a depender de la capacidad de presión. En ese modelo no tendría necesariamente más influencia quien representara a más ciudadanos, sino quien tuviera mayor capacidad de organización, presencia mediática o movilización. Y eso no sería una ampliación de la democracia, sino una sustitución progresiva de la representación por la presión.

Cicerón sabía que una multitud y un pueblo no eran necesariamente la misma cosa. Su reflexión nació en una República muy diferente de la nuestra, en otra época ya muy lejana, pero la preocupación resulta reconocible pues una comunidad política no puede reducirse a la voluntad de la parte que consigue imponerse sobre las demás. La democracia contemporánea ha desarrollado instituciones mucho más complejas que las que conoció Roma, pero conserva esa misma necesidad de distinguir entre la participación de los ciudadanos y la representación del conjunto.

Por eso la cuestión que debería plantearse estos días no es si quienes están en Sol tienen derecho a protestar porque, indudablemente, lo tienen Otro tema es que las formas sean las correctas. Tampoco si el Gobierno debe escuchar sus reivindicaciones pues debe hacerlo, como debe escuchar las de quienes sostienen posiciones diferentes. La cuestión verdaderamente importante es si una movilización de una parte de la sociedad puede ser presentada como la expresión de la voluntad de toda la sociedad y si el poder político debe tratar esa presión como un mandato superior al que procede de las instituciones representativas.

Después de ocho años de Gobierno, el debate no debería reducirse tampoco a quién consigue movilizar más gente en Madrid durante una semana. Debería incluir qué se ha hecho durante estos ocho años, qué resultados han producido las políticas aprobadas, por qué el acceso a la vivienda continúa siendo una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos y por qué determinadas respuestas que ahora se presentan como urgentes llegan precisamente en este momento. El propio Ejecutivo reivindica una larga lista de actuaciones desde 2018, pero precisamente por ello tiene todo el sentido exigirle que explique sus resultados y las razones de este nuevo giro legislativo.

La vivienda merece una política de Estado y no una política de reacción a la última presión callejera. Merece escuchar a los inquilinos, a los propietarios, a los promotores, a las administraciones, a los expertos y, naturalmente, a las organizaciones que se movilizan. Pero después de escuchar a todos ellos corresponde a las instituciones democráticas deliberar y decidir conforme a las reglas que todos aceptamos. Esa es precisamente la diferencia entre una democracia representativa y una política sometida permanentemente a la presión del grupo más organizado.

La calle forma parte de la democracia, pero no es la democracia entera. Una concentración puede expresar una opinión legítima y ejercer una presión perfectamente legítima sobre el poder, pero no puede convertir automáticamente esa opinión en la voluntad de todos los ciudadanos. El pueblo es mucho más amplio que cualquier organización, cualquier sindicato, cualquier partido y cualquier concentración, y recordar esa diferencia no significa cuestionar el derecho de nadie a protestar, significa recordar que quienes están en una plaza representan, ante todo, a quienes han decidido estar en ella, mientras que las instituciones representativas tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afectan también a todos los que no están allí.