La crisis de la vivienda desembocará el próximo 11 de noviembre en una huelga general de 24 horas respaldada por CCOO y UGT, según han acordado los sindicatos mayoritarios con las organizaciones que encabezan las movilizaciones por el acceso a la vivienda. La convocatoria, que también cuenta con el apoyo de la CGT y de sindicatos autonómicos como ELA, LAB y CIG, se convertirá en la primera huelga general respaldada por las dos grandes centrales sindicales desde noviembre de 2012 y tendrá lugar apenas dos días antes del comienzo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Sindicato de Inquilinas había planteado el 11 de noviembre como fecha para el paro, después de las movilizaciones que durante las últimas semanas han situado el problema de la vivienda en el centro de la agenda política. Aunque durante la mañana algunas fuentes sindicales mantenían que la fecha todavía debía ser ratificada en la reunión prevista para esta tarde, distintos medios han confirmado ya el acuerdo alcanzado entre las organizaciones que participan en la convocatoria.

La protesta llega después de que CCOO y UGT decidieran el pasado lunes dar el paso hacia una huelga general de 24 horas en respuesta a la crisis de acceso a la vivienda y al desfase entre los salarios y el coste de alquilar o comprar una vivienda. Los dos sindicatos asumieron así una reivindicación que había partido del movimiento de inquilinos y que ha ganado fuerza tras las movilizaciones celebradas en diferentes ciudades españolas.

El argumento sindical pretende trasladar la vivienda al terreno laboral. CCOO y UGT sostienen que no puede hablarse de salarios dignos cuando una parte creciente de las rentas de los trabajadores debe destinarse al alquiler o a la hipoteca y reclaman incrementos salariales, un pacto social y político sobre vivienda, la creación de un parque público permanente, límites al precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Las centrales ya habían incluido estas reivindicaciones en su propuesta sindical conjunta sobre vivienda y defienden la necesidad de convertir el acceso a una vivienda asequible en uno de los pilares del Estado del bienestar.

La convocatoria tiene además un componente político inevitable por el momento elegido. El 11 de noviembre queda a poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y se sitúa prácticamente en la antesala de una campaña electoral en la que la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de discusión. Los sindicatos han insistido en que no pretenden convocar la huelga durante la campaña, mientras sus detractores consideran que resulta difícil separar una movilización de esta dimensión de un calendario electoral tan próximo.

La patronal CEOE y Cepyme ya han cuestionado la convocatoria al considerar que las reivindicaciones planteadas no son esencialmente de naturaleza laboral y que no corresponde trasladar a las empresas y a la actividad económica el coste de una medida de presión dirigida fundamentalmente contra las decisiones de las administraciones públicas. El PP y Vox también han criticado la huelga, mientras Pedro Sánchez ha defendido el derecho constitucional de los trabajadores a secundarla y ha reconocido que el acceso a la vivienda afecta directamente a las familias trabajadoras.

La huelga será, si finalmente se confirma en los términos anunciados, la primera gran movilización general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde el 14 de noviembre de 2012. Aquella protesta se produjo contra las políticas de ajuste y la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Antes de entonces, las dos centrales habían protagonizado otras huelgas generales frente a los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, incluida la histórica movilización del 14 de diciembre de 1988.

El movimiento por la vivienda pretende ahora convertir la protesta social acumulada en una movilización laboral de ámbito estatal. La cuestión será comprobar hasta qué punto una reivindicación que nació alrededor del precio de los alquileres, los desahucios y la dificultad de acceder a una vivienda consigue trasladarse desde las calles y las organizaciones de inquilinos hasta los centros de trabajo, y qué respuesta obtiene en una sociedad que llegará a las urnas apenas unas semanas después.