España tiene un problema con la vivienda que ya no cabe debajo de la alfombra, pero tampoco debajo de un decreto ley. El Congreso ha tumbado las dos iniciativas del Gobierno y, con ellas, ha quedado al descubierto algo más incómodo que una derrota parlamentaria: los principales partidos españoles no están hablando exactamente de la misma vivienda ni de la misma manera de resolver el problema.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha convertido la escasez de oferta en el centro de su propuesta. Su diagnóstico es sencillo: faltan casas, sobran trabas y construir tarda demasiado. Por eso plantea movilizar suelo, reducir la burocracia, acelerar las licencias, reformar la Ley del Suelo y ofrecer incentivos fiscales para que vuelva a haber viviendas en el mercado.

La cifra que maneja el PP como compromiso político es la construcción de un millón de viviendas en una legislatura, es decir, cuatro años. El partido sostiene que su modelo permitiría sentar las bases de un volumen de construcción mucho mayor a largo plazo y ha presentado una hoja de ruta que sitúa la producción de vivienda como pieza central de su estrategia.

El plan popular contempla además reducir el tiempo medio de construcción, que Feijóo sitúa en torno a diez años, hasta cuatro. Para ello propone proyectos residenciales estratégicos, colaboración público-privada, una nueva Ley del Suelo, silencio administrativo positivo y una mayor implicación financiera de comunidades autónomas y ayuntamientos que faciliten la construcción.

Hay también una parte fiscal en su propuesta. El PP propone reducir el IVA de la vivienda nueva para jóvenes del 10% al 4%, deducciones en el IRPF, avales públicos que puedan alcanzar el 95% o incluso el 100% de la financiación en determinados casos y una denominada Hucha Hogar Joven. Feijóo ha calculado que un joven podría acumular entre 21.000 y 26.000 euros de ayuda fiscal y necesitar unos 50.000 euros menos para adquirir una vivienda de 250.000 euros. Son estimaciones del propio partido y dependen de la aplicación concreta de las medidas.

La receta popular se completa con una ley contra la okupación y con mayor seguridad jurídica para los propietarios. Feijóo ha anunciado además que, si llega al Gobierno, derogaría los decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Sánchez. Su argumento es que prolongar determinadas medidas de protección frente a los desahucios sin aumentar la oferta puede retraer todavía más viviendas del mercado del alquiler.

El PSOE parte de un diagnóstico diferente. El Gobierno ha defendido una intervención más intensa sobre el mercado del alquiler y la ampliación del parque público, además de medidas destinadas a proteger a los inquilinos vulnerables. Los decretos que el Congreso acaba de rechazar incluían, entre otras medidas, la protección frente a determinados desahucios y la prórroga de contratos de alquiler. El acuerdo alcanzado con Sumar contemplaba además una congelación de determinados alquileres hasta 2028.

Sumar quería ir todavía más lejos. Durante la negociación del decreto reclamó protección frente a los desahucios, congelación de alquileres, prórrogas automáticas de contratos y regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Su modelo pasa por una mayor intervención pública y por ampliar sustancialmente el parque de vivienda pública y asequible.

Podemos plantea una intervención aún más profunda. Entre sus propuestas figuran limitar legalmente los precios del alquiler, impedir determinadas compras de vivienda que no tengan finalidad residencial, actuar sobre las viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión y garantizar una alternativa habitacional antes de ejecutar determinados desahucios.

En el espacio independentista las recetas tampoco son idénticas. Junts ha rechazado los decretos de Sánchez, pero no propone simplemente regresar al mercado sin intervención. Su alternativa incluye una prórroga voluntaria de los contratos de alquiler, incentivos fiscales para inquilinos, limitaciones temporales a la adquisición de viviendas por fondos de inversión y grandes tenedores y medidas específicas para proteger a los deudores hipotecarios. También plantea avales estatales para ampliar el parque de alquiler social o asequible y modificaciones legales para acelerar el desalojo de ocupaciones ilegales.

La propuesta de Junts contiene además una rebaja del IVA al 5% para determinados edificios de nueva construcción destinados a vivienda y establece hasta finales de 2028 algunas de sus restricciones a grandes operadores inmobiliarios. Es decir, tampoco en este caso existe una frontera limpia entre intervención pública y estímulo de la oferta: hay de ambas cosas.

El PNV ocupa otro espacio. Los nacionalistas vascos han defendido la protección del pequeño propietario y han reclamado medidas fiscales. Apoyaban parte del primer decreto del Gobierno, pero rechazaron el segundo porque entendían que podía perjudicar a los pequeños arrendadores y reducir la oferta. También han defendido que los pisos turísticos tributen como actividad económica y han reclamado mayor seguridad jurídica para quienes ponen una vivienda en alquiler.

Vox comparte con el PP buena parte del diagnóstico sobre la necesidad de construir más, liberar suelo y reducir burocracia, pero añade una política mucho más restrictiva respecto de la ocupación y vincula expresamente la vivienda con sus políticas migratorias. Su programa económico y de vivienda plantea derogar las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler, simplificar trámites, reducir impuestos ligados al proceso de construcción y promover vivienda protegida mediante colaboración público-privada. También propone incentivos fiscales para el alquiler de larga duración.

En realidad, el desacuerdo español sobre la vivienda puede resumirse en una pregunta que lleva años dando vueltas sin encontrar respuesta: ¿se abarata una casa poniendo límites al precio o construyendo muchas más?

El PP responde con suelo, construcción, incentivos fiscales y seguridad jurídica. El PSOE y Sumar ponen el acento en la protección del inquilino, la regulación del alquiler y el crecimiento del parque público. Podemos pretende profundizar en esa intervención. Junts combina protección social, incentivos fiscales y restricciones a grandes operadores. El PNV busca proteger al pequeño propietario mientras reclama medidas fiscales y mayor seguridad jurídica. Vox apuesta por liberar suelo, construir, reducir impuestos y desmontar buena parte de la regulación vigente.

Y ahí aparece el verdadero problema: construir una vivienda no es como aprobar un decreto. No basta con levantar la mano en el Congreso y contar los votos. Hace falta suelo, financiación, planeamiento urbanístico, licencias, trabajadores, materiales, infraestructuras y tiempo.

El Gobierno ha intentado responder a una crisis de oferta fundamentalmente desde la regulación y la protección del inquilino. El PP quiere responderla fundamentalmente aumentando la oferta. Los demás partidos se mueven entre ambos extremos, con distintas dosis de intervención, fiscalidad, protección al propietario y construcción pública.

Mientras tanto, el mercado sigue haciendo su propia política, que suele ser bastante menos literaria que la de los diputados: cuando hay más gente buscando una casa que casas disponibles, el precio sube.

Y ese es el asunto que queda después de la derrota parlamentaria de Sánchez. Dos decretos han muerto en el Congreso, pero el problema que pretendían resolver sigue exactamente donde estaba.

Entre el ladrillo que falta y el alquiler que no deja de subir, España vuelve a discutir sobre vivienda y, esta vez, con las urnas asomando por detrás de la puerta.