El gobierno de Pedro Sánchez se ha quedado este viernes sin sus dos decretos de vivienda y con una pregunta que ya no puede esquivar detrás de la aritmética parlamentaria: ¿cuánto tiempo más puede gobernar un Ejecutivo que no consigue convertir sus acuerdos de Consejo de Ministros en leyes aprobadas por el Congreso?. Los dos reales decretos han sido rechazados por la Cámara Baja con los votos de PP, Vox y Junts, a los que se han sumado otras formaciones en el segundo texto. El primero cayó por 178 votos frente a 172 y el segundo por 184 frente a 166.

La derrota no estaba prevista como una sorpresa a primera hora de la mañana. Junts había anunciado la noche anterior que votaría en contra si el Gobierno no retiraba los textos, y Pedro Sánchez decidió mantenerlos sobre la mesa. Durante el pleno, el Ejecutivo apuró hasta el último minuto la posibilidad de que los de Carles Puigdemont se abstuvieran, pero la negociación terminó donde había empezado: en el no.

El presidente había intervenido personalmente antes de la votación. Pidió a los diputados que dejaran a un lado el cálculo político y advirtió de las consecuencias que, a su juicio, tendría el rechazo de las medidas. Después, cuando la Cámara certificó la derrota, lanzó otra advertencia a PP, Vox y Junts: «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan».

Pero la historia puede esperar. La política no. Fuentes socialistas y del entorno del presidente ya habían contemplado durante la jornada la posibilidad de aprovechar el escenario abierto por la vivienda para plantear un adelanto electoral. En el PSOE hay dirigentes que consideran que la movilización social en torno a los alquileres y los desahucios podría convertirse en uno de los ejes de una eventual campaña. El propio Sánchez, sin embargo, no ha anunciado ninguna convocatoria y se tomará el fin de semana para analizar lo sucedido y decidir si disuelve las Cortes.

El calendario, si finalmente optara por hacerlo, también está sobre la mesa. La primera fecha posible para unas elecciones generales sería el 29 de noviembre, de acuerdo con el plazo legal de 54 días entre la convocatoria y la jornada electoral. Por ahora es solamente un escenario, no una decisión.

Al otro lado del hemiciclo, Alberto Núñez Feijóo no ha esperado a que Sánchez termine su reflexión. El líder del PP le ha retado directamente a convocar elecciones y ha respondido a la posibilidad de que el presidente utilice la derrota parlamentaria como argumento para disolver las Cortes: «Tiene la coartada, que ponga la fecha». Feijóo ha asegurado que está preparado para acudir a las urnas y ha reclamado que sean los españoles quienes decidan.

El choque político tiene una peculiaridad que conviene no perder de vista. El PP, Vox y Junts han coincidido en el rechazo a los decretos, pero por razones políticas distintas. Junts había reclamado al Gobierno la retirada de los textos y la elaboración de un nuevo decreto que incorporase sus condiciones. El Ejecutivo se negó. El PP y Vox, por su parte, habían anunciado su voto contrario antes de la votación.

Tampoco todos los partidos que sostienen habitualmente al Gobierno han mantenido exactamente la misma posición en ambos textos. PNV y Coalición Canaria apoyaron el primero y rechazaron el segundo, mientras que UPN se opuso a los dos. El resultado final dibuja así algo más complejo que el simple enfrentamiento entre Gobierno y oposición: una mayoría parlamentaria capaz de tumbar las iniciativas del Ejecutivo, pero sin un bloque alternativo homogéneo detrás.

La derrota tiene además una consecuencia inmediata sobre las medidas que el Gobierno había llevado al Congreso. Entre ellas estaban las destinadas a reforzar la protección frente a determinados desahucios, regular determinadas modalidades de alquiler y establecer una prórroga automática de los contratos de arrendamiento. Los dos decretos quedan rechazados por la Cámara.

Y mientras los diputados votaban dentro, la calle esperaba fuera, tal y como habían anunciado en la acampada de Sol. Centenares de personas vinculadas a las movilizaciones por la vivienda se concentraron en las inmediaciones del Congreso y regresaron posteriormente hacia la Puerta del Sol. El problema de la vivienda, que ya había colocado al Gobierno ante una creciente presión social, se ha convertido así en el escenario donde coinciden tres conflictos distintos: la dificultad del Ejecutivo para construir mayorías parlamentarias, el malestar de una parte de la sociedad y la posibilidad de que todo ello desemboque en una campaña electoral.

El Gobierno había presentado los decretos como una respuesta a la emergencia habitacional y, especialmente, al caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid desencadenó una nueva ola de protestas. La oposición ha cuestionado tanto el contenido de las medidas como el momento político elegido para aprobarlas. Feijóo ha acusado directamente a Sánchez de actuar con «cálculo electoral» y de utilizar la vivienda para preparar una eventual convocatoria. Esa es la interpretación del líder del PP, no un hecho acreditado sobre las intenciones del presidente.

Lo que sí está acreditado es que Sánchez ha abierto un paréntesis. El presidente decidirá después del fin de semana si intenta prolongar una legislatura cada vez más dependiente de equilibrios imposibles o si convierte la derrota parlamentaria en el comienzo del camino hacia las urnas. Y que el líder de la oposición ya le ha contestado: que ponga fecha.

La política española entra así en uno de esos momentos en los que una votación aparentemente concreta termina convirtiéndose en algo mucho más grande. Dos decretos han caído esta tarde. Lo que queda por saber es si con ellos ha caído solamente una iniciativa legislativa o también el último tramo de una legislatura que empieza a parecerse demasiado a un largo ejercicio de supervivencia parlamentaria.