El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha obligado también a cambiar el calendario de la batalla que los médicos mantienen desde hace meses contra el proyecto de Estatuto Marco. Los sindicatos médicos han decidido aplazar la huelga indefinida que estaba prevista a partir del 28 de octubre, pero dejan claro que el conflicto continúa y que los paros podrán retomarse cuando exista un nuevo Gobierno con capacidad efectiva para negociar.

La decisión ha sido comunicada este miércoles por el Comité de Huelga integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), y coincide con una decisión similar de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), que agrupa a siete organizaciones autonómicas, entre ellas el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca).

El argumento de los convocantes es estrictamente político: con las Cortes disueltas y un Gobierno en funciones, la tramitación del Estatuto Marco queda interrumpida y los médicos consideran que mantener una huelga indefinida a partir del 28 de octubre supondría someter al colectivo a un importante desgaste sin que exista en estos momentos un interlocutor con capacidad para alcanzar un acuerdo.

El actual proyecto de Estatuto Marco decae con la disolución de las Cortes y, si el nuevo Parlamento quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación. Los sindicatos sostienen por ello que la norma impulsada durante la legislatura queda, en términos políticos, fuera de juego.

Pero aplazamiento no significa desconvocatoria. El Comité de Huelga mantiene vigente la convocatoria y advierte de que los paros podrán reactivarse si el Gobierno que salga de las urnas no atiende las reivindicaciones de médicos y facultativos. Entre sus principales demandas figuran un marco normativo propio, una mesa específica de negociación, cambios en el régimen de guardias, una jubilación acorde con las condiciones de trabajo y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y responsabilidad del colectivo.

La Unión Médica y Facultativa ha optado por mantener durante las próximas semanas la movilización mediante actos y protestas y trasladar las reivindicaciones al escenario electoral. Las organizaciones médicas reclaman a los partidos que concurran a las elecciones que expliquen qué posición mantendrán sobre el futuro de la profesión e incorporen sus demandas a los programas electorales.

De este modo, la huelga que debía comenzar el 28 de octubre queda en suspenso mientras la protesta médica se desplaza al terreno electoral. El nuevo Gobierno tendrá sobre la mesa, una vez constituido, un conflicto que los sindicatos consideran abierto y una negociación sobre el Estatuto Marco que, tras la disolución de las Cortes, deberá comenzar de nuevo si se pretende recuperar el proyecto.

La paradoja política de la situación es que la ministra de Sanidad, Mónica García, llega al aplazamiento de la huelga después de meses de enfrentamiento con buena parte de la profesión médica. Los sindicatos que ahora suspenden los paros llevan meses reclamando una negociación específica y un estatuto propio para médicos y facultativos, mientras García ha defendido el Estatuto Marco promovido por su departamento y llegó a considerar «un poco raro» que se planteara una huelga nacional para reclamar cuestiones que, a su juicio, corresponden fundamentalmente a las comunidades autónomas.

En las últimas semanas, sin embargo, la ministra ha situado buena parte de su actividad política y pública en el conflicto de la vivienda, respaldando las movilizaciones y reclamando al Gobierno medidas más contundentes frente a los desahucios y los precios del alquiler. El contraste resulta especialmente llamativo ahora que los médicos aplazan su huelga indefinida precisamente porque la convocatoria electoral ha dejado en suspenso el Estatuto Marco y ha desplazado la resolución del conflicto al próximo Gobierno.