Unidos por Lanzarote y La Graciosa exige explicaciones sobre el cambio de responsabilidades de Ángel Vázquez y los acuerdos entre Coalición Canaria y el Partido Popular: «Los pactos políticos no tienen por qué pagarlos los ciudadanos de Lanzarote».

La formación, presidida por Laureano Álvarez Delgado, denuncia públicamente lo que considera una maniobra de dilación y bloqueo de información pública relacionada con los gastos de Ángel Vázquez durante su etapa como consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (EPEL-CACT).

A juicio de la formación, Oswaldo Betancort, como presidente del Cabildo y de la propia EPEL-CACT, debe responder políticamente por esta situación y aclarar si la falta de entrega de la documentación está favoreciendo un posible encubrimiento de actuaciones que deberían estar sometidas al control público.

El pasado 21 de septiembre de 2026, Unidos por Lanzarote registró una solicitud oficial de acceso a la información pública (2026-E-RC-15784), exigiendo el desglose íntegro y los justificantes de los gastos de representación, tarjetas corporativas, dietas, manutención y viajes realizados por Ángel Vázquez entre el 1 de septiembre de 2023 y el 20 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la respuesta del Cabildo fue alegar que no disponía de dicha información y trasladar el expediente a la EPEL-CACT, argumentando que esta cuenta con personalidad jurídica propia.

Para Unidos por Lanzarote, resulta especialmente cuestionable que se invoque la separación administrativa entre el Cabildo y los Centros Turísticos cuando Oswaldo Betancort ostenta también la Presidencia de la EPEL-CACT.

La formación considera que el presidente debe explicar por qué la documentación continúa sin facilitarse y qué actuaciones ha ordenado para garantizar su entrega.

«No estamos ante una petición de favores. Estamos exigiendo conocer cómo se ha gastado el dinero público. Si todo está correctamente justificado, que se entreguen las facturas, los extractos y los documentos correspondientes», señala Laureano Álvarez.

Unidos por Lanzarote advierte de que los traslados entre órganos administrativos no pueden convertirse en un mecanismo para prolongar injustificadamente los plazos de acceso a la información.

La formación considera especialmente preocupante que, mientras continúa reclamando la documentación sobre los gastos de Ángel Vázquez, se haya producido su salida de la dirección de los Centros Turísticos y su continuidad en otras responsabilidades públicas.

Este cambio no puede servir para dejar sin respuesta las preguntas sobre su gestión anterior.

Unidos por Lanzarote exige que se expliquen las razones de su nueva situación, las funciones que desempeña, su régimen de dedicación y la retribución pública que tiene asignada.

«Cambiar a un responsable político de área no puede significar pasar página sobre las cuentas de su gestión anterior. Las responsabilidades no desaparecen con un cambio de cargo».

Unidos por Lanzarote reclama que Coalición Canaria y el Partido Popular expliquen públicamente qué acuerdos políticos han motivado la continuidad de Ángel Vázquez en responsabilidades institucionales y qué coste económico supone para las arcas públicas.

La formación cuestiona si estas decisiones responden a necesidades reales de gestión o a compromisos políticos entre los partidos que sostienen el gobierno insular.

«Coalición Canaria y el Partido Popular son libres de alcanzar los acuerdos políticos que consideren, pero lo que no pueden pretender es que los ciudadanos de Lanzarote paguemos las consecuencias de esos pactos sin explicaciones, sin transparencia y sin conocer qué trabajo se realiza a cambio del dinero público».

Unidos por Lanzarote exige conocer las funciones efectivas de Ángel Vázquez y la justificación administrativa y económica de su actual remuneración.

La formación recuerda que ha registrado una Reiteración Formal de Solicitud de Información y Advertencia Legal, reclamando la entrega de la documentación solicitada y la identificación del órgano responsable de tramitar y resolver el expediente.

Unidos por Lanzarote invoca la Ley estatal 19/2013 y la Ley canaria 12/2014 de Transparencia y advierte de que, si se acredita una denegación injustificada, una dilación indebida o un bloqueo voluntario de la información, exigirá las responsabilidades legales que correspondan.

La formación no descarta acudir a las vías administrativas, patrimoniales o contables pertinentes y, si aparecieran indicios suficientes de una actuación presuntamente delictiva, poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial para que valore su posible encaje en el artículo 404 del Código Penal u otros preceptos aplicables.

Unidos por Lanzarote considera que Oswaldo Betancort debe ofrecer una explicación clara sobre la tramitación de la solicitud, la documentación pendiente y las decisiones adoptadas respecto a Ángel Vázquez.

La formación exige saber qué gastos se realizaron, quién los autorizó, cómo se justificaron y qué mecanismos de fiscalización se aplicaron.

También reclama que se aclare si los acuerdos entre Coalición Canaria y el Partido Popular han influido en las decisiones sobre sus actuales responsabilidades y retribuciones.

«No aceptamos que la ciudadanía tenga que insistir una y otra vez para conocer cómo se utiliza su dinero. La transparencia es una obligación legal, no una concesión de quienes gobiernan».

Unidos por Lanzarote y La Graciosa anuncia que continuará reclamando la documentación y exigiendo responsabilidades por cualquier incumplimiento que resulte acreditado.

«LOS PACTOS ENTRE COALICIÓN CANARIA Y EL PARTIDO POPULAR NO PUEDEN ESTAR POR ENCIMA DE LA TRANSPARENCIA. EL DINERO ES DE LOS LANZAROTEÑOS Y LAS CUENTAS DEBEN SER PÚBLICAS».