
Comunicado íntegro de la Asociación Mesa Negociadora por las viviendas de Rocar, Garavilla y Ojeda:
CUANDO GOBERNAR SIGNIFICA DAR LA ESPALDA A LOS VECINOS
Lo ocurrido con las 70 viviendas de Valterra constituye uno de los episodios que más claramente evidencian la distancia existente entre las palabras del Gobierno insular y los hechos que sufren diariamente los ciudadanos.
No estamos hablando de una cuestión nueva.
No estamos hablando de un expediente recién iniciado.
No estamos hablando de una decisión que dependa ahora de descubrir qué quieren los vecinos.
Estamos hablando de una reivindicación histórica, conocida por todas las Administraciones, que lleva décadas esperando una solución definitiva.
Y, sin embargo, después de que el Estado aprobara una ley específica, después de que el Instituto Social de la Marina realizara la transmisión al Cabildo y después de que los inmuebles quedaran inscritos a nombre de la Corporación insular, los vecinos continúan esperando que se culmine aquello para lo que precisamente se produjo esta operación.
La pregunta que hoy debe responder el grupo de gobierno insular es muy sencilla:
¿CUÁNTO TIEMPO MÁS PIENSAN HACER ESPERAR A LOS VECINOS DE VALTERRA? UNA LEY, UNA TRANSMISIÓN Y UNA FINALIDAD MUY CONCRETA
La Ley 10/2022, de 14 de junio, autorizó al Instituto Social de la Marina a donar al Cabildo de Lanzarote las viviendas de Valterra relacionadas en su anexo.
Aquella actuación no surgió de la nada.
Respondía a una reivindicación histórica de las personas vinculadas a estas viviendas y pretendía posibilitar la culminación de un proceso que permitiera regularizar definitivamente la situación de quienes acreditasen sus derechos sobre ellas.
El propio Cabildo asumió la operación y conocía perfectamente su finalidad.
Por tanto, cuando el Cabildo recibió las viviendas, no recibió simplemente 70 inmuebles para decidir libremente qué hacer con ellos.
Recibió una responsabilidad. Recibió un compromiso.
Y, sobre todo, recibió la obligación de culminar una solución que llevaba décadas siendo reclamada por los vecinos.
EL CABILDO YA ES EL TITULAR: ¿CUÁL ES AHORA LA EXCUSA?
La documentación fue entregada al Cabildo el 26 de junio de 2023.
Posteriormente, las viviendas quedaron inscritas registralmente a nombre de la Corporación insular. Desde ese momento, la cuestión ya no era quién tenía la titularidad de los inmuebles.
La cuestión era:¿CUÁNDO VA A CUMPLIR EL CABILDO CON LA FINALIDAD PARA LA QUE RECIBIÓ LAS VIVIENDAS?
Han pasado tres años.
Los vecinos han presentado escritos. Han solicitado respuestas.
Han solicitado expedientes. Han solicitado certificaciones.
Han solicitado que se formalice la situación jurídica de sus viviendas.
Y, mientras tanto, la Administración continúa hablando de informes, estudios, procedimientos y cuestiones jurídicas pendientes.
Pero los vecinos siguen sin tener sus escrituras.
¿CUÁNTOS INFORMES NECESITA EL CABILDO PARA RESOLVER?
Esta es probablemente una de las preguntas que más debería incomodar al actual grupo de gobierno.
Porque cuando una Administración lleva años estudiando una cuestión que afecta directamente a los derechos y a la vida de ciudadanos que llevan décadas esperando, llega un momento en que el problema deja de ser la complejidad jurídica.
El problema empieza a ser la falta de voluntad política para resolver.
Si existe un impedimento legal, que el Gobierno insular lo explique. Si existe una prohibición legal, que diga exactamente cuál es.
Si existe un defecto documental, que identifique cuál es.
Si existen vecinos que no reúnen los requisitos, que se les comunique mediante resolución motivada.
Pero si los requisitos se cumplen, si los derechos están acreditados y si no existe impedimento legal para culminar la transmisión:
¿POR QUÉ NO SE FIRMAN LAS ESCRITURAS?
Los ciudadanos no pueden quedar atrapados indefinidamente en un laberinto burocrático creado por la propia Administración.
MIENTRAS EL CABILDO ESPERA, LOS VECINOS ENVEJECEN
Y aquí es donde la actuación del Gobierno insular adquiere una dimensión que va mucho más allá de cualquier expediente administrativo.
Los vecinos de Valterra no son números de expediente.
Son personas. Son familias.
Son padres y madres que ocuparon esas viviendas durante décadas.
Son personas que han trabajado, pagado y cuidado sus hogares durante toda una vida.
Y algunos de quienes iniciaron esta reivindicación han muerto sin poder ver regularizada la propiedad de su vivienda.
¿Puede existir una expresión más clara del fracaso de una Administración que una persona tenga que esperar toda su vida para que el Estado y las instituciones reconozcan finalmente aquello que lleva décadas reclamando?
El tiempo administrativo no puede valer más que el tiempo de vida de un ciudadano.
EL ACTUAL GRUPO DE GOBIERNO NO PUEDE ESCONDERSE DETRÁS DE LA BUROCRACIA
El actual Gobierno del Cabildo ha tenido tiempo suficiente para conocer el problema.
Ha tenido acceso a la documentación.
Ha tenido conocimiento de las reivindicaciones de los vecinos. Ha tenido conocimiento del procedimiento de transmisión.
Y ha tenido la posibilidad de adoptar decisiones.
Por eso resulta insuficiente seguir trasladando a los afectados la existencia de nuevas dificultades, nuevos informes o estudios.
Porque gobernar no consiste en acumular expedientes.
Gobernar consiste en resolver los problemas de los ciudadanos.
Y cuando un Gobierno conoce durante años un problema y no ofrece una solución definitiva, debe aceptar que los ciudadanos le pidan explicaciones.
VALTERRA NO NECESITA MÁS PROMESAS
Durante demasiado tiempo los vecinos han escuchado palabras. Han escuchado compromisos.
Han escuchado anuncios. Han escuchado explicaciones.
Pero siguen esperando lo mismo:
SU TÍTULO DE PROPIEDAD.
Y aquí es donde debe terminar la política de las palabras.
Porque una Administración puede anunciar muchas actuaciones, inaugurar muchas obras y presentar muchos proyectos.
Pero también debe responder por aquello que deja sin resolver.
Y las 70 viviendas de Valterra constituyen hoy una de esas deudas pendientes.
NO SE PUEDE PEDIR PACIENCIA INDEFINIDAMENTE A QUIEN LLEVA DÉCADAS ESPERANDO
Hay algo que el grupo de gobierno debería entender:
La paciencia de los vecinos no es una obligación jurídica.
La paciencia no puede utilizarse como sustituto de una resolución. Los vecinos ya han esperado demasiado.
Han esperado mientras cambiaban gobiernos.
Han esperado mientras se sucedían responsables políticos. Han esperado mientras se redactaban informes.
Han esperado mientras se tramitaban expedientes.
Y ahora vuelven a escuchar que hay que seguir esperando.
¿Hasta cuándo?
¿Hasta que fallezcan todos los titulares originales?
¿Hasta que sus herederos tengan que iniciar nuevos procedimientos?
¿Hasta que las viviendas continúen deteriorándose?
¿Hasta que el problema deje de tener repercusión pública?
No.
La Administración tiene que resolver mientras los ciudadanos todavía pueden disfrutar del derecho que llevan décadas reclamando.
EL ESTADO DE LAS VIVIENDAS TAMBIÉN ES RESPONSABILIDAD
A la situación jurídica se añade otra cuestión que tampoco puede seguir ignorándose:
el estado de conservación de las viviendas.
Mientras los vecinos esperan una solución definitiva, las viviendas continúan necesitando atención.
No es razonable que una Administración asuma la titularidad de unos inmuebles y, al mismo tiempo, permita que el deterioro avance mientras los legítimos interesados esperan una solución.
Las prioridades de gasto público pueden y deben discutirse.
Pero cuando existen personas mayores esperando durante años la regularización de su vivienda y viviendas que requieren actuaciones de conservación, el Gobierno insular tiene que explicar cuáles son sus prioridades.
Porque para quien lleva toda una vida esperando, su casa no es propaganda, ni una partida presupuestaria, ni una fotografía institucional.
Es su hogar.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA TIENE NOMBRE Y APELLIDOS
No se trata de atacar gratuitamente a nadie. Se trata de recordar una verdad elemental:
Quien gobierna tiene la responsabilidad de gobernar.
Y quien ocupa una responsabilidad política no puede atribuir indefinidamente sus propios retrasos a la complejidad del expediente, o que el grupo anterior lo hizo mal.
Si existen problemas jurídicos, que se solucionen.
Si existen obstáculos administrativos, que se eliminen. Si existen errores, que se corrijan.
Si falta documentación, que se solicite.
Si hay que modificar un procedimiento, que se modifique. Pero que se haga algo.
Lo que no puede aceptarse es que la Administración permanezca inmóvil mientras el ciudadano sigue esperando.
LOS VECINOS TIENEN DERECHO A EXIGIR RESPUESTAS
Por todo ello, los vecinos de Valterra están plenamente legitimados para exigir al Cabildo de Lanzarote:
Una explicación pública, completa y documentada sobre la situación actual de las 70.
La identificación de todos los obstáculos jurídicos o administrativos que, según el Cabildo, impiden culminar las transmisiones.
La entrega de los expedientes y documentación que corresponda a los interesados, dentro de los límites legalmente establecidos.
Una resolución expresa sobre las solicitudes formuladas por los
Un calendario concreto de
Una fecha cierta para iniciar el otorgamiento de los títulos de propiedad de quienes hayan acreditado sus derechos.
Medidas efectivas para garantizar la conservación y seguridad de las
Y, si la Administración continúa sin resolver, la utilización de todas las vías legales de control y protección de los derechos de los afectados.
EL CABILDO DEBE ELEGIR ENTRE RESOLVER O SEGUIR DANDO EXPLICACIONES
Ha llegado el momento de que el grupo de gobierno insular comprenda que Valterra ya no necesita más discursos políticos.
Necesita decisiones. Necesita resoluciones. Necesita documentos. Necesita escrituras.
Y necesita que quienes tienen la responsabilidad de gobernar estén a la altura de la historia de estas familias.
Porque una institución pública no puede exigir respeto a los ciudadanos mientras mantiene durante años sus derechos en espera.
El respeto institucional se demuestra cumpliendo.
La responsabilidad política se demuestra resolviendo.
Y la transparencia se demuestra diciendo la verdad sobre lo que ocurre.
VALTERRA NO PIDE UN FAVOR
Que quede absolutamente claro:
Los vecinos de Valterra no están pidiendo un privilegio.
No están pidiendo que se les regale nada. No están solicitando un trato de favor.
Están reclamando que se culmine una solución histórica que las propias Administraciones pusieron en marcha.
Por eso, cualquier intento de presentar esta reivindicación como una petición política o partidista sería profundamente injusto.
VALTERRA NO ES DE UN PARTIDO. VALTERRA ES DE SUS VECINOS.
Y esos vecinos tienen derecho a exigir que las instituciones cumplan.
Y AL GRUPO DE GOBIERNO DEL CABILDO HAY QUE DECÍRSELO CLARAMENTE
Se acabó el tiempo de las excusas. Se acabó el tiempo de las promesas.
Se acabó el tiempo de esconderse detrás de informes.
Se acabó el tiempo de pedir paciencia a quienes llevan décadas esperando.
Ahora toca responder. Ahora toca resolver.
Ahora toca cumplir.
Porque los cargos públicos son temporales. Los gobiernos pasan.
Las mayorías cambian.
Pero los derechos de los ciudadanos permanecen.
Y algún día, cuando se haga balance de lo ocurrido con las 70 viviendas de Valterra, nadie preguntará cuántas reuniones celebró el Gobierno insular.
Nadie preguntará cuántos informes encargó.
Nadie preguntará cuántas veces anunció que estaba trabajando en ello. La pregunta será mucho más sencilla:
¿POR QUÉ, TENIENDO LA OPORTUNIDAD DE RESOLVERLO, ¿NO LO RESOLVIERON?
Y esa es la pregunta que el actual grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote debe contestar hoy, públicamente y ante los vecinos.
Porque Valterra ha esperado demasiado.
Porque sus vecinos han esperado demasiado.
Y porque ninguna Administración tiene derecho a convertir una espera de décadas en una espera interminable.
VALTERRA NO QUIERE MÁS PALABRAS. VALTERRA QUIERE JUSTICIA. VALTERRA QUIERE SUS ESCRITURAS.
Y VALTERRA TIENE DERECHO A SABER POR QUÉ EL GOBIERNO DEL CABILDO SIGUE SIN CUMPLIR.