El juez Juan Carlos Peinado cierra la instrucción y envía a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y a su asesora, Cristina Álvarez, después de que la Audiencia de Madrid redujera el alcance de una causa abierta hace casi dos años y medio.

La instrucción que comenzó en abril de 2024 ha llegado al lugar al que llevaba meses encaminándose, aunque por un camino bastante más estrecho del que dibujó inicialmente el juez Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez tendrá que sentarse ante un tribunal del jurado para responder por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Cristina Álvarez, asesora de la Presidencia del Gobierno, también irá a juicio, pero únicamente por su presunta participación como cooperadora necesaria en la malversación relacionada con el software desarrollado en torno a la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

El auto dictado este lunes por Peinado pone fin a la fase de instrucción y devuelve ahora la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá continuar la tramitación y señalar la fecha del juicio. El magistrado, que se jubila esta misma semana, no ha impuesto medidas cautelares a las dos acusadas ni ha establecido fianza. Sí ha ordenado que se investigue la capacidad económica de Gómez mediante sus cinco últimas declaraciones de la renta, dentro de las posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse del procedimiento.

No es exactamente el mismo juicio que Peinado había planteado en junio. Aquella primera apertura fue corregida por la Audiencia Provincial, que dejó fuera los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida y obligó al instructor a rehacer la fase final del procedimiento. También quedaron fuera del perímetro del juicio otras personas investigadas durante la instrucción, entre ellas el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyo procedimiento continuará por otra vía.

El nuevo auto mantiene tres grandes bloques alrededor de Begoña Gómez. El primero es la creación y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Complutense. Peinado vuelve a situar en el centro la reunión que Gómez mantuvo en julio de 2020 con el entonces rector de la universidad, Joaquín Goyache, en el Palacio de La Moncloa, así como la posterior intervención del vicerrector Juan Carlos Doadrio. Para el instructor, la secuencia de aquellos acontecimientos constituye un indicio que deberá ser valorado durante el juicio.

La cuestión que llegará al jurado no será, por tanto, si Begoña Gómez dirigió aquella cátedra, algo que no discuten las partes, sino si para acceder a ella y desarrollar posteriormente sus proyectos se prevalió de la posición que ocupaba como esposa del presidente del Gobierno. La defensa sostiene la tesis contraria: que Gómez ya mantenía vínculos profesionales con la Complutense antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, que la reunión con Goyache tuvo lugar allí en el contexto excepcional de la pandemia y que no existieron presiones sobre los responsables universitarios.

El segundo frente tiene como protagonista a Cristina Álvarez. Peinado sostiene que la asesora, cuyo sueldo procedía de la Presidencia del Gobierno, realizó de forma continuada tareas vinculadas a la actividad académica y profesional de Gómez. El instructor menciona contactos con universidades, empresas y patrocinadores, además de gestiones relacionadas con la cátedra y con la plataforma informática desarrollada en su entorno.

La defensa rechaza que esas actuaciones permitan hablar de una utilización privada de recursos públicos. Será precisamente el juicio el escenario en el que deberán confrontarse esas dos interpretaciones, una cuestión que el instructor considera suficientemente indiciaria para llevarla ante un jurado.

El tercer capítulo es el software. La plataforma fue desarrollada en el ámbito de la cátedra con participación de la Complutense y de empresas tecnológicas. Peinado sostiene que la universidad no llegó a disponer de todos los elementos del desarrollo en los términos que, a su juicio, correspondían y relaciona ese proceso con el registro de determinadas marcas, el dominio transformatsc.org y la sociedad Transforma TSC SL.

La defensa sostiene que la plataforma estaba destinada a la universidad y que permaneció disponible para sus técnicos, y que Gómez actuó siguiendo las indicaciones recibidas desde la propia Complutense. La universidad, que permanece personada como perjudicada, ha cuantificado provisionalmente en 113.509,32 euros el perjuicio que atribuye al desarrollo del software.

Es en este último episodio donde aparece también Cristina Álvarez en el banquillo. Peinado considera que existen indicios para que responda como cooperadora necesaria de la presunta malversación. La acusación popular, por su parte, solicita para Gómez un total de 13 años de prisión: dos por tráfico de influencias, tres por la malversación relacionada con la utilización de la asesora y ocho por la vinculada al software. Para Álvarez reclama seis años.

Pero esa es la posición de la acusación popular, no una condena anticipada. La Fiscalía ha vuelto a solicitar el archivo de la causa y las defensas han pedido igualmente el sobreseimiento. La propia existencia de un juicio no determina el resultado del procedimiento y será durante la vista oral cuando las acusaciones y las defensas tendrán que sostener sus respectivas versiones ante el tribunal.

La causa llega así al final de una instrucción que ha sufrido varias correcciones en las instancias superiores y que comenzó con una denuncia presentada en 2024. Desde entonces, el procedimiento ha incorporado declaraciones, informes y distintos bloques de investigación hasta desembocar en una causa considerablemente más reducida que la inicialmente planteada por el instructor.

Ahora cambia el escenario. Peinado deja de dirigir la investigación y la pelota pasa a la Audiencia Provincial de Madrid. Será allí donde se termine de ordenar el procedimiento y donde, llegado el momento, un jurado tenga que escuchar las pruebas, los testimonios y las distintas versiones de una historia que comenzó alrededor de una cátedra universitaria y que, dos años y medio después, ha terminado instalada en el centro de la política española.