El Gobierno y el PSOE sostienen que la instrucción ha sido «arbitraria e injusta», defienden la inocencia de la esposa de Pedro Sánchez y confían ahora en que el jurado cierre una causa que consideran diseñada para desgastar políticamente al presidente.

La noticia era esperada. La reacción, también. El auto del juez Juan Carlos Peinado que envía a Begoña Gómez ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación apenas había comenzado a circular cuando Moncloa levantó la trinchera alrededor de la esposa del presidente del Gobierno. No hubo prudencia institucional ni voluntad de esperar al juicio. El Ejecutivo salió a defender su inocencia y a acusar al instructor de haber dirigido durante más de dos años una investigación «arbitraria e injusta» marcada, según su versión, por la intención política, el acoso y la deshumanización.

Pedro Sánchez estaba, además, camino de Nueva York. El presidente permanecerá allí hasta el jueves para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas y esa coincidencia temporal se convirtió inmediatamente en otro argumento para el Gobierno. Moncloa considera «intolerable» que el auto vuelva a conocerse coincidiendo con un viaje internacional del jefe del Ejecutivo y protesta también porque la resolución, según sostiene, trascendiera antes de ser notificada a las partes.

No es la primera vez que el Gobierno establece esa relación entre el calendario judicial de Peinado y la agenda internacional de Sánchez. Lo ha hecho durante una instrucción en la que algunas resoluciones relevantes han coincidido con desplazamientos del presidente fuera de España. De esa sucesión de fechas Moncloa extrae una intencionalidad política que atribuye al magistrado. Es una acusación del Ejecutivo, no un hecho acreditado, pero sirve para entender hasta qué punto se ha deteriorado durante estos dos años la relación entre el Gobierno y el instructor.

Esta vez tampoco hubo demasiados matices. El Ejecutivo sostiene que durante la investigación ha quedado demostrada la inocencia de Begoña Gómez y asegura que el juicio terminará confirmándola. La paradoja es que el mismo jurado popular al que ahora tendrá que enfrentarse la esposa del presidente se ha convertido en la última esperanza de quienes consideran que nunca debería haber llegado hasta allí. Moncloa dice confiar plenamente en que será «ecuánime» e impartirá justicia.

El argumento político se apoya también en una realidad procesal. La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa y volvió a hacerlo en la audiencia preliminar celebrada el pasado 8 de septiembre. El Ministerio Público considera que no existen indicios suficientes para continuar el procedimiento, mientras que las acusaciones populares mantienen la tesis contraria. Peinado ha optado finalmente por abrir juicio oral y dejar que sean los miembros del jurado quienes escuchen las pruebas y decidan.

El PSOE fue incluso un paso más allá. Ferraz calificó la instrucción de «errática, desproporcionada y difícil de entender» y recordó que distintas decisiones adoptadas por Peinado han sido corregidas durante estos dos años por la Audiencia Provincial de Madrid. La causa que llegará al juicio es, de hecho, considerablemente más estrecha que aquella que llegó a manejar el instructor, después de que fueran desapareciendo delitos, investigados y algunas medidas cautelares.

Para los socialistas, esa sucesión de correcciones demuestra que Begoña Gómez ha soportado durante más de dos años una exposición pública desproporcionada. El partido habla de una «pena de telediario permanente» cuyo objetivo habría sido desgastar políticamente a Pedro Sánchez y vuelve al origen del procedimiento, iniciado en abril de 2024 a partir de una denuncia de Manos Limpias sustentada inicialmente, entre otros elementos, en informaciones publicadas por distintos medios de comunicación.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, abandonó cualquier sutileza al referirse a Peinado. «El último servicio a la “patria” antes de colgar la toga», escribió después de conocerse el auto. La frase apunta directamente a otra circunstancia que sobrevuela inevitablemente la decisión: el magistrado se jubila esta misma semana y abandona el juzgado después de haber llevado hasta el juicio una de las instrucciones judiciales con mayor impacto político de los últimos años.

Peinado se marcha, pero el caso se queda. Y lo hace después de una investigación sometida a numerosas revisiones por instancias superiores, aunque esas correcciones no han supuesto el cierre completo de la causa. La Audiencia Provincial ha ido delimitando su perímetro y descartando algunas de las tesis manejadas durante la instrucción, pero los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación han sobrevivido hasta esta última estación.

Ahí reside también la contradicción que acompaña a la reacción del Gobierno. Moncloa considera que nunca existieron pruebas suficientes para llegar a juicio, pero tendrá que defender esa tesis precisamente en un juicio. Peinado considera que existen indicios suficientes para que la cuestión sea examinada ante un tribunal, mientras la Fiscalía mantiene que el procedimiento debería haberse archivado. Entre ambas posiciones queda ahora un jurado que todavía no existe y sobre cuyos integrantes recaerá una responsabilidad considerable.

El Gobierno ha decidido no esperar a conocerlos. Ha convertido el auto en un nuevo capítulo de su enfrentamiento con Peinado y ha colocado públicamente sobre la mesa una acusación de enorme gravedad: que detrás de una investigación judicial existe una voluntad de persecución política contra la esposa del presidente para alcanzar al propio presidente.

Será el juicio el que determine si Begoña Gómez cometió los delitos que se le atribuyen. La batalla política, en cambio, comenzó mucho antes. Y esa ya hace tiempo que dejó de librarse exclusivamente dentro de un juzgado.