La realidad política española vuelve a parecer escrita por el gran director de cine Luis García Berlanga. El mismo país que hace tres décadas convirtió en comedia la reunión de políticos, empresarios, banqueros, funcionarios y delincuentes en torno a una cárcel vuelve a ofrecer, tres décadas después, una colección de nombres que parecen sacados de aquel reparto coral de Todos a la cárcel.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves una nueva operación en el marco del caso Koldo, después de que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abriera una nueva pieza separada y secreta tras recibir un informe de los investigadores. La operación ha incluido actuaciones en Madrid, Valencia, Sevilla y Córdoba y seis órdenes de detención, entre ellas la de Andrea de la Torre, pareja del exministro José Luis Ábalos, y la de Cristian Corvillo.
Corvillo es el nombre que devuelve al centro de la escena aquel Peugeot que en 2017 se convirtió en uno de los símbolos de la remontada política de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Diversos medios y fuentes de la investigación lo sitúan como la persona que condujo a Sánchez durante aquella campaña frente a Susana Díaz. El Gobierno, sin embargo, niega que Corvillo fuera chófer de Sánchez, del PSOE o del Gobierno y asegura que no tiene constancia de que ejerciera oficialmente esa función.
La UCO lo ha detenido ahora en Córdoba dentro de una investigación que se desarrolla bajo secreto y que incluye diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en contratos públicos y con la rama de la investigación que afecta a la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. También se han producido actuaciones en Adif y un nuevo registro en el domicilio de Ábalos en Valencia y, justamente ahí, aparece de nuevo la particularidad del caso porque los nombres se acumulan.
Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Víctor de Aldama y ahora Cristian Corvillo, el hombre asociado al volante de aquel Peugeot que acompañó a Sánchez en uno de los episodios más recordados de la política española reciente.
No significa que todos ellos hayan sido condenados por los mismos hechos ni que exista una responsabilidad penal común y, precisamente por eso, las investigaciones judiciales deberán determinar qué hizo cada uno, qué relación tuvo con los demás y si las sospechas de los investigadores terminan convirtiéndose en responsabilidades ante los tribunales.
Pero la imagen política y el eco social resultan difíciles de ignorar porque Berlanga ya había construido en Todos a la cárcel, estrenada en 1993, una España en la que las fronteras entre poder político, intereses económicos, administración y negocios particulares terminaban convirtiendo una celebración institucional en una sucesión de situaciones disparatadas. La película reunía en una cárcel a autoridades y representantes de distintos ámbitos del poder mientras, entre bastidores, se desarrollaban fugas, negocios, intereses cruzados y maniobras de todo tipo. Treinta y tres años después, el decorado ha cambiado, el mundo es muy distinto, pero hay cosas que nunca cambian. Ya no hace falta que Berlanga reúna a sus personajes en la cárcel. A veces parece suficiente con seguir las diligencias de la UCO y los titulares de los medios en la mañana de un jueves de noviembre de 2026.
Y quizá ahí esté la parte más berlanguiana de todo este asunto. Que aquel Peugeot que representó para el PSOE de 2017 el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido vuelva ahora a aparecer, casi una década después, en una investigación judicial que alcanza a personas relacionadas con aquella historia.
Berlanga murió en 2010. Por descontado que no conocía la historia del Peugeot, pero cuesta imaginar que, de haberlo hecho, hubiera desaprovechado el argumento. A eso se le parecía la mañana que se ha vivido hoy en España. El Todos a la cárcel de Berlanga en toda su expresión.