El Parlamento Europeo reclama nuevas normas para proteger la salud física y mental de los trabajadores, con planes individuales de reincorporación, evaluaciones periódicas del estrés laboral y medidas contra el acoso y la vigilancia excesiva mediante inteligencia artificial.

Volver al trabajo después de una baja no siempre significa estar en condiciones de recuperar de un día para otro el mismo ritmo, la misma jornada y las mismas responsabilidades que provocaron o agravaron un problema de salud. Con esa realidad como telón de fondo, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que prepare nuevas medidas legislativas para reforzar la protección de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales y facilitar una reincorporación progresiva y adaptada a las circunstancias de cada persona.

La iniciativa, aprobada por la Eurocámara con 413 votos a favor, 210 en contra y 29 abstenciones, plantea que las empresas elaboren planes individuales de reincorporación para quienes hayan permanecido de baja por problemas relacionados con estos riesgos. Los planes podrían contemplar modificaciones temporales de la jornada, una reorganización de las tareas o una reducción de la carga de trabajo, de manera que el regreso no se convierta en una nueva fuente de presión para quien todavía necesita recuperar su salud.

La propuesta forma parte de un planteamiento más amplio que pretende situar la prevención de los riesgos psicosociales en el centro de la seguridad laboral, junto a los peligros físicos que tradicionalmente han concentrado buena parte de la atención preventiva. El estrés crónico, el agotamiento, la inseguridad laboral, las jornadas excesivas, el acoso y la falta de autonomía pueden deteriorar la salud mental, pero también favorecer enfermedades físicas, por lo que los eurodiputados reclaman que las empresas actúen sobre las condiciones de trabajo que originan estos problemas y no se limiten a intervenir cuando el daño ya se ha producido.

La dimensión del fenómeno aparece recogida en un informe publicado en abril por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estima que más de 840.000 personas mueren cada año en el mundo por problemas de salud vinculados a riesgos psicosociales relacionados con el trabajo. El organismo internacional relaciona estos factores, entre otros efectos, con enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales, incluido el suicidio, y calcula que provocan la pérdida anual de casi 45 millones de años de vida ajustados por discapacidad, además de un impacto económico equivalente al 1,37% del producto interior bruto mundial.

La cifra no se refiere exclusivamente a enfermedades mentales ni significa que todas esas muertes tengan una única causa laboral, sino que recoge estimaciones sobre el impacto atribuible a distintos factores de riesgo, entre ellos las jornadas prolongadas, la inseguridad en el empleo, el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa y el acoso en el entorno de trabajo. La OIT advierte de que la forma en que se diseñan los puestos, se distribuyen las responsabilidades y se organiza la actividad puede convertirse en un factor determinante para la salud, especialmente cuando las exigencias son elevadas y los trabajadores carecen de autonomía, recursos o apoyo suficiente.

La ponente del informe parlamentario, Estelle Ceulemans, eurodiputada socialista belga, defendió la necesidad de abandonar una cultura laboral marcada por el agotamiento y avanzar hacia entornos que permitan desarrollar la actividad profesional sin comprometer la salud. Ceulemans también señaló los desafíos que plantean las nuevas tecnologías digitales y la inteligencia artificial, cuya utilización puede modificar los ritmos de trabajo, intensificar la supervisión y dificultar la separación entre la vida profesional y la personal.

El informe reclama que los empleadores asuman obligaciones jurídicamente vinculantes para proteger la salud física y mental de sus plantillas y que los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo puedan reconocerse explícitamente como causas de enfermedades profesionales. También propone reforzar las evaluaciones periódicas de riesgos y obliga a mirar más allá de los accidentes visibles, incorporando factores como la sobrecarga de tareas, la intensidad de la actividad, la falta de claridad en las funciones o los efectos que pueden tener las reorganizaciones empresariales.

En esa línea, los eurodiputados piden que las decisiones importantes de reestructuración se acompañen de una evaluación de sus posibles consecuencias para la salud psicosocial de los trabajadores, con participación de las plantillas y de sus representantes. La recomendación incluye los cambios derivados del teletrabajo y la implantación de sistemas automatizados que distribuyen tareas, supervisan el rendimiento o intervienen en decisiones de gestión, ámbitos en los que la digitalización puede aportar herramientas útiles, pero también introducir nuevas formas de presión si no existen límites y controles adecuados.

La Eurocámara reclama asimismo políticas específicas contra la violencia, el acoso, el hostigamiento y la discriminación, junto con mecanismos para detectar estos comportamientos de manera temprana y protocolos de actuación ante agresiones de terceros. El objetivo es que la prevención no dependa únicamente de la capacidad individual de cada empleado para soportar situaciones adversas, sino que forme parte de la organización ordinaria de las empresas y de sus responsabilidades en materia de seguridad y salud.

La regulación europea ya establece un marco general de prevención de riesgos laborales, a través de la Directiva 89/391/CEE, que obliga a los empleadores a evaluar y prevenir los riesgos en el trabajo. Sin embargo, los riesgos psicosociales no cuentan con un marco específico y uniforme que determine de manera completa las obligaciones empresariales en todos los Estados miembros, una diferencia que el servicio de estudios del Parlamento Europeo considera relevante para explicar la desigual protección existente entre países.

La Comisión Europea dispone ahora de tres meses para responder formalmente a la petición parlamentaria, indicando qué medidas prevé adoptar o explicando por qué considera que no debe presentar una iniciativa legislativa en los términos solicitados. Bruselas trabaja, además, en el desarrollo de su futura iniciativa sobre empleos de calidad, prevista para finales de 2026, dentro de la cual se estudian posibles medidas sobre los riesgos psicosociales y las condiciones laborales.

Por tanto, la votación no convierte todavía los planes individuales de reincorporación en un derecho de aplicación general ni obliga de inmediato a todas las empresas a modificar sus procedimientos, sino que abre una nueva fase de presión política para que la Comisión concrete una respuesta normativa. La cuestión de fondo es si la protección de la salud laboral seguirá descansando principalmente en un marco general de prevención o si la Unión Europea establecerá obligaciones más precisas para actuar sobre unas condiciones de trabajo que, aunque no siempre dejan una lesión visible, pueden terminar teniendo consecuencias duraderas para la vida de quienes las soportan.