La advertencia lanzada esta semana por Mohamed VI sobre los límites de la cooperación migratoria con España introduce un nuevo elemento de incertidumbre en una cuestión que afecta directamente a Canarias, donde la ruta atlántica continúa concentrando una parte sustancial de las llegadas irregulares a territorio español. El rey de Marruecos aprovechó la apertura del Parlamento de su país, el pasado 9 de octubre, para anunciar que presentará un nuevo modelo de inmigración dirigido a sus socios europeos y advertir de que Rabat no aceptará presiones ni negociaciones que considere basadas en el «chantaje».

El discurso no supone una ruptura formal de la cooperación con Madrid, pero sí expresa la voluntad marroquí de revisar sus condiciones y cuestiona el funcionamiento del modelo actual. Mohamed VI reconoció los avances registrados durante los últimos años, aunque consideró agotado el sistema vigente y reclamó una respuesta que tenga en cuenta los intereses de Marruecos. Entre los asuntos señalados figura la devolución de menores marroquíes que permanecen en España, una cuestión especialmente delicada en Ceuta, donde la llegada de miles de personas durante la crisis migratoria del verano volvió a poner a prueba los mecanismos de acogida y coordinación entre administraciones.

Para Canarias, el alcance de esta advertencia debe analizarse desde la particularidad de la ruta atlántica. Las embarcaciones que alcanzan el archipiélago parten de distintos puntos de la costa occidental africana, entre ellos Mauritania y Senegal, por lo que la cooperación con Marruecos constituye una pieza de la política migratoria española, pero no explica por sí sola el comportamiento de las llegadas a las islas. La vigilancia de las fronteras, la actuación contra las redes que organizan las travesías y la colaboración con los países de origen y tránsito forman parte de un dispositivo regional en el que las decisiones de cada gobierno pueden tener consecuencias diferentes según la ruta.

Los datos disponibles muestran que las llegadas irregulares a Canarias habían descendido durante los nueve primeros meses de 2026. Según el balance del Ministerio del Interior, hasta el 30 de septiembre habían alcanzado el archipiélago 7.133 personas, un 44,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior. El descenso no ha eliminado la presión sobre los servicios de recepción y atención, y las cifras difundidas por los servicios de emergencia sitúan a El Hierro y Lanzarote entre las islas que han concentrado buena parte de las llegadas registradas durante el año.

La posición de Rabat adquiere relevancia porque la cooperación con los países africanos es uno de los instrumentos empleados por España y la Unión Europea para tratar de reducir las salidas irregulares y combatir las redes de tráfico de personas. Sin embargo, el anuncio de Mohamed VI no permite concluir que Marruecos vaya a reducir su colaboración ni que se produzca un aumento de las llegadas a Canarias. El monarca ha planteado una revisión del modelo, pero todavía queda por conocer el contenido concreto de la estrategia anunciada y las condiciones que su Gobierno pretende establecer en la relación con sus socios europeos.

La reclamación sobre los menores añade otro frente a una relación bilateral en la que las cuestiones migratorias conviven con la cooperación policial, económica y diplomática. España y Marruecos disponen de un acuerdo para la repatriación de menores no acompañados, pero su aplicación debe respetar las garantías legales y el interés superior de cada niño, de modo que la voluntad política de los gobiernos no permite ejecutar devoluciones automáticas al margen de las circunstancias individuales.

El mensaje del monarca llega, además, en vísperas de la visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla, prevista para el 13 de octubre, un contexto que aumenta el interés político de sus declaraciones. Para Canarias, el principal interrogante se encuentra ahora en el contenido de la nueva estrategia marroquí y en la respuesta que ofrezcan Madrid y Bruselas, mientras el archipiélago continúa afrontando las consecuencias humanitarias y operativas de una ruta migratoria que depende de varios países y cuya evolución exige mantener la cooperación internacional.