El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno para que en un plazo «improrrogable» de 15 días asuma la acogida de los menores extranjeros solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, tal y como ordenó el Alto Tribunal el pasado mes de marzo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo hace este requerimiento tras recibir un escrito del Gobierno de Canarias que alertaba del «insuficiente ritmo de ejecución» de la medida cautelar adoptada por el Supremo, por la que la administración central debe hacerse cargo de un millar de estos menores.
Se trata del tercer aviso que el Supremo lanza al Gobierno desde que en marzo le ordenó que asumiese la acogida de los menores que requieren de protección internacional, momento en el que fijó un plazo de 10 días para cumplir esta medida, como recuerda el auto, dictado el pasado martes.
Transcurridos más de siete meses de aquella orden, el Supremo ve «evidente» que, como aduce Canarias, «el ritmo de ejecución de dicho mandato es manifiestamente inadmisible», y da un nuevo ultimátum a la Administración General del Estado para que cumpla la orden de acoger a estos menores «sin posibilidad de excusa o reparo alguno».
El Gobierno central inició el pasado mes de agosto los primeros traslados de menores solicitantes de asilo a la península, pero Canarias ha denunciado la lentitud en las derivaciones y, a fecha del 21 de octubre, cifró en 191 los menores trasladados por el Gobierno y en 899 el número de estos niños que aún atendían los servicios regionales.
El tribunal insta al Ejecutivo a adoptar con urgencia cuantas medidas sean necesarias y responde así a las quejas de Canarias, que advirtió de que se mantenía la situación de «hacinamiento» de los menores en sus instalaciones e incluso se ha incrementado por la llegada de más menores en la misma situación.
La Sala reprocha que no se haya tomado una decisión firme y taxativa para integrar a los menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) y no ve previsible que ese resultado, su integración en el sistema, se produzca con «lento ritmo» de las actuaciones.
Por otra parte, Canarias le ha comunicado al Supremo que el Gobierno tiene intención de efectuar las derivaciones siguiendo los criterios de la reforma de la ley de extranjería, por lo que teme una mayor demora.
Al respecto, el Supremo apunta que lo relevante es que el Gobierno ejecute las medidas a las que está obligada y no el medio para hacerlo, siempre que se proteja el interés superior del menor.
En sus requerimientos para que el Gobierno cumpla la medida cautelar impuesta, el Supremo llegó en junio a advertirle de que si no cumplía lo ordenado podría imponer medidas coercitivas a los responsables y en su último auto al respecto ha recordado el aviso sobre posibles «apercibimientos».
También impuso el Supremo que Canarias y el Ejecutivo le informasen cada 15 días sobre el proceso y volvió a apremiar al Estado a cumplir su mandato el pasado mes de julio.
Los menores a los que la administración central debe acoger en su sistema son niños y adolescentes que han migrado solos, sin referentes adultos, a través de peligrosas travesías y presentan múltiples vulnerabilidades, pues han pedido protección internacional en España porque sufren persecuciones en sus países o temen sufrir daños graves si vuelven a su lugar de origen.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confiado en que el Gobierno de España «cumpla definitivamente con su obligación» de incorporar al sistema de protección internacional a los menores migrantes no acompañados en situación de asilo que han llegado al archipiélago.
Tras el requerimiento la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que la Administración General del Estado asuma en un plazo improrrogable de 15 días asuma la acogida de los menores extranjeros solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, Clavijo ha señalado que «es sorprendente» que se haya tenido que esperar a hasta tres autos desde que se inició este proceso en marzo pasado.
El presidente regional, que ha solicitado comparecer en el Parlamento de Canarias para informar sobre este requerimiento, ha constatado que el Supremo «vuelve a darle la razón» a su ejecutivo, que denunció en la Sala el ritmo insuficiente con el que actúa el Estado en la acogida de menores migrantes no acompañados con derecho a asilo.
El Estado «siempre habla de cooperación y colaboración», pero «se constata que no hay voluntad de poner solución a una situación que vulnera los derechos de los menores y desborda la capacidad de la Comunidad Autónoma», ha afirmado Clavijo.
Para el presidente canario el auto del Supremo pone de relieve «el abandono que la Administración del Estado ha sometido a Canarias y a esos niños y niñas».
«No sé cuántos autos más va a tener que dictar el Tribunal Supremo para que se termine la vulneración de los derechos de estos menores» y su hacinamiento, y para que puedan acceder a los servicios a los que tendrían derecho al estar en la red de protección internacional, ha subrayado.
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Canarias, al principio del proceso ante el Tribunal Supremo, había 1.129 menores de edad solicitantes de asilo en Canarias, de los que en este tiempo 230 ya han cumplido la mayoría de edad.
De los 899 restantes, el Estado ha asumido la protección internacional de 259, de los que 199 que ya han salido de las islas y otros 60 están alojados en el recurso estatal Canarias 50, en Gran Canaria.
A otros 111 les ha sido denegada la protección internacional, de manera que quedarían pendientes de asumir por la Administración General del Estado 529 menores solicitantes de asilo, de los cuales 187 aún esperan por la resolución de sus expedientes de solicitud de asilo y 342 ya estarían listos para ser asumidos por el sistema de protección internacional.
La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha confiado en que el Gobierno de España «de verdad haga caso al Tribunal Supremo», y asuma a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, en lugar de poner «piedras en el camino» como a su juicio ha ocurrido.
Tras conocer el auto del Tribunal Supremo que obliga al Estado a asumir a esos menores en el plazo de quince días, Delgado ha señalado que, a su juicio, el Gobierno no estaba poniendo «todo sobre la mesa» para crear plazas que permitieran la salida de los menores.
En cambio, el Gobierno de Canarias «ha puesto todo de su mano» para adelantar los expedientes y remitírselos al Estado sin esperar a que este los solicitara.
«Esperemos que de verdad ahora hagan caso al Supremo y efectivamente trasladen a esos 529 menores» a recursos de fuera de la Comunidad Autónoma, ha insistido.
«Yo creo que hasta han puesto piedras en el camino para que esto se ralentice», ha considerado Candelaria Delgado.
Por último, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido «seriedad y colaboración» entre administraciones para acoger menores migrantes, que están viviendo «una situación complicada».
En un acto en A Coruña este jueves tras una reunión con la Plataforma de Organizaciones de Infancia en Galicia, Rego ha asegurado que ve en el Gobierno gallego «una actitud bastante refractaria» ante la acogida de niños y niñas que están en Canarias.
Ha indicado que la reforma de la ley de extranjería «venía acompañada de financiación suficiente», pero como el sistema de protección de menores «es competencia de las comunidades autónomas», estas tienen «la obligación de dotarlo de manera suficiente».
La ministra ha indicado que al ver los presupuestos de la Xunta para 2026 parece que «la prioridad política es más dejar de ingresar dinero por regalos fiscales que dotar suficientemente los sistemas públicos».
Ha defendido que está en «comunicación permanente» con las comunidades autónomas y ha habido reuniones en las que han llevado «cero propuestas».
«Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han traído un bloqueo sistemático», ha criticado, a la vez que ha pedido «más seriedad y colaboración» porque «estamos hablando de derechos de niños y niñas».
La responsable de Política Institucional de Esquerda Unida de Galicia, Chus Rodríguez, ha denunciado «el bloqueo y la falta de interés» por parte de la Xunta, cuya «única solución ha sido abrir un macrocentro de menores de 80 plazas en Monferto», lo que considera «un recurso insuficiente» y que no ayuda a la inserción social.
Rodríguez ha propuesto «reforzar los equipos técnicos de menores en Galicia, la búsqueda de familias de acogida y abrir nuevos centros de acogida residencial porque el sistema está saturado por la falta de inversión de la Xunta».
EFE