El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha salido al paso de las acusaciones lanzadas por la concejala socialista Cristina Duque, que ha reclamado su dimisión tras las conclusiones del informe del secretario general del Ayuntamiento sobre el nombramiento de su hermano como oficial de la Policía Local. El regidor rechaza que se haya producido un trato de favor y considera especialmente ofensivas las insinuaciones de que utilizó su responsabilidad institucional para facilitar el ascenso de un familiar que, según recuerda, ingresó en el cuerpo policial hace 26 años, durante el mandato de la entonces alcaldesa Manuela de Armas, y fue el primero de su promoción.

De León insiste en que no participó en el tribunal calificador ni intervino en la evaluación de los aspirantes, tampoco en la elaboración o firma de las actas de admitidos y excluidos. Según su explicación, el procedimiento de selección correspondió al órgano encargado de valorar a los candidatos y su intervención se produjo posteriormente, cuando el departamento de Recursos Humanos trasladó la relación de los funcionarios que habían superado el proceso y debían tomar posesión como oficiales.

El alcalde admite, no obstante, que fue él quien firmó el decreto de nombramiento y formalizó la toma de posesión de los siete agentes, entre ellos su hermano. Una intervención que ahora se encuentra bajo el examen de la Secretaría General después de que el propio regidor solicitara un informe para determinar si el vínculo familiar podía constituir una causa legal de abstención y qué consecuencias debía tener sobre las actuaciones administrativas ya realizadas.

El informe municipal, fechado el pasado 23 de octubre y conocido públicamente esta semana, concluye que existió un incumplimiento del deber de abstención por parte del alcalde y advierte de que esa circunstancia puede afectar a la validez del acto administrativo. El secretario también cuestiona que De León asumiera personalmente unas competencias de Recursos Humanos que estaban delegadas en una concejala, así como que el asesoramiento jurídico se solicitara después de la firma del decreto y no antes.

El documento plantea la necesidad de determinar las consecuencias jurídicas mediante el procedimiento de revisión de oficio, una cuestión que afecta al expediente de las siete plazas de oficial y no exclusivamente al nombramiento del hermano del alcalde. La controversia, por tanto, no se limita a las acusaciones políticas cruzadas, sino que tiene abierto un frente administrativo cuya resolución corresponde ahora a los órganos municipales competentes.

En sus declaraciones, De León sostiene que su hermano tiene los mismos derechos profesionales que cualquier otro funcionario y que el hecho de compartir apellidos con el alcalde no puede convertirse en un impedimento para su promoción dentro del cuerpo policial, siempre que haya superado las pruebas y los requisitos establecidos. Recuerda que se trata de un agente con una trayectoria de más de dos décadas y media en la Policía Local de Arrecife y considera que las acusaciones socialistas no solamente afectan a su persona, sino también a la dignidad profesional de su hermano y del resto de funcionarios públicos.

«Aquí no se ha tratado de enchufar a nadie», afirma el alcalde, que defiende haber actuado con transparencia al poner en conocimiento de la Secretaría municipal la posible causa de abstención y solicitar un pronunciamiento jurídico sobre el alcance de su intervención.

El regidor asegura que su intención es garantizar la seguridad jurídica de los siete funcionarios que han accedido a los puestos de oficial y que, si el informe determina que el acto administrativo debe corregirse, se proceda a su revisión y a una nueva toma de posesión por parte de la autoridad que legalmente corresponda. «Habrá que anular el acto administrativo que refiere al nombramiento y lo firmará la persona correspondiente que deba tomar posesión a esos oficiales», explica.

La respuesta del alcalde llega después de que Cristina Duque exigiera su dimisión inmediata y calificara de especialmente grave que hubiera solicitado un informe jurídico una vez firmado el nombramiento. La portavoz socialista llegó a afirmar que era la primera vez que alguien pedía un informe a un secretario municipal para que le explicaran que enchufar a un hermano estaba mal, unas declaraciones que De León considera una falta de respeto hacia un funcionario que, según su versión, obtuvo su puesto en la Policía Local mucho antes de que él llegara a la Alcaldía.

El enfrentamiento político deja así dos planos distintos sobre la mesa. El alcalde niega haber intervenido en la selección de los aspirantes y rechaza cualquier sospecha de favoritismo en la trayectoria profesional de su hermano, mientras que el informe municipal cuestiona expresamente su intervención en la fase administrativa del nombramiento. La resolución de esa discrepancia tendrá que producirse ahora por los cauces jurídicos correspondientes, más allá del ruido político que ha terminado por instalarse en el Ayuntamiento de Arrecife.