España quiere que la Unión Europea disponga de herramientas específicas para responder con mayor rapidez cuando una crisis migratoria desborde las capacidades ordinarias de un Estado miembro. El Gobierno ha trasladado este jueves al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, su respaldo a los cambios legislativos anunciados por Bruselas para agilizar los procedimientos de retorno y protección internacional en situaciones excepcionales como la vivida en Ceuta durante el pasado mes de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, abordaron la situación de la ciudad autónoma con Brunner en Madrid, un encuentro celebrado un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, situara precisamente la crisis de Ceuta entre los episodios que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de la Unión.

Von der Leyen anunció en su discurso sobre el Estado de la Unión la preparación de un nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia que permitiría, bajo criterios previamente definidos, introducir durante un periodo limitado una mayor flexibilidad en determinados procedimientos migratorios. La Comisión plantea esta herramienta para situaciones excepcionales en las que se produzcan movimientos masivos de personas y exista una instrumentalización de la migración.

La presidenta de la Comisión insistió al mismo tiempo en que cualquier nuevo mecanismo deberá mantenerse dentro del respeto a los derechos fundamentales. La propuesta pretende combinar una respuesta más rápida en las fronteras con procedimientos de protección internacional y retorno que sigan sujetos a las garantías previstas por el Derecho europeo.

El mensaje de la Comisión supone un cambio relevante respecto al debate de las últimas semanas. Von der Leyen señaló expresamente que Ceuta es una frontera europea y que la respuesta a la crisis no puede quedar únicamente en manos de España.

La presidenta de la Comisión vinculó esa respuesta al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que comenzó a aplicarse el pasado 12 de junio después de un periodo de preparación de dos años. El nuevo sistema incorpora procedimientos específicos para situaciones de crisis e instrumentalización, además de mecanismos de solidaridad para los Estados miembros sometidos a una presión migratoria desproporcionada.

El planteamiento europeo llega, además, cuando la Unión ya ha acordado nuevas reglas comunes sobre retornos. En junio, Parlamento y Consejo alcanzaron un acuerdo político para crear un sistema europeo de retorno con procedimientos más coordinados y rápidos, reconocimiento mutuo de decisiones de retorno y nuevas herramientas de cooperación con terceros países.

El nuevo marco, sin embargo, mantiene salvaguardas expresas. Las decisiones de retorno deben respetar el principio de no devolución, el derecho de acceso al asilo, la prohibición de las expulsiones colectivas y las garantías específicas para personas vulnerables, incluidos los menores.

El Gobierno español considera que la experiencia de Ceuta demuestra que los mecanismos ordinarios pueden resultar insuficientes cuando se produce una llegada masiva en un periodo muy reducido.

Marlaska explicó a Brunner que España está trabajando para devolver a las personas que entraron irregularmente y que seguirá asumiendo las responsabilidades que le corresponden en materia de protección internacional. El ministro también negó que se estén produciendo movimientos secundarios significativos desde Ceuta hacia la Península y calificó de infundada esa preocupación.

La cuestión tiene una dimensión europea porque la libre circulación dentro de Schengen fue precisamente uno de los argumentos utilizados por Italia para introducir controles relacionados con los posibles desplazamientos desde Ceuta. España respondió posteriormente con medidas similares. El Gobierno pretende ahora que la Comisión traslade a los demás Estados miembros su posición sobre la ausencia de movimientos secundarios desde la ciudad autónoma.

Brunner, por su parte, reiteró el respaldo de la Comisión a España y defendió que quienes hayan entrado y permanezcan ilegalmente sin derecho a permanecer en territorio europeo deben ser retornados, al mismo tiempo que se refuerza la protección de las fronteras exteriores.

La reunión también permitió concretar el respaldo financiero de Bruselas. La Comisión Europea ha aprobado una ayuda extraordinaria de 114,7 millones de euros destinada a reforzar la capacidad de acogida y de primera atención en Ceuta y Melilla y a mejorar la respuesta ante nuevas entradas irregulares.

Entre las actuaciones previstas figuran trabajos en los espigones de Benzú y El Tarajal y la construcción de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en cada una de las dos ciudades autónomas, con una capacidad conjunta de 1.600 plazas.

España quiere además que la situación particular de Ceuta y Melilla quede reflejada en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. El Ejecutivo considera que la presión que soportan ambas ciudades por su condición de fronteras exteriores debe tenerse en cuenta a la hora de distribuir los fondos comunitarios.

La petición introduce así una cuestión que también resulta especialmente relevante para Canarias: cómo se reparte entre los Estados y los territorios fronterizos el coste de gestionar una frontera que, aunque físicamente se encuentre en un territorio concreto, forma parte del espacio exterior de toda la Unión.

La respuesta europea no se limita a la financiación. España ha confirmado también la continuidad de la cooperación con Frontex, cuya Operación Minerva se ha prolongado hasta finales de diciembre, mientras que Europol ha desplegado en Ceuta un representante del Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Interior asegura que la cooperación con la agencia europea está permitiendo mejorar el seguimiento de las redes dedicadas al tráfico de personas y el análisis de la actividad relacionada con estas organizaciones en las redes sociales.

El objetivo es actuar no solo cuando las embarcaciones o los grupos de migrantes ya se encuentran en la frontera, sino también sobre las redes que organizan los desplazamientos y sobre la información que utilizan para facilitar las salidas.

La evolución del debate europeo tiene una lectura evidente para Canarias. El Archipiélago lleva años reclamando que la gestión de las llegadas irregulares no recaiga únicamente sobre las comunidades y territorios situados en primera línea y que exista una respuesta europea más sólida para la acogida, la atención a los menores y los retornos.

La nueva arquitectura europea pretende precisamente repartir responsabilidades. El Pacto de Migración y Asilo establece mecanismos de solidaridad para los Estados sometidos a una presión desproporcionada y contempla procedimientos específicos para situaciones de crisis o instrumentalización.

La diferencia ahora es que Bruselas ha situado una crisis concreta —la de Ceuta— en el centro de esa discusión. Y lo ha hecho apenas tres meses después de la entrada en vigor del nuevo sistema europeo.

Para Canarias, donde la presión migratoria se desarrolla principalmente por vía marítima y en una ruta con enormes distancias entre los puntos de salida y las islas, el debate tiene una consecuencia que va más allá de Ceuta. Si la Unión Europea crea finalmente un mecanismo de emergencia capaz de acelerar determinados procedimientos cuando se produzcan llegadas masivas, habrá que determinar también cómo se aplicará en las otras fronteras exteriores y qué recursos acompañarán a los territorios que tengan que gestionar esas crisis.

Ceuta ha vuelto a colocar la frontera sur en el centro de Europa. Canarias lleva años recordando que esa frontera también pasa por sus costas.