La tragedia ferroviaria de Urda, en la provincia de Toledo, ha terminado provocando también una crisis política en el Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes su dimisión al término de una larga y tensa comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, donde había acudido para explicar las circunstancias del accidente que el pasado 28 de octubre dejó 69 personas fallecidas y más de 200 heridas.

Puente comunicó su decisión al presidente del Gobierno apenas unos minutos antes de hacerla pública en la Cámara Baja, después de una intervención que se prolongó durante más de cuatro horas y en la que tuvo que responder a las preguntas y reproches de los distintos grupos parlamentarios. El ministro justificó su salida por una cuestión de responsabilidad y dignidad política, al considerar que no podía continuar al frente de Transportes después de dos graves accidentes ferroviarios en menos de un año. También anunció que renuncia a encabezar la candidatura socialista por Valladolid en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

La dimisión llega después de varios días de presión política y de las reclamaciones de la oposición y de algunos de los propios socios parlamentarios del Ejecutivo. El Partido Popular había exigido su salida desde el primer momento, mientras que formaciones como Sumar, el PNV y Podemos también habían reclamado responsabilidades políticas. Tras conocerse la decisión, el PP consideró que la renuncia era insuficiente y desplazó el foco de sus críticas hacia Pedro Sánchez, al que atribuye la responsabilidad última por la gestión del Ministerio.

Mientras el debate político se trasladaba al Congreso, la investigación técnica y judicial continúa tratando de reconstruir lo ocurrido en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España. El informe preliminar de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios sitúa la colisión a las 8.53 horas del miércoles 28 de octubre, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la entrada de la estación de Urda.

El tren Iryo 6076, que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla con 147 pasajeros y cinco tripulantes, permanecía detenido ante una señal de entrada a la estación cuando fue alcanzado por detrás por un tren AVE de Renfe, que transportaba a 379 pasajeros y siete miembros de la tripulación. La velocidad del impacto se estima inicialmente entre 160 y 200 kilómetros por hora, aunque los investigadores advierten de que será necesario examinar los registradores de datos para confirmar ese extremo.

La violencia del choque provocó que varios coches de ambos convoyes descarrilaran y cayeran por un terraplén, mientras que parte de las estructuras quedaron deformadas por el impacto. La magnitud de los daños obligó a desplegar durante varios días un amplio dispositivo de emergencias, rescate, identificación de víctimas y retirada de los restos ferroviarios.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el fallo del sistema de seguridad LZB, registrado a las 8.31 horas, unos 22 minutos antes de la colisión. Tras esa avería, los trenes continuaron operando bajo un procedimiento alternativo de señalización y bloqueo de vía que obligaba al centro de regulación y control de Adif y a los operadores ferroviarios a intercambiar instrucciones por teléfono.

El informe técnico describe una cadena de fallos, órdenes y actuaciones que habría desembocado en la colisión y apunta a que las medidas destinadas a evitar el accidente no funcionaron como debían. Sin embargo, la investigación permanece en una fase inicial y mantiene abiertas todas las hipótesis, por lo que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las responsabilidades técnicas u operativas del siniestro.

Los registradores de datos de los trenes permanecen bajo custodia de la Guardia Civil y deberán ser analizados para reconstruir las comunicaciones, las órdenes transmitidas desde el centro de control y las actuaciones de los maquinistas. La investigación judicial se desarrolla bajo la dirección del juzgado de Orgaz, mientras los especialistas examinan también el funcionamiento de los sistemas de seguridad y las condiciones en las que se gestionó la circulación ferroviaria después de la avería.

La retirada de los últimos vagones de la zona del accidente permitió completar este lunes una de las principales fases de los trabajos sobre el terreno. Los restos serán trasladados a una ubicación determinada por la autoridad judicial para facilitar su análisis, mientras la jueza ha reclamado más medios para acelerar las tareas de investigación y recuperación de posibles restos biológicos.

El balance provisional se mantiene en 69 víctimas mortales y más de 200 heridos. En los hospitales de Castilla-La Mancha permanecen ingresadas 29 personas, nueve de ellas en unidades de cuidados intensivos, según los últimos datos difundidos por el Gobierno autonómico. El conjunto de los afectados que todavía necesitan atención hospitalaria ronda las cuatro decenas.

En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de ayudas de 30 millones de euros destinado a las familias de los fallecidos y a los supervivientes. Las medidas contemplan anticipos de las indemnizaciones, el incremento de las coberturas de los seguros obligatorios de viajeros y un régimen específico de incapacidad temporal para las personas afectadas.

El Ejecutivo también ha anunciado un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria, que incluye una reducción de las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla y la obligación de que un segundo controlador de Adif valide las órdenes cuando se produzca una caída del sistema LZB con los trenes en circulación.

La dimisión de Puente abre ahora una nueva etapa en el Ministerio de Transportes, pero no cierra las preguntas que siguen pendientes desde aquella mañana de octubre en Urda. La investigación tendrá que determinar cómo un tren detenido pudo quedar expuesto al impacto de otro convoy que circulaba por la misma vía, qué decisiones se adoptaron desde el centro de control y por qué los mecanismos de seguridad previstos para una situación de emergencia no consiguieron impedir la colisión.