La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha abierto formalmente una campaña que llevaba meses desarrollándose en el Parlamento, en las calles y en las redes sociales. Pedro Sánchez presentó este lunes el adelanto electoral como una petición de confianza a los españoles para ampliar la mayoría progresista, y pocas horas después Cayetana Álvarez de Toledo respondió con un mensaje en el que reunió sesenta acusaciones contra el presidente del Gobierno y convirtió el final de la legislatura en un ajuste de cuentas político con los años de Sánchez en La Moncloa.
«Españoles, ¡a las urnas! 29 de noviembre: contra la indecencia», escribió la diputada del Partido Popular en X, antes de desplegar una relación que recorre prácticamente todos los asuntos que han marcado la política española desde la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno. La lista comienza con los cambios de posición del presidente respecto a cuestiones fundamentales de su política y termina atribuyéndole la responsabilidad de haber «destrozado al PSOE», pasando por la amnistía, los pactos parlamentarios, la política territorial, la justicia, la corrupción, la vivienda, la economía, la inmigración, los servicios públicos y la política exterior.
El mensaje funciona así como una primera respuesta de la oposición al discurso con el que Sánchez ha abierto la campaña. Mientras el presidente ha defendido los resultados de sus gobiernos y ha pedido una mayoría más amplia para continuar su proyecto, Álvarez de Toledo ha planteado las elecciones como una oportunidad para que los ciudadanos hagan balance de una legislatura que, a su juicio, ha estado marcada por el deterioro institucional y por una utilización del poder orientada fundamentalmente a garantizar la continuidad del Ejecutivo.
Uno de los primeros bloques de su relación se refiere precisamente a los acuerdos que permitieron a Sánchez ser investido en 2023. La diputada popular recuerda sus cambios de posición sobre los independentistas catalanes, los indultos concedidos a los condenados por el procés, la eliminación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, y vincula esas decisiones con la Ley de Amnistía aprobada posteriormente por las Cortes.
La amnistía constituye uno de los principales puntos de confrontación política entre el Gobierno y el Partido Popular desde el comienzo de la legislatura. El Tribunal Constitucional avaló en 2025 la mayor parte de la ley, aunque declaró inconstitucionales algunos de sus extremos, por lo que la norma continúa vigente con las modificaciones derivadas de aquella sentencia. Álvarez de Toledo la presenta como una de las principales concesiones realizadas por Sánchez para conservar su mayoría parlamentaria.
En la misma línea sitúa sus referencias a EH Bildu y a los acuerdos parlamentarios alcanzados durante la legislatura. La diputada acusa al presidente de haber convertido a la formación abertzale en un socio político normalizado y menciona expresamente el acuerdo que permitió a Joseba Asiron recuperar la Alcaldía de Pamplona en diciembre de 2023. EH Bildu ha sido, además, uno de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo en numerosas votaciones durante estos tres años.
Otro de los grandes apartados del mensaje se centra en las instituciones y en la relación entre el Gobierno y la Justicia. Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de haber «colonizado» las instituciones, de haber intentado reducir la independencia judicial y de haber atacado a los jueces y a los medios de comunicación que han investigado o cuestionado a miembros de su entorno. Son acusaciones políticas que forman parte del discurso habitual del Partido Popular, aunque algunas de las cuestiones que menciona tienen también una dimensión judicial concreta.
Es el caso del que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados. La sentencia le impuso dos años de inhabilitación, una multa y una indemnización, y posteriormente el propio Supremo rechazó anular la condena. El caso se ha convertido en uno de los principales argumentos de la oposición contra la política institucional del Gobierno, aunque la condena se refiere a la actuación concreta del fiscal general y no establece responsabilidad penal alguna para el presidente del Ejecutivo.
Álvarez de Toledo incorpora también a su relación los procedimientos judiciales que han afectado a personas del entorno de Sánchez. Recuerda la condena de su hermano David Sánchez por prevaricación administrativa, aunque esa sentencia no es firme y el tribunal lo absolvió del delito de tráfico de influencias. Incluye asimismo a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos relacionados con la investigación judicial de la denominada trama Koldo. En este último caso es especialmente importante distinguir entre investigación y condena, ya que el procedimiento contra Cerdán continúa abierto y no existe una sentencia firme que establezca su culpabilidad.
El mismo criterio debe aplicarse a las referencias que hace a Begoña Gómez. La esposa del presidente se encuentra investigada judicialmente en una causa que ha generado una intensa controversia política, pero la existencia de una investigación no equivale a una condena ni permite presentar como probados hechos que todavía están siendo examinados por los tribunales.
La diputada popular utiliza también la cuestión de la vivienda para reprochar al Gobierno que, después de varios años anunciando medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda asequible, los alquileres continúen siendo inaccesibles para una parte importante de los ciudadanos. La acusación adquiere especial relevancia porque llega precisamente el día en que Sánchez ha anunciado las elecciones después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda presentados por su Ejecutivo.
Las medidas rechazadas incluían mecanismos de protección para los inquilinos, prórrogas de determinados contratos y límites a las actualizaciones de las rentas. El Gobierno considera que estas medidas respondían a una emergencia social; sus detractores sostienen que una regulación excesivamente restrictiva puede reducir todavía más la oferta de viviendas disponibles para alquilar.
La experiencia argentina forma parte de los argumentos utilizados en este debate. La Ley de Alquileres aprobada en Argentina en 2020 estableció contratos de tres años y un sistema de actualización anual de las rentas. Durante su vigencia se produjo una fuerte reducción de la oferta de viviendas en alquiler en el área metropolitana de Buenos Aires. Tras la derogación de la norma por el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, la oferta aumentó con rapidez. Un informe de la Unidad de Evaluación de Impacto del Gobierno argentino cifró el incremento entre diciembre de 2023 y junio de 2024 en un 211,9 %, mientras que los precios reales de los alquileres habían descendido un 26,6 % durante ese periodo.
El caso argentino no permite trasladar automáticamente sus resultados al mercado español, pero sí introduce una variable que tendrá que formar parte del debate electoral: la protección del inquilino puede mejorar las condiciones de quienes ya tienen un contrato, pero si las medidas reducen los incentivos para ofrecer nuevas viviendas en alquiler pueden terminar agravando el problema de quienes todavía están buscando una. La discusión sobre los precios, por tanto, estará inevitablemente ligada a la construcción de vivienda, la disponibilidad de suelo, las licencias urbanísticas y la ampliación del parque público.
El mensaje de Álvarez de Toledo también dedica un amplio espacio a la economía. Acusa al Gobierno de haber aumentado la presión fiscal, incrementado la deuda pública, empobrecido a los españoles y deteriorado los servicios públicos. En este terreno, buena parte de las expresiones utilizadas son valoraciones políticas y no hechos susceptibles de ser presentados de manera tan categórica. La evolución de la presión fiscal, la deuda, los salarios, el empleo o el gasto público puede medirse mediante estadísticas, pero calificarlos como un «infierno fiscal» o afirmar que el Gobierno ha «empobrecido a los españoles» pertenece al terreno de la confrontación electoral.
La inmigración ocupa también un lugar destacado. Álvarez de Toledo reprocha al Ejecutivo el control de las fronteras y la aprobación de una regularización extraordinaria de extranjeros. La iniciativa para regularizar a cientos de miles de inmigrantes comenzó su tramitación parlamentaria con un amplio respaldo de la Cámara, aunque posteriormente el debate sobre su alcance y aplicación se convirtió en otro de los puntos de enfrentamiento entre los partidos.
En política exterior, la diputada recupera algunos de los episodios que más desgaste han producido al Gobierno entre sus adversarios, como la entrada de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, el cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental y las relaciones con Venezuela. También cuestiona la política desarrollada hacia Marruecos y las consecuencias diplomáticas de algunas decisiones adoptadas durante estos años.
El bloque dedicado a la gestión incluye asimismo referencias a la DANA de Valencia, al sistema ferroviario y al apagón eléctrico de abril de 2025. En este último caso, la formulación utilizada por Álvarez de Toledo, que atribuye el apagón al «dogmatismo» energético del Gobierno, constituye una valoración política que no puede confundirse con una conclusión técnica. Las investigaciones realizadas sobre el apagón han señalado un conjunto de factores relacionados con el funcionamiento del sistema eléctrico, sin establecer como hecho probado que una decisión política concreta del Ejecutivo fuese la causa directa del colapso.
Lo mismo sucede con el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 fallecidos y ha generado una investigación sobre las condiciones de la infraestructura y los sistemas de seguridad. La responsabilidad política del Gobierno constituye un asunto de debate parlamentario y electoral, mientras que la determinación de las responsabilidades técnicas y penales corresponde a los procedimientos de investigación abiertos.
El mensaje de Álvarez de Toledo termina regresando al terreno estrictamente político. Después de atribuir a Sánchez sesenta decisiones o comportamientos que considera constitutivos de una degradación de la vida pública, concluye acusándole de haber «hundido a la izquierda» y «destrozado al PSOE».
La elección de esas dos últimas acusaciones no es casual. El Partido Popular necesita derrotar electoralmente a Sánchez, pero también aspira a que una parte del electorado socialista considere agotado el proyecto político que el actual presidente ha dirigido durante los últimos años. La estrategia pasa por presentar al líder socialista como alguien que ha utilizado los cambios de posición, los acuerdos parlamentarios y la confrontación política para mantenerse en el poder a costa de las tradicionales referencias del socialismo español.
Sánchez ha elegido una estrategia diferente para estas elecciones. En su comparecencia de este lunes ha reivindicado los avances económicos y sociales de sus gobiernos y ha pedido a los ciudadanos una mayoría progresista más amplia para continuar su proyecto. La vivienda, las políticas sociales, el crecimiento económico y la defensa de los servicios públicos serán previsiblemente algunos de los argumentos con los que el PSOE intentará movilizar a sus votantes.
El mensaje de Álvarez de Toledo permite anticipar cuál será la respuesta de una parte del Partido Popular. La campaña no se limitará a discutir sobre la vivienda o la economía, sino que intentará convertir los últimos años de Gobierno en un juicio político sobre las decisiones adoptadas por Sánchez para construir y conservar sus mayorías parlamentarias.
La diferencia respecto a otras campañas será que buena parte de esas decisiones ya no podrán ser discutidas únicamente en términos de promesas futuras. La amnistía, los pactos parlamentarios, las reformas penales, la política territorial, la gestión económica y las actuaciones de miembros del entorno presidencial forman parte de un balance que los partidos intentarán presentar ante los ciudadanos desde perspectivas completamente opuestas.
El 29 de noviembre será, en ese sentido, algo más que una elección entre dos programas. Para el PSOE será la oportunidad de pedir una nueva mayoría que permita a Sánchez continuar el proyecto iniciado en 2018; para el PP y Vox, la ocasión de cerrar el ciclo socialista y abrir una nueva etapa política. Y mensajes como el de Cayetana Álvarez de Toledo muestran que la batalla electoral acaba de comenzar con una pregunta que difícilmente podrá evitarse durante las próximas semanas: qué balance hacen los españoles de los años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.